A los problemas que amenazan una apertura normalizada del curso por la falta de los docentes necesarios con la capacitación del valenciano, se suma otro peligro que apuntan desde la federación de enseñanza de UGT. «Más de 500 vacantes llevarán el requisito del inglés, y hay que recordar que menos del 3% de todo el profesorado está capacitado en la Comunidad para impartir docencia en lengua extranjera», señala Javier González Zurita.

El 80% de estas plazas se concentran en la Educación Infantil, hasta 410 del total de vacantes. «Desde UGT cuestionamos que se vayan a poder ocupar con el perfil lingüístico que se exige, dado que no tenemos profesorado preparado para ocuparlas». González Zurita añade que si se mantiene la convocatoria tal cual se generará una grave disfunción en el sistema educativo el curso que viene: «Habrá docentes sin trabajo y puestos de trabajo sin ocupar».

El panorama es similar, pues, al que pinta CC OO con respecto a la exigencia del valenciano, que también comparten desde UGT y para lo que este sindicato sugiere «medidas extraordinarias».

Con respecto al nivel de inglés proponen a Educación «un giro en esta decisión y reducir el número de vacantes propuesto con perfil lingüístico en inglés».

También la central sindical CSI.F muestra su disconformidad porque la Administración haya decidido catalogar en inglés, con la acreditación de B2, la mayor parte de plazas ofertadas en Infantil «para adjudicar al personal suprimido y desplazado». Y sobre la capacitaciò exige a su vez que «todos los docentes desplazados, reingresados o con plazas suprimidas, puedan concursar para optar a vacantes tanto en zonas valencianoparlantes como castellanohablantes de cara al próximo curso escolar».

UGT por su parte, exige «que se permita seguir trabajando al colectivo de maestros y profesores sin la capacitaciò con una excepcionalidad en la exigencia de este requisito lingüístico, acreditando un mínimo de cinco años de servicios». La mayor preocupación de esta federación se centra en los docentes con más de 50 años de edad, «muchos de ellos con 30 años de servicios que se ven abocados al paro. Difícilmente van a encontrar otro empleo o su reclasificación profesional, y por esta decisión no van a tener la oportunidad de culminar su carrera profesional dignamente y con los derechos de jubilación».