El PSOE cifra en 4.500 las familias alicantinas que durante el invierno no podrán hacer frente a las facturas de gas y electricidad por estar en riesgo de pobreza energética, al destinar más del 10% de su renta a pagar estos recibos. Así lo aseguró la portavoz socialista sobre Medio Ambiente en el Congreso de los Diputados, Pilar Lucio, durante una comparecencia realizada ayer en la sede del grupo municipal socialista para anunciar la presentación de una iniciativa en el pleno de noviembre para instar al Gobierno a una modificación legal que permita que las tarifas se establezcan en función de los ingresos de las familias.
«El Gobierno ha hecho una reforma eléctrica injusta porque la factura final se reduce para quienes más consumen, pero no a los que menos lo hacen y entre los que se encuentran las familias en situación de vulnerabilidad», esgrimió Lucio. La diputada añadió que 2.500 familias alicantinas han dejado de ser beneficiarias del bono social para el pago de las facturas energéticas. Pilar Lucio explicó que se han presentado mociones similares en otros municipios y aseguró que, en algún caso han sido apoyadas por el PP.
Por su parte, el portavoz de EU, Miguel Ángel Pavón, lamentó que hayan pasado «ocho meses sin que tengamos noticia alguna sobre el plan municipal contra la pobreza energética que propusimos y que en principio Antonio Ardid (concejal de Acción Social) aceptó realizar».
