Lo que comenzó como la hermana pequeña de las cinco piezas que por la gestión de la CAM se están instruyendo en la Audiencia Nacional, como un asunto menor que iba a quedar resuelto en un santiamén (teniendo en cuenta que el pago de unas dietas de 300.000 euros anuales al último presidente de la entidad, y el primero que cobraba, Modesto Crespo, ya se abordó en la causa principal) se ha transformado en apenas dos semanas de comparecencias en la causa que va a colocar delante del juez, y en calidad de imputado, nada menos que a quien fuera asesor jurídico de la caja de ahorros, Juan Martínez-Abarca, el fedatario de que se ajustara a la legalidad la gestión de una entidad a estas alturas algo más que bajo sospecha.
Los dieciocho miembros del consejo de administración de la CAM que a lo largo de siete sesiones han desfilado ante el magistrado Javier Gómez Bermúdez han hecho mucho más que mostrar las discrepancias que ya existirían, pero camufladas bajo la pátina de los tiempos de la abundancia y de una camaradería coyuntural, y que no han tardado en aflorar cuando los consejeros, imputados todos ellos por haber dado luz verde a los pagos al empresario ilicitano, han comprendido lo que se jugaban. Sus testimonios, con brechas tan significativas como la que separa la declaración del secretario del consejo José Forner y, con menor contundencia, las del vicepresidente Antonio Gil-Terrón y el consejero Martín Sevilla (los únicos que han mantenido que las cuotas se aprobaron en el consejo) de las del resto de sus compañeros (que aseguran que la propuesta ni se llevó a la reunión), colocan en una situación muy delicada a Martínez-Abarca. El jurista tendrá que explicar el viernes al magistrado cómo es posible que conste en acta un acuerdo del que la mayoría asegura que «se coció entre cuatro» y «de puertas para adentro». Eso además de las pistas que estas testificales han aportado acerca del modus operandi de los gestores de la caja y que explican por sí solas por qué la que fue la cuarta del país hoy es sólo historia.
Pero han sido también unas declaraciones en las que por primera vez desde que la Audiencia Nacional comenzó a investigar la gestión de entidad se ha huido de eufemismos (aunque haya habido quien, como Martín Sevilla, echara mano de ellos para explicar lo inexplicable). Así, se han podido escuchar en sede judicial afirmaciones como que el acta del consejo que aprobó engordar el patrimonio de Crespo fue falsificada. O que el empresario ilicitano cobró por no hacer absolutamente nada. Es decir, lo que se sabía, pero dicho delante de un juez. Y, en el caso de Alfonso Rodríguez Rabadán, administrador único de la participada a través de la que se pagaba al presidente, con una convicción tal que dejó boquiabiertos a los presentes, además de convertirle en firme candidato a testigo de cargo.
Ratificaron que al consejo se le hurtó la posibilidad de pronunciarse sobre este tema incluso aquellos consejeros que valoraron aprovechar la opción de faltar a la verdad, que les daba su condición de imputados, para no dejar a Crespo en un trance más que complicado de cara a su comparecencia del jueves ante Gómez Bermúdez. Que cada uno salve sus trastos como pueda, debieron pensar.
Una vez concluya la instrucción, que no se presume larga, queda por ver si triunfa la idea de que sólo al autor intelectual de estos pagos, Roberto López Abad, al beneficiario de los mismos y a sus colaboradores más cercanos (Forner, Martínez-Abarca y quién sabe si se sumará algún nombre más) se les puedan pedir responsabilidades penales por una decisión cuanto menos cuestionable o si, por el contrario, se opta por seguir con las actuaciones contra todos los consejeros que, aunque sea cierto que del acuerdo se enteraron después de consumado, no lo es menos que lo aprobaron y que, pudiendo informarse de a qué le daban su apoyo, no lo hicieron.
