La abogacía del Ayuntamiento de Alicante ha defendido esta mañana en sede judicial el procedimiento administrativo llevado a cabo por el tripartito de Alicante para cambiar el nombre de unas cuarenta calles franquistas de la ciudad en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

Ante la titular del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4, la abogada municipal ha criticado con dureza a los populares por no presentar "pruebas" ni "informes técnicos" que defiendan la denuncia presentada contra el cambio de calles aprobado en Junta de Gobierno en noviembre de 2016.

"El demandante ha tenido tres momentos para aportar pruebas frente a lo manifestado por el Ayuntamiento y no lo ha hecho", ha señalado la abogada municipal, Ana Barrachina, quien ha intentado desmotar uno a uno los siete motivos de ilegalidad defendidos previamente por el representante legal del PP, Manuel Villar.

A la vista pública celebrada esta mañana en los Juzgados de Benalúa han acudido como oyentes los concejales de Estadística, Daniel Simón (Guanyar), y Memoria Histórica, María José Espuch (Compromís), quienes al término del acto se han mostrado satisfechos con la defensa del procedimiento realizado por la abogacía del Ayuntamiento.

"Hoy vemos más cerca el fin del homenaje al fascismo en las calles de Alicante", ha manifestado Simón, mientras que Espuch ha destacado las "buenas sensaciones" de hoy, que ha contrapuesto a la situación vivida el pasado mes de marzo con la reposición de las placas fascistas ordenada por el juzgado tras la petición del PP de la suspensión cautelar del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno. "Hoy salimos con muy buenas sanciones, con una sonrisa, mientras que ese día acabé llorando de rabia", ha apuntado la edil de Memoria Histórica.

El acto judicial de hoy ha arrancado con la exposición del abogado del PP, quien ha basado su argumentación en siete aspectos que, a su juicio, son motivos de ilegalidad del cambio de calles acordado por el tripartito en Junta de Gobierno e impulsado por una comisión aprobada por el pleno municipal.

El abogado ha insistido en que el acuerdo "es nulo" porque se tenía que haber aprobado en pleno y no en Junta de Gobierno, en que la propuesta de la comisión "incumple todos y cada uno de los fines de la ley de Memoria Histórica y en que la citada comisión "aprovechó" para "cambiar calles no afectadas" por la citada ley.

Además, el abogado del PP también ha puesto sobre la mesa la "inexistencia de acreditación documental a la hora de considerar que determinadas personas, como Calvo Sotelo, están afectadas por la Ley de Memoria Histórica" o la "arbitrariedad" al mantener el nombre de personas que "también intervinieron en el bando franquista". Por último, los populares han alegado que la comisión aprobada por el pleno no tenía "competencias" para "instar nombres a las calles que se sustituyesen", además de subrayar la presunta "falta de participación".

Por su parte, la defensa del Ayuntamiento, representada en la abogada Ana Barrachina, ha criticado al inicio de su intervención que el representante legal de la parte demandante, el PP, no haya intentado "demostrar" los "motivos de anulabilidad" del procedimiento impulsado por el tripartito para cambiar el nombre de unas cuarenta vías franquistas del callejero de Alicante.

El Ayuntamiento, a través de su abogada, ha defendido la intervención de "expertos universitarios" en la comisión en la que se decidieron las vías que debían perder su nombre por incumplir la Ley de Memoria Histórica. "Los cuatro expertos estuvieron de acuerdo.

En la demanda del PP no se dice nada de los expertos, como si no hubieran existido", ha remarcado la abogada municipal, quien ha afeado que los populares no hayan presentado "contrainformes" para defender su argumentación contraria a la defendida por el tripartito.

El Ayuntamiento, por su parte, también ha insistido hoy en que al acuerdo de la Junta de Gobierno de noviembre de 2016 se ajusta a la ordenanza, aprobada por el PP en el año 2009, según la cual el cambio de nombre de calles en Alicante es competencia de la Junta de Gobierno, y no del pleno como defiende el grupo municipal del PP.

"Ningún acto administrativo [en alusión a la moción que impulsó la comisión] puede quitar esas competencias ni modificar una ordenanza. No hay nulidad de pleno derecho porque el órgano competente es la Junta de Gobierno", ha insistido la abogada del Ayuntamiento, quien ha negado que el proceso de cambio de calles faltase "participación", al recordar que en la comisión estaban representadas las juntas de distrito.

Al final de su intervención, la abogada municipal ha pedido que se desestime el recurso y que las costas del procedimiento judicial recaigan sobre el PP, además ha subrayado que, en caso de que la resolución no sea favorable para el Ayuntamiento, el procedimiento sólo se declare nulo para las calles referidas a las personas que, según el demandante, no concurren en los supuestos recogidos por la Ley de Memoria Histórica (sublevación militar, Guerra Civil o represión franquista): Calvo Sotelo, General Primo de Rivera, Manuel Senante, Martínez Velasco, Ruiz de Alda y Vázquez de Mella.

Un hora después de que concluyese la vista judicial, el portavoz municipal del PP, Luis Barcala, ha defendido la postura de su grupo de llevar a los tribunales al tripartito por su "intransigencia" a la hora de aplicar la Ley de Memoria Histórica. "Queremos que desaparezcan las calles que infrinjan la ley, pero a través del diálogo que nos ha negado el tripartito. El hecho de que el propio Ayuntamiento haya planteado la posibilidad de aceptar parte de nuestras peticiones implica que no íbamos desencaminados", ha concluido Barcala a través de un comunicado de prensa.