La incertidumbre que ha generado el proceso emprendido por la Generalitat catalana para proclamar la independencia de esta autonomía y, en concreto, la convocatoria del referéndum de hoy, empiezan a pasar factura a la situación económica. Aunque, de momento, ninguno de ellos considera que haya motivos de alarma, lo cierto es que la preocupación va en aumento entre los empresarios alicantinos, sobre todo ante el deterioro que la crisis ha provocado en la imagen de España en el exterior y la inestabilidad que se transmite, que empieza ya a frenar algunos proyectos de inversión, según las fuentes consultadas.

Unas dudas entre los inversores que se suman al temor de los productores locales a perder uno de sus principales clientes dentro del mercado nacional, con unas ventas medias de más de 630 millones de euros entre los años 2010 y 2014, según los datos del Proyecto C-Intereg del Centro de Predicción Económica (Ceprede), con picos que han llegado a alcanzar los mil millones en algunos ejercicios. Una cifra, en cualquier caso, que supera a las exportaciones que realiza la provincia a cualquier país europeo o de otra parte del mundo, con la excepción de Francia y Alemania.

«El dinero quiere seguridad y, si no la encuentra, se va a otro sitio. Los que trabajamos con inversores y fondos internacionales ya lo notamos. Están dejando en 'stand by' muchos proyectos a la espera de lo que ocurra este domingo, también en la provincia. Habrá que ver si luego todo eso se recupera», se lamenta el presidente de Cepyme Alicante, Cristóbal Navarro, quien confía en que no llegue a producirse la ruptura entre Cataluña y España, porque «el impacto sería catastrófico».

También el máximo responsable de la Cámara de Comercio de Alicante, Juan Riera, expresa su preocupación porque se pueda «romper» un sistema que «ha funcionado correctamente» durante 40 años. Y recuerda que el Banco de España y algunas de las principales consultoras y despachos de abogados han alertado sobre las consecuencias del referéndum y una posible declaración de independencia. «Es evidente que hay inversiones que se están perdiendo y algunas que se están frenando. Esta situación repercute no sólo en la economía de Cataluña sino en la de toda España», asegura a este diario.

Compra de viviendas

Por fortuna, eso sí, de momento las consecuencias aún no se notan a pie de calle ni afectan, por ejemplo, a las compras de segundas residencias por parte de ciudadanos europeos, que se han convertido en el gran motor del sector inmobiliario alicantino, según apunta el presidente de la patronal provincial Coepa, Francisco Gómez. «La mayoría ni siquiera pregunta», asegura. Aún así, el también presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante reconoce que, en términos generales, la situación catalana «produce inquietud» entre el empresariado provincial que, eso sí, de momento, no parece tener prisa por adoptar ninguna medida en previsión de una posible ruptura. Así, ninguna de las grandes consultoras con las que ha contactado este diario ha recibido todavía el encargo de elaborar algún plan de contingencia ante la posible pérdida de negocio que supondría la marcha catalana o para evaluar las necesidades que supondría seguir operando en una Cataluña independiente, convertida, por tanto, en un mercado extranjero.

En el terreno más mundano, la principal duda que han planteado los ciudadanos a los profesionales es qué ocurrirá con el dinero depositado en las entidades con sede en Barcelona, tal y como reconoce el presidente del Colegio de Economistas de Alicante, Francisco Menargues. «Al final todo va a depender de cómo se resuelva esta situación y de lo que se prolongue. Si se mantiene la incertidumbre mucho tiempo acabará afectando al crecimiento», señala el experto.

Ruptura o negociación

En cuanto a las consecuencias de una hipotética independencia catalana, el director del Instituto de Economía Internacional de la UA, Antonio Escudero, señala que éstas serían muy diferentes dependiendo de si la salida fuera negociada o si se produjera una ruptura total, que conllevara el fin de cualquier intercambio. «De producirse algo tan drástico y poco realista como la interrupción de los flujos comerciales, la repercusión sería muy negativa para ambos», asegura el catedrático.

Y es que, si Alicante y el conjunto de la Comunidad Valenciana tienen en Cataluña uno de sus mayores mercados, a la inversa los flujos son aún más importantes. De esta forma, si los empresarios alicantinos vendieron una media de 630 millones de euros anuales en la autonomía vecina en el periodo entre 2010 y 2014, las «importaciones» de productos catalanes en la provincia alcanzaron los 906 millones de euros anuales, según el Ceprede. Es decir, que Alicante tendría un déficit comercial de unos 276 millones de euros al año con Cataluña. Una situación que se repite si se mira el conjunto de relaciones de la provincia con otras regiones españolas ya que, frente a unas ventas de 4.918 millones anuales en el resto del país, los alicantinos consumen productos de otras comunidades por valor de 6.073 millones.

Aún más intensos son los lazos comerciales entre Cataluña y el conjunto de la Comunidad. Para los empresarios valencianos, la autonomía vecina es su segundo mercado nacional, sólo por detrás de Madrid, con un volumen de facturación de 3.403 millones en el año 2016. Por su parte, la Comunidad también supone el segundo mayor cliente de los fabricantes catalanes en el mercado interior, con 5.010 millones en el citado ejercicio, según el Ceprede. Eso sí, estas relaciones se han debilitado algo en las últimas década ya que, si en el año 2000 la cuota de mercado que suponía Cataluña para los fabricantes valencianos era del 25,1%, en 2014 se había reducido hasta el 16,9%, según la información aportada por la Cámara de Comercio de Alicante.

Salida natural a las exportaciones

En cualquier caso, más allá de los intercambios comerciales, la independencia catalana plantearía otras muchas incógnitas, como el estatus que tendrían los trabajadores desplazados de uno y otro lado -Barcelona es uno de los principales destinos de emigración laboral de los alicantinos-; las repercusiones en el sostenimiento de la Seguridad Social o las consecuencias para la financiación autonómica. Además, en clave provincial, supondría una nueva frontera en el camino que recorren la mayoría de las exportaciones alicantinas y también pondría en cuestión la realización del Corredor Mediterráneo.

Del mismo modo, otra de las consecuencias previsibles de la independencia catalana sería la deslocalización de empresas, algo que ya se ha empezado a producir en los últimos años. Así, por ejemplo, sólo en 2016 cambiaron su domicilio social desde Cataluña a la Comunidad Valenciana 98 sociedades frente a las 71 que realizaron el camino contrario, según los datos de la agencia de rating Axesor.