La diputada de Ciudadanos por Alicante, Marta Martín, no ha logrado el apoyo que pretendía ni del PP ni del PSOE en su intención por "combatir el adoctrinamiento en las aulas en Cataluña", y extender la medida a la Comunidad Valenciana y Baleares.
El PP se ha abstenido y tanto el PSOE como Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea han votado en contra.
Ciudadanos no ha aceptado una enmienda del PP para "reforzar las competencias de la Alta Inspección Educativa para perseguir con diligencia los delitos de odio cuya víctima son los menores de centros educativos", por considerar que "descafeina" su propuesta que busca "proteger a los menores".
El voto del PP' era decisivo en esta ocasión porque, como informa Efe, al no estar presentes en el Pleno los nueve diputados de ERC, la moción podía haber salido adelante con ese apoyo.
El antecedente de esta propuesta fue una interpelación del diputado Toni Cantó al ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, para que se pidieran inspecciones en los centros e informes sobre los contenidos curriculare con la garantía de los derechos e igualdad de los alumnos, sobre todo en materia lingüística.
Ciudadanos opina que en la Comunidad "está comenzando un proceso similar" al catalán, tras la reclamación también de la Federación Provincial de padres de Alumnos, Gabriel Miró, sobre la retirada de centros de la Vega Baja de una agenda escolar con un mapa de los "paísos catalans" desde la Borgoña francesa al Pilar de la Horadada, en Alicante.
La moción de Ciudadanos pretendía la "neutralidad ideológica y política de los centros docentes" y exigir "responsabilidades disciplinarias a directores y profesores por la realización de actuaciones de adoctrinamiento del odio nacionalista, con grave conculcación de los derechos y libertades fundamentales básicos en cualquier democracia".
Denunciantes
La formación naranja también quería proteger con el anonimato a los denunciantes de adoctrinamiento en los centros.
El PP, por su parte, planteaba que la Alta Inspección Educativa "de oficio o a instancia de parte realice los requerimientos en centros educativos, así como elabore informes sobre las decisiones que adopte la administración educativa autonómica, en relación con la comprobación de los aspectos básicos del currículo, libros de texto y otros materiales curriculares se cursen de acuerdo con el ordenamiento estatal correspondiente y la garantía de igualdad de derechos de todos los alumnos, en particular, de los derechos lingüísticos".
