El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, acaba de llegar a la Fiscalía para declarar por el despido de la cuñada del portavoz del PP Luis Barcala. Acompañado de su jefe de gabinete de Alcaldía Lalo Díez, su abogado, su escolta y la jefa de prensa, no ha querido hacer declaraciones a los medios a su entrada al edificio de la Audiencia.
Echávarri declara como investigado por un presunto delito de prevaricación y deberá aclarar al fiscal los motivos que le llevaron a cesar a Catalina Rodríguez. El despido se produjo después de que Barcala denunciara un presunto fraccionamiento de contratos en la concejalía de Conercio. El fiscal deberá decidir si envía o no la denuncia al juzgado en función de lo que declare el alcalde o pide más diligencias.
La decisión del fiscal puede ser determinante para el futuro político de Echávarri, según explicaron fuentes de Compromís tras el principio de acuerdo que alcanzaron con el PSOE para "refundar" el pacto de gobierno en Alicante. Según la coalición de izquierdas, si el fiscal traslada la causa al juzgado y un juez decide imputarlo también por el despido de la cuñada de Barcala, el alcalde estará obligado a dimitir y se realizará una nueva investidura.
También tendrá que marcharse si la juez que le investiga por el presunto fraccionamiento de contratos decide abrir juicio oral. Éstos son algunos de los condicionantes, además de otros de funcionamiento a nivel interno, que se recogerán en el acuerdo de "refundación" que PSOE y Compromís prevén firmar mañana en la sede de la Universidad de Alicante.
