La falta de un buen sistema de depuración del agua en la provincia de Alicante provoca, en plena sequía, que un 54% del agua residual que se trata anualmente en las plantas (65 hm³ de los 120 hm³) no pueda ser reutilizado por los agricultores debido a la mala calidad (alto contenido en sales principalmente), y a que muchas instalaciones, sobre todo en la costa, no están conectadas con el interior, que es donde realmente se necesita el caudal.
En total, en la provincia se depuran todos los años 120 hm³, de los que 55 hm³ se utilizan en el campo y 29,5 hm³ se vierten a los cauces en lo que se considera reutilización indirecta. Y todo a pesar de que los alicantinos pagan al año unos 75 millones de euros correspondientes al canon de saneamiento que se creó en 1992 en el recibo del agua para financiar la construcción y funcionamiento de las depuradoras. El caudal que entra en las plantas equivaldría, con un buen sistema de depuración, a cinco meses del hoy cerrados trasvase Tajo-Segura.
En total en la Comunidad Valenciana se depuran todos los años 419 hm3, de los que 145 hm3 se reutilizan en el campo, 118 hm3 van a los barrancos y cauces de ríos y el resto se desecha (no todo el agua residual que entra en las plantas se puede al cien por cien), de ahi que este caudal es también complementario, como el las desaladoras. Los trasvases siguen siendo, por tanto, clave, para la agricultura y el consumo urbano.
Según un informe del Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante el coste para mejorar la calidad del agua depurada sería de 0,25 euros por metro cúbico. Es decir, que en la provincia de Alicante se necesita invertir unos 17 millones de euros.
En la mayoría de los casos, las plantas carecen del sistema de desalación de las aguas residuales tratadas que, si bien salen de la planta sin el contenido bacteriológico con el que llegan, mantienen un alto contenido en sal, lo que las hace inviables para la agricultura. Por otro lado, los agricultores recelan de estos caudales debido a que no siempre tienen la calidad exigida por sus clientes, sobre todo para los productos que se exportan y que se venden a los grandes hipermercados de España y el resto de Europa, que tienen sus propios sistemas de control. La aparición de cualquier coliforme puede arruinar a una explotación agrícola al cerrarse el mercado.
Antonio Rico, director del Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante, alerta, en este sentido, de que «en los últimos años se ha detectado que el agua que llega a las depuradoras está muy cargada de sales y no todas las plantas están preparadas para tanta presión, sobre todo en la costa, que es donde más agua residual se genera». Rico considera necesario que las plantas incorporen un sistema de ultrafiltración para eliminar todo tipo de bacterias y el terciario avanzado para desalar el agua y así poderlo utilizar en la agricultura. ¿Quién lo paga? Rico lo tiene claro. «Deben colaborar los abastecimientos». Y, además, recuerda que «el caudal regenerado no es tampoco viable para todos los cultivos. Por ejemplo, en la agricultura ecológica está completamente prohibido».
Plan de saneamiento
Paso decisivo para la mejora entonces de la depuración del agua residual en al Comunidad Valenciana fue la ejecución del Plan Director de Saneamiento y Depuración de 1992 que, a su vez, desarrollaba la Ley de Saneamiento de las Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, que supuso también la creación de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales. En una primera fase (1992/93), se primaron las actuaciones en municipios con población superior a 10.000 habitantes, y en una segunda etapa, hasta 2005, se orientaron a corregir los problemas de depuración y saneamiento de poblaciones con menos de 2.000 habitantes, incluyendo también la construcción de pequeñas plantas en urbanizaciones y zonas residenciales del litoral que carecían de dicho servicio básico. En ambas etapas, el nivel general de tratamiento más utilizado fue el secundario (biológico), y a partir de 2005, se inició un nuevo ciclo que potenció los sistemas terciarios, incluyendo en pocas ocasiones la desalinización para favorecer, precisamente, una mayor reutilización de los caudales regenerados en usos agrícolas, urbanos y recreativos.
Para financiar esas actuaciones se estableció un canon de saneamiento cuyos rendimientos se destinan, teóricamente, a garantizar el funcionamiento de las depuradoras, así como a contribuir a la financiación de otras nuevas. El importe de dicho canon viene referido al volumen de agua consumido en usos urbanos (domésticos, comerciales, industriales), y en su cómputo puede diferenciarse la población atendida y la carga contaminante generada. Por dicho canon, la entidad de saneamiento ingresa del orden de 265 millones de euros al año, con los que se afrontan los costes de explotación de las depuradoras, gastos de personal y construcción y modernización de nuevas instalaciones, actuaciones ralentizadas por la crisis económica.
