José Luis Valdés, uno de los dos dirigente vecinales que denunciaron ante el fiscal el despido de la cuñada del portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala, se personará en la causa que ya está en un juzgado de Alicante como acusación particular.
El otro denunciante, José María Hernández Mata, renuncia y deja en manos del fiscal la acusación, mientras el PP y Ciudadanos también descartan personarse en el procedimiento contra el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri.
Según explica Valdés, ha tomado la decisión de ser acusación particular no sólo por el despido de Catalina Rodríguez. «No sólo va del despido de ella sino de tener a 40 ó 50 interinos en fraude de ley, y sabiéndolo, los mantienen, tanto el alcalde como el tripartito en general y los sindicatos. Me persono porque creo que el alcalde ha prevaricado y ningún partido se moja», dijo sobre la oposición.
En cambio, Hernández Mata prefiere dejar en manos del fiscal la acusación contra el alcalde y no personarse en la causa pese a que acudió junto a Valdés a denunciar el caso en la Fiscalía al considerar que detrás del cese de la trabajadora podría haber una represalia por parte del primer edil. El fiscal decidió enviar al juzgado la denuncia contra Echávarri y contra el edil de Recursos Humanos, Carlos Giménez, al encontrar indicios de prevaricación administrativa.
Los dirigentes vecinales aclaran que fueron los promotores de la denuncia a título particular, «libremente y dejando a un lado a nuestras entidades para no comprometerlas y evitar líos», y afirman que en su día tomaron la decisión de recurrir a la justicia «porque nos pareció una cosa muy injusta que una autoridad -el alcalde- dijera públicamente, argumento principal de nuestra denuncia, que el despido de una trabajadora había sido por una cuestión política de dentro del Ayuntamiento», señala Hernández.
«Nosotros hemos estado en silencio todo el tiempo porque entendemos que es una cosa seria. Hemos esperado a que la Fiscalía estudiara el tema por si entendía lo que nosotros veíamos. No queríamos calentar la cosa».
Los denunciantes ven una contradicción que Echávarri dijera «todo el rato» que el exedil del PP Andrés Llorens o la actual tránsfuga Nerea Belmonte se tenían que ir, «y cuando le toca a él dice que no». Hernández Mata considera que, si como dice Echávarri, hay interinos en situación irregular en el Ayuntamiento desde anteriores legislaturas, «el alcalde debería haber tomado la decisión de corregir el expediente completo, no sólo de una persona. No era nada político de ir contra una persona, sino contra un hecho. Estamos tranquilos porque no hemos tomado una decisión irresponsable. Ahora falta que el juzgado lo aborde y luego ya se verá. De momento los fiscales entienden nuestras peticiones».
