El PP en el Ayuntamiento de Alicante alerta de la existencia de al menos una factura más que, según los populares, debería formar parte del expediente que está en los juzgados y que se investiga en la causa contra el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, y dos asesores, por presunto fraccionamiento de facturas en el área de Comercio.

Esta factura, junto a otras tres más por una cifra global de 3.360 euros por gastos protocolarios de Alcaldía, se han aprobado esta mañana en la comisión de Hacienda dentro del cuarto expediente de modificación de créditos del presupuesto de 2017, con el voto en contra de los populares, la abstención de Guanyar y Ciudadanos, y el voto a favor de PSOE y Compromís. Los dos tránsfugas se han ausentado.

Según ha explicado el portavoz del PP, Luis Barcala, "sorprendentemente nos hemos encontrado una relación de cuatro o cinco facturas directamente relacionadas con la campaña de Comercio de las Navidades pasadas y con los 25 contratos menores que fueron anulados y que son la causa hoy del procesamiento del alcalde. El PSOE las ha llevado de tapadillo a la Comisión de Hacienda y por vía de reconocimiento extrajudicial de créditos".

Luego Barcala ha precisado que en su informe de fiscalización el interventor señala que entre esas facturas figura una "que formaría parte del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos y convalidación de gastos del ejercicio 2016 realizados por el servicio de Comercio y que fue aprobado por la Junta de Gobierno Local de fecha de 4 de abril de 2017 y que no pudo incluirse en aquel por haber entrado con posterioridad a las reconocidas allí y no haber sido conformada hasta el 18 de octubre", señala el interventor textualmente.

El PP ha recordado que esa junta fue la que abordó la anulación de los 25 contratos presuntamente fraccionados del área de Comercio y en la que se aprobó el reconocimiento judicial de crédito para pagarlas. "De haber estado dentro ya no estaríamos hablando de 190.000 ? sino de cantidades mayores", ha dicho Barcala.

Los populares han anunciado que aportarán esta factura al juzgado para que se incluya en la causa en que están personados como acusación particular por presunta prevaricación y fraccionamiento de contratos contra el alcalde y dos de sus asesores, para que ésta se amplíe. "Es de la misma época y relacionada con la campaña de Navidad".

Barcala destaca que el interventor ya no se pilla los dedos y "viene a decir en su informe que de haberse conocido antes esta factura la habría adjuntado a la causa formando parte del mismo paquete de contratos, por lo que en lugar de 25, los investigados serían 26".

Presupuestos autonómicos

Por otra parte los populares han presentado una batería de enmiendas a las cuentas de Generalitat para 2018 con las que reclaman nuevos proyectos y servicios pendientes. Entre ellos, un millón de euros y medio más que añadir a los 5,6 millones previstos para el túnel de la Serra Grossa, la rehabilitación del barrio Miguel Hernández por cinco millones de euros, la rehabilitación del barrio Virgen del Carmen por 3 millones y medio de euros, y la del barrio Juan XXIII por 700.000 euros.

Así como nuevos centros de salud y escolares, la ejecución de la ronda norte y el proyecto de la línea del tranvía desde el Postiguet hasta San Gabriel, entre otras propuestas. También la eliminación del fibrocemento en nueve centros escolares por 800.000 euros.

Las enmiendas las acaban de presentar Barcala y la diputada del PP en las Cortes Valencianas, Elisa Díaz.