Un escenario de irregularidades y corrupción donde dos exediles del PP durante los mandatos de Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo y tres empleados públicos (uno de ellos el tótem del Área de Atención Urbana durante décadas) se pusieron de acuerdo para favorecer a un adjudicatario saltándose a la torera la legalidad en materia de contratación sin tener en cuenta el daño económico que con su actuación causaban al Ayuntamiento.
Éste es el escenario que dibuja el magistrado Ángel Manuel Villanueva en un prolijo auto notificado ayer donde procesa a los exconcejales Andrés Llorens y Juan Zaragoza, a los empleados municipales Víctor López, Ginés Pérez (ambos ya jubilados) y Francisco Ramón Casal y al responsable de la mercantil adjudicataria, Isidro García. En todos ve indicios de haber cometido los delitos de prevaricación, malversación y fraude a la administración, todos ellos continuados, en relación a la contrata a Isjoma de las infraestructuras para actividades festivas y culturales durante seis años, de 2003 a 2009.
En el caso de Zaragoza añade además otro cargo de infidelidad en la custodia de documentos por facilitarle al empresario que denunció los hechos, José Alavés, a quien representa el bufete Ferrer Pallás, una copia de la propuesta de adjudicación del servicio a su rival.
Después de casi una década de investigación por la que han pasado al menos tres instructores, ha sido el magistrado Villanueva quien la ha concluido apuntando a la existencia de una doble contratación paralela entre el Ayuntamiento e Isjoma. Por una parte existía una adjudicación de lo que se suponía que era la totalidad del servicio y, «paralelamente, una serie de contratos que eran llevados como si de contratos menores se tratase, sin publicidad ni concurrencia y en los que la contratación era realmente llevada bien por un mero capataz o bien por el jefe de servicio, Víctor López, de forma directa». Una práctica, afirma el juez, que se repitió a lo largo de la vigencia de la contrata durante la que «la inmensa mayoría de los contratos relacionados con el suministro de sillas, escenarios y otros elementos accesorios relacionados con actividades festivas y culturales de la ciudad eran adjudicados a Isjoma».
Apoyándose en un más que representativo listado de facturas, el magistrado sostiene que «existían bloques o conceptos perfectamente determinados, y perfectamente repetidos a lo largo del tiempo, a lo largo de los años incluso, de forma que la contratación como contratos menores era totalmente improcedente y se contrataba bajo dicha fórmula con el sólo propósito de eludir el procedimiento legalmente establecido (...) y al mismo tiempo favorecer a Isjoma», para lo que todos los encausados se pusieron de acuerdo.
No es ésta la única anomalía a la que hace alusión el magistrado en una de las áreas municipales con más presupuesto y la de mayor volumen de contratación. Entre otras cita el juez la falta de control sobre el servicio que se prestaba pese a que en los últimos tres años el Ayuntamiento llegó a pagar a la mercantil más de millón y medio además de 841.000 euros en contratos menores. Pues aún así «en realidad era Isjoma quien elaboraba los borradores de toda la documentación que servía de base para la elaboración y pago final de las certificaciones», documentos en los que los encausados Víctor López y Ginés Pérez se limitaban a estampar su firma «junto al concejal correspondiente», recoge el auto.
Conversación grabada
Ninguna duda tiene el magistrado de que los expolíticos procesados estaban al corriente de este modus operandi en tanto que ambos formaban parte de la mesa de contratación: Llorens como presidente y Zaragoza como vicepresidente. De Llorens dice que es «dificilmente creíble» que, tal y como declaró, ni siquiera hablara de esta contrata con López. Y de Zaragoza recuerda que existe una conversación grabada en la que alerta al denunciante de las «maquinaciones en contra suya» sin que hiciera nada al respecto con el agravante de que tampoco tuvo en cuenta lo que le podía costar al Ayuntamiento «una eventual impugnación» de la contrata, como de hecho ocurrió. Cerca de medio millón ha tenido que desembolsar el Consistorio por ello.
El juez no ve indicios de cohecho al no haber detectado incrementos patrimoniales en los encausados y archiva también las actuaciones para otro funcionario, Diego Agulló, acusado junto al exedil José Antonio en una pieza separada que se desgajó de este proceso sobre la contratación de una feria outlet.
