El Ministerio de Agricultura, el mismo que acaba de autorizar la reapertura del trasvase Tajo-Segura tras once meses cerrado para Alicante y Murcia, sí envió durante el año hidrológico 2016-2017 un total de 47,7 hm³ de agua del Júcar, desde el embalse de Alarcón a Albacete y los regadíos de Castilla-La Mancha, por la infraestructura que, sin embargo, mantenía cerrada para la provincia en los meses más duros de la sequía (de octubre a octubre). En concreto, del embalse de Alarcón salieron 13,4 hm³ para garantizar el abastecimiento de la población en Albacete y 34,3 hm³ para los regadíos de Castilla-La Mancha, básicamente cereales cuya producción está, además, subvencionada por la Comisión Europea.

Los datos figuran en un informe de la Confederación Hidrográfica sobre la utilización de los recursos hídricos con fecha del pasado lunes, 2 de abril. Una actuación legal porque parte de Castilla-La Mancha es territorio cubierto hídricamente por la Confederación del Júcar, lo mismo que la Comunidad Valenciana. La misma confederación que, sin embargo, no tenía en las mismas fechas agua en el embalse de Alarcón para enviar a Alicante tal como le viene reclamando la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, tres años ya sin el convenio regulador.

Mientras, la principal alternativa a la sequía en los últimos once meses para la provincia de Alicante ha sido consumir agua desalada a 0,73 euros el metro cúbico (0,12 euros la del trasvase) de la planta de Torrevieja hasta que, incluso, el caudal se cortó para destinarlo todo al abastecimiento urbano. Mientras, en Castilla-La Mancha sigue regándose sin problemas.

El envío de los 47,7 hm3 de agua por la infraestructura del trasvase Tajo-Segura del Júcar a Castilla-La Mancha desde el embalse de Alarcón se produjo entre el 29 de octubre de 2016 y el 2 de octubre de 2017, y sigue este año, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. En mayo de ese año el Ministerio cerró el trasvase Tajo-Segura para Alicante aplicando la ley, pero por parte de la infraestructura siguió circulando agua para el abastecimiento y regadío en Castilla-La Mancha.

Todo en un periodo de tiempo en el que ni el Consell ni el PP -Compromís y Podemos son abiertamente antitrasvasistas- movieron un dedo para forzar a la Confederación del Júcar a contemplar la opción del embalse de Alarcón tal como pedían los agricultores.

El pasado 26 de marzo, representantes de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó volvieron a reclamar a la ministra Isabel García Tejerina, en una reunión celebrada en IFA, que el trasvase Júcar-Vinalopó debe contemplar, además de los caudales de la desaladora de Mutxamel, 30 hm³ de agua de calidad de Alarcón para el abastecimiento de los municipios de l'Alacantí y el Vinalopó. En la reunión estaban César Sánchez, presidente de la Diputación; e Isabel Bonig, presidenta regional del PP en la Comunidad Valenciana. El convenio sigue sin concretarse, lo que ratifica el ninguneo que sufre el PP de sus compañeros en Madrid.

El Instituto Universitario de Geografía de la UA ha advertido en reiteradas ocasiones (la última observación se la trasladó en persona por el catedrático Antonio Gil Olcina a la ministra Isabel García Tejerina hace dos semanas), que el auténtico problema del río Júcar no es que se tengan que trasvasar 80 hm³ todos los años a la provincia de Alicante con agua de cuestionable calidad captada en la desembocadura (Azud de la Marquesa). El problema de esta arteria fluvial es, según el catedrático, el acuífero 23 de la Mancha Oriental, sobreexplotado, del que en Castilla-La Mancha se extraen todos los años mas de 400 hm³ cuando sólo se disponen, como máximo, de 300 hm³ al año. Una comunidad con déficit hídrico por la pésima administración del río Tajo, pero donde en los últimos años ha ido creciendo la superficie de regadío hasta las cien mil hectáreas, según los datos que maneja el Instituto.

Además de los recursos subterráneos, el Júcar les trasvasa también todos los años agua de calidad y mucho más barata que la de la Marquesa, que debe salvar una elevación de casi 800 metros, algo que dispara los costes energéticos, y cuyo caudal está sometido ahora, además, a una investigación de Fiscalía de Valencia tras una denuncia por contaminación de los colectivos ecologistas.

La opción Mutxamel

Pese a todo y pese a la inminente reapertura del Tajo-Segura, los regantes que reciben agua del trasvase Tajo-Segura siguen esperando, por otro lado, la respuesta del Ministerio de Agricultura a su petición de que incorpore la desaladora de Mutxamel (parada tras una inversión de 93 millones de euros) al conjunto de medidas puestas en marcha para tratar de mitigar los graves efectos que está provocando la sequía en el sector agrícola de Alicante.

La desaladora de Mutxamel se encuentra inmersa en un entramado legal complicado ya que forma parte de la «solución trasvase Júcar-Vinalopó», y permanece parada porque no se ha firmado el convenio que debe regular los usos del agua relativos al trasvase. Se han cumplido dos años desde que comenzó la negociación para un convenio que sigue sin concretarse, pese a que últimamente parece que se han producido ligeros avances.

La capacidad de producción de la planta es de 18 hm3 al año y hasta ahora sólo se ha recurrido a ella en una ocasión, hace dos años, cuando hubo que enviar 5 hm3 a Benidorm para evitar cortes de agua. Una planta que parece maldita desde que también perdiera protagonismo al anularse el Plan Rabasa. De hecho, la infraestructura era clave para abastecer a los 45.000 nuevos vecinos de ese macroproyecto urbanístico que acabó en fiasco. Hoy, los agricultores necesitan sacarle partido.