Rafael tiene 55 años y ya lleva cinco viviendo a la intemperie. Ha sido agredido al menos una vez desde que es una persona «sintecho» y no recibe ningún tipo de ingreso o prestación económica. Tiene un problema de salud, una adicción al alcohol y no realiza otra actividad distinta a la de asegurar la supervivencia.
Este es solo uno de los 195 casos registrados por el estudio pionero que se realizó en Alicante hace unos meses. Uno de los casos que, asegura el portavoz de Reapsha, habría que combatir con la búsqueda del derecho a la vivienda.
«Tenemos que mirar mucho más allá. Tenemos que ir hacia el derecho a la vivienda. La dinámica por la cual algunas personas pasan a una situación de exclusión residencial, tiene que ver no solo con que haya más o menos recursos sociales para atenderlas, sino con que en estos momentos la dinámica y las reglas de juego por las cuales uno puede acceder a la vivienda, son muy excluyentes», explica Romero.
El problema, cuenta el antropólogo, no ha de centrarse tanto en los recursos que hay que atender si no «en qué reglas del juego hay que cambiar para evitar que personas acaben en situación de exclusión residencial y tengamos que buscarles una casa que no es la suya».
«Entonces dices... A ver, ¿por qué el precio de la vivienda en Alicante está subiendo en los últimos años de esta forma tan brutal?, ¿qué porcentaje de vivienda es vivienda pública en Alicante?, ¿qué normas y cláusulas sociales se les exigen a los promotores impulsores de vivienda?, ¿cómo está legislada la edificación en Alicante?», lanza como claves Romero. «Tendremos que ver de qué forma se gestiona el acceso a la vivienda para todo el mundo, si no nunca tendremos suficientes recursos, porque siempre vamos generando más exclusión».
