Desde mediados del pasado mes de mayo, coincidiendo con la contratación como personal de confianza del equipo de gobierno municipal, el alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, era conocedor de que su nuevo asesor Miguel Ángel Redondo mantenía una estrecha relación con la concejala tránsfuga Nerea Belmonte.

De que lo supiera en primer persona se ocuparon directamente desde entidades de la ciudad a las que el asesor, ayer cesado de forma «fulminante», según palabras de un nervioso Barcala, acudía junto a Belmonte. En esas reuniones, según relatan fuentes de primera mano, el ya exasesor se presentaba como personal de confianza de Belmonte y, además, añadía que uno de sus objetivos era «rehabilitar la imagen» de la exedil de Guanyar. Y no solo eso, sino que Redondo, cuyo nombramiento oficial se publicó ayer en el Boletín Oficial de la Provincia, también afirmaba que la concejala tránsfuga tenía «ahora todo el poder del Ayuntamiento» y que era «la que mandaba».

De esa historia era conocedor Barcala desde mediados del pasado mes, aunque ayer aseguró que esos detalles le llegaron por «un medio de comunicación, que nos informa de esa información», mientras que minutos antes apuntaba: «Teníamos absoluta ignorancia sobre las cuestiones de la informacion». En este mes, desde que el asesor fue contratado a jornada completa (2.500 euros al mes) hasta que ayer fue destituido como personal de confianza destinado supuestamente a la Concejalía de Infraestructuras, Barcala no vio motivos suficientes para apartar al asesor, pese a haber ido de acompañante de Belmonte a una reunión con una entidad social y, al menos, a visitar una instalación deportiva municipal, en las que asegura que trabajaba por mejorar la reputación de la edil.

En una comparecencia pública, Barcala confirmó ayer el cese «fulminante» del asesor, sobre el que aseguró haber «perdido la confianza» tras desvelar este diario además que, dentro de un proceso judicial de ámbito familiar en el que está inmerso, llegó a asegurar que había cobrado «dinero B» de asociaciones benéficas y partidos políticos, refiriéndose directamente a Cruz Roja y Ciudadanos. Ambas entidades, ayer, de nuevo, negaron las palabras del elegido por Barcala hace un mes para reforzar su equipo. «Vamos a ser inflexibles con cuestiones que generen la mínima sombra de duda. No tenemos ninguna necesidad de tener a personas con una honorabilidad que se cuestione», apuntó Barcala, quien admitió que conocía a Redondo desde la campaña electoral de 2015: «Iba como asesor de Ciudadanos y siempre estaba al lado de Cifuentes [alcaldable de la formación política]. Luego seguí manteniendo contacto con él porque lo veíamos por el grupo municipal de Cs con Cifuentes. Y cuando llegamos a la Alcaldía, se ofreció para trabajar. Constatamos que tenía muy buenos contactos y que era una persona que podía encajar perfectamente en Infraestructuras. En estas tres semanas, aparentemente ha cumplido con su trabajo de peinar la ciudad de Alicante».

En su intervención de ayer, en la que se mostró especialmente tenso, Barcala aseguró que el cese de Redondo responde más a sus palabras sobre el cobro de dinero negro que sobre su vinculación con Belmonte, quien con su voto en blanco en el pleno de investidura permitió el regreso del PP a la Alcaldía en detrimento de la socialista Montesinos. «Eso [la relación con Belmonte] no es concluyente, aunque es muy grave porque no se le había contratado para eso ni tenía autorizacion para hablar así», concluyó Barcala, quien dio así por «cerrada la crisis».

El intento del alcalde de dar carpetazo al peor momento desde su llegada al gobierno municipal, en cambio, no tuvo ningún efecto entre la oposición, pese a la destitución inmediata de su asesor, que es el padre de la niña rescatada de un séptimo piso en Luceros. De hecho, los cuatros grupos anunciaron ayer que acudirán a la Fiscalía Anticorrupción para que la contratación del asesor por parte del gobierno del PP, pero vinculado a Belmonte, se incluya dentro de la investigación abierta, tras una denuncia vecinal, por el supuesto intento de compra del voto de Belmonte (a cambio de un sueldo de 3.500 euros y un puesto en listas electorales), en unas acusaciones que lanzó la tránsfuga en un reciente pleno, apuntando hacia la bancada de la izquierda.