El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, trasladará hoy al Ministerio de Hacienda y a la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó que el Consell está dispuesto a pagar una parte del riego de socorro de 6,3 hm3 de agua que debe llegar del Júcar para salvar la cosecha hortofrutícola de este verano en las comarcas del Vinalopó, y que Hacienda tiene bloqueado al negarse a renovar el convenio provisional que permitía este trasvase anual. En total, son 819.000 euros con los que se cubriría, sumada la cantidad que aportarían los regantes, 1,5 millones, el importe que pide Acuamed: 6,3 hm3 a 0,40 euros el metro cúbico.

Los regantes se niegan a aportar más de 0,23 euros el metro cúbico porque en el convenio estaba fijado el precio en 0,18 euros. Puig quiere desbloquear así un tema que tiene en pie de guerra al sector agrícola del Vinalopó, donde están afectadas directamente 18.000 hectáreas de uva de mesa.

Este paso llega después de que la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda haya vetado el acuerdo al que llegaron al semana pasada el Ministerio para la Transición Ecológica y la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó para desbloquear el envío de un riego de socorro de 6,3 hm3 para salvar la mitad de la cosecha de uva de mesa o, lo que es lo mismo, 18.000 hectáreas que no se riegan desde hace un mes, y que necesitan de manera urgente caudales debido a que no tienen acceso a pozos propios.

Hacienda mantiene la hoja de ruta del anterior ministro, Cristóbal Montoro, y ha advertido a la empresa pública Acuamed de que no puede enviar más agua de manera provisional a Alicante hasta que no exista un convenio que marque las reglas de explotación de un trasvase cuya firma se viene negociando, sin éxito, desde hace dos años. La noticia había caído como una losa en el ánimo de los regantes alicantinos y en el propio Consell, que había mediado entre el Gobierno y los regantes.

En juego están más de 30 millones de euros en los se que valoran las cosechas que se perderán si no llega agua, al margen del descalabro patrimonial. «Los 30 millones de euros los contabilizamos en la pérdida real que se produce en todas las cosechas que dependen de ese caudal y que van más allá de la uva de mesa. En la zona se planta todo tipo de hortalizas. Es más, hay agricultores del Campo de Cartagena que se habían trasladado al Vinalopó confiando en ese agua que no tienen debido a los problemas del Tajo-Segura», explicó ayer Andrés Martínez, presidente de la Junta Central. «Está claro que no podemos estar pendientes de la decisión de un burócrata. Tiene que intervenir la ministra. Pactamos el agua a 0,18 euros el metro cúbico, estábamos dispuestos a llegar a 0,23 y desde diciembre tenemos el convenio definitivo aprobado y con las normas de explotación, y no lo han movido. La única que debe imponerse es la ministra Teresa Ribera y hablamos de 6,3 hm³».

Todo ha saltado por los aires y ahora en la Junta Central puede pasar de todo si no llega a buen puerto la propuesta del Consell. Andrés Martínez baraja denunciar a Acuamed por el quebranto patrimonial de los regantes. Un Martínez al que le han aumentado las presiones internas. Un sector de la Junta Central aboga, incluso, por tirar la toalla y entregar el trasvase (400 millones de euros) al Gobierno, que despilfarró el presupuesto público -tan culpable es el PP como el PSOE- en una obra financiada por la UE y que ha terminado por ser un monumento a la inoperancia. El propio Consell se ha quedado descolocado al chocar contra el muro de Hacienda, que se niega a seguir dando vía libre a riegos de socorro provisionales, y de ahí esa oferta. Mientras, Acuamed paga todos los años 1,6 millones de fondos públicos por mantener una infraestructura cerrada.

De momento, que se prolongue el cierre del trasvase ha dejado sin agua 18.000 hectáreas de uva de mesa en las que prácticamente se produce la mitad de la cosecha de la provincia, que va desde mediados de agosto hasta Nochevieja, cuando se consumen las variedades más tardías. En juego están cientos de miles de euros y, lo que es peor, el patrimonio (tierras de cultivo) de miles de agricultores.

La provincia de Alicante lleva esperando el agua del Júcar en su última época (la primera petición se hizo en el siglo XV) desde 2001, cuando se constituyó la Junta Central de Usuarios, tras el acuerdo con el Ministerio de Agricultura para la construcción del trasvase. Una junta que defiende los intereses de 38 municipios (Vinalopó, l'Alacantí y la Marina Baixa), 52.000 hectáreas de cultivos y una población de un millón de habitantes, más de la mitad del censo provincial.

La Junta Central ayer no aguantó más y, firmado por Andrés Martínez, remitió un escrito a Francisco Javier Batarech, presidente de Acuamed (empresa pública que paga todos los años 1,6 millones de euros por el mantenimiento de un trasvase que se no se utiliza), en el que le recuerda que la sociedad estatal está obligada a respetar el acuerdo firmado en Madrid el pasado 31 de mayo para el envío del riego de socorro anual de 6,3 hm³. El agua debiera llegar entre junio y septiembre, y es clave para garantizar las cosechas de verano, fundamentalmente la de uva.

Recordar, en este sentido, que hace diez días Andrés Martínez y el vicepresidente de la Junta Central, Francisco Santiago, se reunieron con Manuel Menéndez, nuevo director general del Agua del Ministerio de Teresa Ribera (no muy favorable a los trasvases), y le arrancaron el compromiso de desbloquear el envío del riego socorro en el consejo de administración de Acuamed del lunes pasado. Ahora, se encuentra con el veto de Hacienda.

«¿Dónde estaba Hacienda cuando en 2005 nos cambiaron la toma del agua para enviarnos al Azud de la Marquesa, algo que duplicó el precio del trasvase? ¿Dónde estaban entonces los técnicos que consintieron aquel despilfarro de dinero público?», se preguntó ayer Santiago. «Ahora peleamos por un agua que no era la nuestra, que sigue siendo de dudosa calidad y también nos la niegan», subrayó el vicepresidente de la Junta Central y uno de los pioneros en trabajar por que a Benidorm nunca le falte agua potable.

Por su parte, el alcalde de Elche, Carlos González, ha felicitado hoy al presidente Ximo Puig y al secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero, por su apuesta por el desbloqueo del trasvase. En su cuenta de twitter, ha recordado que "el trasvase Júcar-Vinalopó es vital para el Camp d´Elx, y en consecuencia es vital que se desbloquee urgentemente para que el agua llegue de inmediato a los cultivos. Todo mi apoyo".