Ninguna novedad respecto a lo que, antes de comparecer en la Fiscalía, ya se había encargado de airear a los cuatro vientos. El exasesor del PP afín a la edil tránsfuga Nerea Belmonte negó ayer ante dos representantes del Ministerio Público cualquier relación con la supuesta compra de voluntades de la concejala que, con su voto en blanco, puso la Alcaldía de Alicante en manos de PP tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri por sus problemas con la Justicia el pasado abril.

El número dos de la Fiscalía, José Llor, y el fiscal Anticorrupción Felipe Briones tomaron declaración durante algo más de dos horas a Miguel Ángel Redondo, quien fue contratado en mayo como asesor del PP para la Concejalía de Infraestructuras pero que acompañó a la edil en varias visitas a dependencias municipales y a alguna entidad social de la ciudad. Una actuación que el exasesor (quien fue despedido apenas un mes después tras desvelar este diario su relación laboral con Belmonte) enmarcó ayer en un ámbito estrictamente personal.

Redondo fue citado por el teniente fiscal tras la denuncia interpuesta por todos los grupos de la oposición municipal al relacionar el apoyo que le estaba prestando a la edil tránsfuga con el voto que hizo alcalde al popular Luis Barcala, algo que el exasesor negó.

A preguntas de los acusadores públicos, Redondo aseguró desconocer por qué le había contratado el regidor y únicamente admitió que el exdirigente socialista Ángel Franco, que sigue controlando a día de hoy la agrupación local, se había puesto en contacto con él para que intentara «una gestión» con la edil Belmonte, pero que ésta se negó. Que de lo que ocurriera después no sabía nada.

Belmonte afirmó en el primer pleno de Barcala como alcalde que «desde la izquierda» le habían ofrecido un sueldo de 3.500 euros y un puesto de salida en las próximas elecciones a cambio de que apoyara a la candidata socialista a la Alcaldía, Eva Montesinos, lo que no hizo.

Frente al inmovilismo de todos los ediles que escucharon estas palabras, dos ciudadanos, uno de ellos el exrepresentante vecinal José Luis Valdés, presentaron una denuncia ante Briones, quien está investigando el supuesto intento de compra de voto de modo independiente a la contratación de Redondo por el PP.

La presencia del fiscal Anticorrupción en la declaración de Redondo hay que enmarcarla en la búsqueda de datos comunes que hicieran recomendable unificar ambas investigaciones en el supuesto de que algunas de ellas no se acabe finalmente archivando.

El exasesor del PP negó ayer que se reuniera con Franco y la edil Belmonte y concretó que su relación con Barcala se remontaba a la campaña electoral de las últimas municipales, en 2015, cuando fue colaborador de Ciudadanos.

Sobre su actividad en la Concejalía de Infraestructuras, para la que fue contratado, el grupo municipal socialista lleva pidiendo desde hace más de un mes que se muestren los informes que Barcala aseguró que Redondo había realizado durante el tiempo que estuvo contratado. Hasta el momento no se ha presentado nada.

Tras la declaración de ayer, la Fiscalía tiene que estudiar ahora si continúa con las pesquisas o si, por el contrario, cierra unas actuaciones a las que no se les augura mucho recorrido.