Rutina, incompatibilidad de caracteres, formas diferentes de evolucionar, distanciamiento, infidelidades. Existen tantos motivos para romper una relación como parejas, pero sea por la causa que sea, es a partir de los diez años de matrimonio cuando se disparan las demandas de divorcio. La media se sitúa en los 16 años de convivencia.
Alicante se posiciona como la quinta provincia de España con más divorcios, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), con 3.878 casos, de los que el 65% se produjeron pasados los diez años de casados. Sin embargo, la duración de los matrimonios se ha ido acortando en las últimas décadas y en 2017 se divorciaron 1.251 parejas tras pasar entre dos y nueve años unidos.
Las cifras de divorcio registradas suponen un ligero descenso en la provincia, del 5%, mientras que en el cómputo nacional los números han aumentado un 1,2% respecto al año anterior con un total de 97.960.
El sociólogo, profesor asociado de la Universidad de Alicante (UA) y perito forense en el juzgado, Rafael Alcázar, destaca la «normalización» del divorcio como uno de los cambios sociales más importantes de los últimos años. Con la conocida como «Ley de divorcio exprés» que entró en vigor en 2005, los casos se incrementaron pero porque ya se estaba produciendo un cambio social en el que la incorporación de la mujer al mercado laboral jugó un papel clave. «Es verdad que ahora las personas son más exigentes con sus relaciones y aguantan menos, pero también se ha perdido el miedo de generaciones anteriores al divorcio, que ya no es un estigma», explica.
Esta situación ha beneficiado sobre todo a los niños, para quienes sigue siendo duro pasar por ese trance pero que por lo menos ya no lo ven con tanto drama como antes porque ahora todos tienen familiares, amigos o compañeros de clase con padres divorciados, destaca este experto.
La mayoría de los divorcios se formalizaron de mutuo acuerdo en la provincia, pero tanto en esos casos como en los que se acude al contencioso es fundamental contar con un buen convenio regulador.
La abogada de familia Begoña Román señala que «los problemas más complicados vienen cuando llega alguien con un convenio regulador que no está bien hecho. Es muy difícil modificarlo porque es algo que está pactado. Por eso es muy importante tratar de prever y regular al máximo todas las situaciones y así evitar pleitos a posteriori».
Además, cada vez se dan más casos de tratar de modificarlo transcurridos unos años porque las circunstancias vitales cambian y entran en juego otras variables como la pérdida del trabajo o un segundo matrimonio que da lugar a formar una familia reconstituida.
El convenio regulador establece por ejemplo la pensión, si la hay, los periodos que cada uno va a pasar con los hijos, las vacaciones, los horarios de recogida y el lugar. En los más completos se baja al detalle de todo lo relacionado con la vida de los hijos.
Desde las actividades extraescolares o el día de la Comunión hasta incluso el gasto que supondrán los cumpleaños a los que va a acudir. También la compensación económica si se da la circunstancia de que la semana que les toca estar con uno de los progenitores éste no puede hacerse cargo por cualquier motivo. O si la mascota va también con los menores de una casa a otra. «Cuantas más situaciones preveas, mejor, porque así evitas ir al juez cada dos por tres para un cambio de colegio o para decidir cómo va a ir vestido el niño en la Comunión. Creo que los jueces no deben estar para eso», argumenta la abogada.
Román, con una dilatada trayectoria en el ejercicio de la abogacía, entiende que en un divorcio «el factor emocional pesa mucho y querer hacer daño al otro entra dentro de lo humano». Sin embargo, apela a que la pareja deje a un lado «si tal o cual medida beneficia al otro o no y mirar más si te beneficia a ti». «Si solo buscas perjudicar al de enfrente al final pierde toda la familia», reflexiona.
Por otra parte, hace años que ha descendido el número de separaciones. El último año sólo se han formalizado 164 en Alicante. El motivo es que ningún abogado lo recomienda porque supone duplicar los procesos, ya que antes o después uno de los cónyuges querrá solicitar el divorcio. Así, los casos se separaciones suelen producirse sólo por cuestiones religiosas que en ocasiones derivan en una nulidad matrimonial.
Custodias
Uno de los temas más espinosos cuando se produce un divorcio es la custodia de los hijos y los regimenes de visitas.
Las custodias para las madres siguen siendo mayoría, 1.060 en la provincia, mientras que las compartidas siguen una línea ascendente en los últimos años y alcanza ya las 819. Por su parte, la custodia paterna se dio en 61 ocasiones.
La abogada y mediadora Gracia Carrión señala que en la Comunidad Valenciana se ha producido un cambio de mentalidad en los jueces, que cada vez dictan más custodias compartidas. El motivo es la entrada en vigor de la llamada Ley Autonómica de Custodia Compartida en 2011 que establecía que en ausencia de acuerdo la regla general era conceder la custodia compartida y regulaba la relación de los menores con sus hermanos, abuelos, otros parientes y personas allegadas.
El Tribunal Constitucional tumbó esta norma en 2016 pero ya había empezado a calar este sistema en la sociedad y además la doctrina del Tribunal Supremo va en la línea de que la custodia compartida debe ser la genérica y la deseable, si bien en cada caso es el juez el que decide en función de lo que aleguen las partes.
Precisamente este aumento de las custodias compartidas va de la mano de otro importante cambio social, el de la implicación de los padres en el cuidado de los hijos. «Se trata de un cambio progresivo que nos indica que la tendencia irá hacia un equilibrio a la larga en las custodias», vaticina Alcázar.
No obstante, Román puntualiza que la custodia compartida «no es café para todos». «No todos los padres la piden porque o no quieren o no pueden hacerse cargo», matiza. Tanto Román como Carrión admiten que se dan casos en que el padre solicita la custodia compartida para evitar pasar una pensión a la madre, pero ambas exponen que «esto no siempre es así».
Ambos progenitores comparten los gastos de la educación de los hijos, pero si existen desequilibrios en los ingresos de uno y otro, pese a tener la custodia compartida se establece igualmente una pensión alimenticia. De hecho, los principales motivos de discusión suelen ser económicos.
Carrión ha visto cómo le llegaban al despacho con el problema de «hay que ponerle gafas al niño, pero aunque lo lleve yo al oculista el otro me tiene que pagar la mitad de lo que cuestan ¿no? o el niño ha vuelto con piojos después de estar con su padre y lo he tenido que llevar a un centro para que se los quiten ¿lo paga él o a medias?».
Eso cuando los padres mantienen una comunicación en relación a los hijos. Carrión ha detectado un incremento de padres que instalan un dispositivo GPS en el móvil de su hijo para saber dónde está cuando se marcha con la otra parte. «Si es de mutuo acuerdo se considera como un ejercicio de la patria potestad, pero si no hay consentimiento de ambos se puede denunciar», explica.
Alcázar se dedica a evaluar la conveniencia o no de las custodias compartidas en una valoración técnica que después el juez tiene en cuenta a la hora de dictar sentencia. «Estudiamos la edad del menor, la comunicación entre ambos progenitores, el grado de conflicto, la proximidad del domicilio o la corresponsabilidad en la atención», señala.
También los factores de riesgo como una enfermedad mental o una adicción que puedan generar desprotección porque se trata de buscar lo mejor para el interés de los menores, añade. «Los casos más sangrantes son los que la piden cuando hay un caso de violencia doméstica previa y cada vez los vemos más en parejas jóvenes», lamenta.
