La decisión del gobierno local del PP, liderado por Luis Barcala, de vender una parcela municipal de 8.600 metros cuadrados, en un precio fijo de 6,6 millones de euros, para promover la construcción de más de un centenar de viviendas protegidas (VPO) en Playa de San Juan (entre las calles Historiador Vicente Ramos, Redes y Periodista Asunción Valdés) ha estado rodeada de polémica desde el primer día. Y todavía queda margen para la adjudicación final del contrato de enajenación del terreno.
El proceso, que se encuentra paralizado por la Junta de Gobierno desde finales de octubre tras los recursos presentados por dos entidades ante supuestos errores en la redacción del pliego de condiciones [por la cláusula en caso de empate], encontró poco después de hacerse público con la oposición del PSOE, que consideró «extraño» que los populares decidieran vender «patrimonio municipal justo en el momento en el que tiene pensado terminar con el Plan de Ajuste». Después llegaron las quejas desde Guanyar. La formación que lidera Miguel Ángel Pavón solicitó al gobierno que «paralizase» el procedimiento de enajenación de una parcela en Historiador Vicente Ramos. Guanyar registró un escrito en el que instaba al ejecutivo local a que recuperase «el proyecto que en 2007 ganó el concurso convocado por el Patronato de la Vivienda para construir viviendas protegidas en esa parcela», que le costó al Ayuntamiento medio millón de euros, según Pavón.
Las críticas desde la oposición prosiguieron ya durante el pasado mes de octubre con Ciudadanos, que se ha centrado más en el propio proceso de venta del suelo. «La operación de venta de suelo municipal en Playa San Juan para la construcción de 150 viviendas de protección oficial necesita de la mayor transparencia posible, y tras la Comisión de Vigilancia de la Contratación hay puntos oscuros que conviene disipar», señalaron desde la formación naranja, que apuntaron a la oferta presentada por la primera de las cinco empresas que han concurrido al concurso público: «Cabe recordar que la licitación salió el 5 de septiembre, a las 10.15 horas, y la oferta [en alusión a la presentada por una cooperativa] entró en el Ayuntamiento el 6 de septiembre, a las 12.52. Hay que aclarar -prosiguió Cs- esta velocidad tan vertiginosa, de igual modo que tampoco acabamos de entender la presencia del concejal Carlos Castillo en la Comisión de Vigilancia de la Contratación cuando no forma parte de ella», señaló el edil Antonio Manresa, quien ha solicitado, por Registro Municipal, «toda la documentación referida al concurso para la venta de una parcela en Playa San Juan con el fin de construir 150 viviendas de VPO» con el objetivo, subrayó, de «despejar cualquier dudas sobre el proceso». Para Cs, también resulta «inusual» que, en este caso, «las cláusulas del contrato, criterios de adjudicación y medios de solvencia hayan sido decididos por la Concejalía de Patrimonio, en vez de la de Contratación que es lo que se viene haciendo de forma usual en el Consistorio». A esta crítica también se han sumado desde Compromís.
«Valentía»
El plazo de presentación de ofertas acabó el pasado 16 de octubre tras publicarse la venta del terreno el pasado 5 de septiembre en la plataforma de contratación del sector público. Al concurso, hoy paralizado por los recursos presentados ante el Ayuntamiento, se han presentado cinco ofertas, según fuentes municipales. Entre ellas, una cooperativa que ha sido centro de las sospechas de Ciudadanos, y que a su vez señala que tras la segunda oferta está el empresario Enrique Ortiz. La entidad, en un comunicado, ha criticado que Cs haya «sembrado dudas de forma malintencionada», además de denunciar la «presión en forma de lobby por parte del entorno promotor». La empresa reclama al gobierno del PP que sea «valiente», que «no se deje amedrentar» y «continúe con el concurso y adjudique el solar a quien lo merezca».
En ese escenario, el concejal de Patrimonio, el popular Carlos Castillo, ha dejado la decisión en manos de los funcionarios: «Serán exclusivamente los técnicos municipales lo que den respuesta a los recursos presentados. Una vez estén redactados los informes, se actuará en consecuencia con lo que digan los servicios jurídicos municipales, que serán los que valorarán la correcta fundamentación de todo el procedimiento». Así, la venta del terreno para la construcción de viviendas de VPO sigue a la espera, rodeada de sospechas.
