Desbloquean el primer paso para el nuevo contrato del autobús en Alicante

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante ha dado luz verde a la adjudicación del contrato para la asistencia técnica para la redacción del proyecto de prestación del servicio público y plan de viabilidad del servicio de transporte urbano de viajeros de la ciudad de Alicante. Éste es el primer paso en el camino para el nuevo contrato del transporte público en Alicante, ya que la actual adjudicación finaliza el próximo mes de junio. Con todo, el Gobierno municipal admite que no se llegará a tiempo con el nuevo contrato, por lo que se deberá buscar una solución para garantizar el transporte hasta que se adjudique el nuevo contrato.

La UTE formada por Ingartek Consulting y Broseta Abogados será la encargada de la asistencia técnica necesaria para la redacción del proyecto. Esta unión de empresas se clasificó en segundo lugar, pero la primera clasificada tuvo que renunciar al contrato al tener vínculos con la actual concesionaria del servicio, Masatusa. La UTE que será la adjudicataria del servicio ha tenido que justificar su oferta ante el Ayuntamiento, ya que fue calificada como baja temeraria por situarse en los 63.000 euros (sin IVA) frente a los 100.000 euros (sin IVA) del precio inicial registrado en la licitación. Al concurso se presentaron un total de cinco propuestas, cuatro de ellas uniones de empresas.

La redacción del proyecto previo de prestación del servicio público en Alicante para el que el Ayuntamiento persigue el objetivo de "elaborar una propuesta de racionalización y modernización de la actual concesión mediante la elaboración, diseño y explicación detallada de un mapa del servicio basado en criterios de racionalidad económica que satisfaga los objetivos estratégicos de cobertura, calidad y servicio". Así consta en el pliego de prescripciones técnicas particulares de un servicio valorado por el Ayuntamiento en un máximo de 100.000 euros (IVA no incluido) con un plazo de ejecución de cuatro meses.

Entre los trabajos a realizar por la adjudicataria se incluyen el estudio de la actual concesionaria, que lleva cincuenta años prestando el servicio, y el resto de concesiones de servicio público que puedan tener influencia. Además, se acometerá un análisis de las líneas, así como de la situación de la empresa concesionaria y se propondrá una ordenación, modernización y racionalización de la concesión basándose en datos socio-económicos, dependencias educativas y sanitarias y el sistema de transporte del área metropolitana, entre otras cuestiones.

A finales de octubre, el gobierno municipal asumió que la contrata del transporte urbano caducará, a finales del mes de junio, antes de que se haya adjudicado el nuevo contrato. Tras una reunión de la Comisión de Vigilancia de la Contratación, el edil de Transportes, José Ramón González (PP), admitió la dificultad de llegar a tiempo a un servicio que lleva medio siglo prestándose por la misma sociedad. «Va a ser muy complicado sacar en los plazos previstos este contrato, ya que ni el tripartito, ni después el PSOE, han movido ningún un papel para tramitarlo a pasar de conocer su fecha de caducidad», señaló entonces González. Se estima que, si no se producen más retrasos, la adjudicación definitiva sea casi un año después de que finalice el actual contrato.