Los colectivos vecinales critican el retraso de la puesta en marcha de la tarifa plana de autobús, con viajes ilimitados a lo largo de todo un mes por 40 euros, al entender que es una necesidad para los residentes en los barrios que trabajan en el centro de Alicante y que realizan cuatro viajes al día. Los representantes de las juntas de distrito en la Mesa del Transporte, en la que se aprobó este bono el pasado mes de noviembre y que el equipo de gobierno del PP anunció que entraría en vigor en diciembre, no entran en los reparos que ha puesto el interventor por falta de presupuesto y exigen que este acuerdo se cumpla cuanto antes. Según explicaron, la partida inicial de la que se habló en la Mesa del Transporte para poner en marcha el bono era de 600.000 euros.

El área de Intervención considera que el proyecto no dispone de la consignación presupuestaria necesaria, ya que aún no se han aprobado las cuentas municipales para este año, según confirmaron fuentes municipales. Usuarios del transporte público de Alicante han mostrado su malestar por el retraso de esta tarifa plana que el Ayuntamiento anunció que entraría en vigor el pasado diciembre. El bono se anunció para el sistema TAM (Transporte Alicante Metropolitano), que integra el autobús y el tranvía en los términos de Alicante, San Vicente, San Juan de Alicante, Mutxamel y Campello.

José María Hernández, representante de la Junta de Distrito 3 en la Mesa del Transporte, dijo estar totalmente disconforme con el proceder del interventor. "Es una demanda de los vecinos. Ya nos ha puesto antes dificultades en temas como el pago de Avant para avanzar en el desarrollo de las demandas de la plataforma Renfe. Pasó lo mismo y perdimos un año. Son dudas que luego se eliminan pero pasó el tiempo y nos perjudicó. La gente demanda este bono, lo queremos y las dudas del interventor estropean su puesta en marcha", dijo el representante vecinal, que quiere abordar esta problemática con el edil de Transportes, José Ramón González.

También estuvo en la Mesa de Transportes Enrique Vaquero Gomis, también de la Junta de Distrito 3. "Lo vendieron a bombo y plantillo, y no vemos correcto que ahora se paralice. No sé en qué se basa el interventor porque además la gente estaba bastante contenta. Los que trabajan y hacen cuatro viajes al centro les viene de maravilla, generalmente vecinos de los barrios. Sacas la cuenta y te sale. Sacarlo lo tienen que sacar. Es una de las cosas que vamos a ver en la proxima mesa, qué ha pasado. Nos ha pillado de improviso".

Zona Norte

Andrés Cremades, representante de la Zona Norte y que también está en la mesa, insistió en, al margen de los requisitos económicos, los vecinos aprobaron la medida. "Está aprobado y antes o después estará el bono, cuando salgan adelante los presupuestos municipales o se prorroguen los actuales. No entramos en eso, no sé en qué habrá puesto los reparos (el interventor) pero se tiene que poner en marcha", insistió.

Otros colectivos vecinales

También opinaron otros colectivos vecinales. "Me parece fatal, porque es un bono muy necesario ya que hay muchas personas que lo necesitan para ir al trabajo y el transporte es una parte muy importante de su sueldo, y no olvidemos que los que lo utilizan son las personas que tienen un sueldo más bajo", dijo Mari Eva Coloma, de la asociación de vecinos Virgen del Remedio.

"Es un bono que tenía que estar hace mucho tiempo y por una causa u otra nunca se pone. Social y económicamente es importante. En otras ciudades de nuestra comunidad está funcionando hace muchos años", afirmó.

Luis Romero, presidente de la asociación de vecinos de Campoamor, señaló que el retraso del bono "lo veo mal por parte de quien sea. Tengamos en cuenta que los más beneficiados son los barrios pero el fondo de esta medida es positivo. Si no hay dinero que lo saque el señor interventor de otra partida".

Plataforma por la Movilidad

La Plataforma Comarcal por la Movilidad Sostenible de l'Alacantí (PCM) considera que es un despropósito del equipo de gobierno pretender saltarse los trámites legales de puesta en marcha del bono de tarifa plana evidenciando unas prisas -quizás por razones electorales- que perjudican el interés general. "Dejemos al interventor hacer su trabajo mientras constatamos una precipitación del equipo de gobierno que denota una grave falta de planificación", señalan desde el colectivo.

En cuanto al fondo del asunto, la PCM habría propuesto que el coste de esta tarifa plana estuviera vinculado a la renta de cada usuario pues resulta injusto e ineficaz bonificar a todos los usuarios por igual sin tener en cuenta sus ingresos. Sin embargo la plataforma no ha tenido oportunidad de hacer propuesta alguna puesto que -aunque lleva años reclamando su inclusión en la Mesa del Transporte del Ayuntamiento de Alicante donde poder opinar sobre iniciativas municipales como ésta- tanto el gobierno municipal del PSOE como el del PP han rechazado su participación.

La política de bonificación tarifaria del transporte público de Alicante debería perseguir dos objetivos: facilitar a los económicamente más desfavorecidos el acceso a este fundamental servicio público, por un lado, y promover el uso del sostenible transporte público colectivo, por otro. Sin embargo, la propuesta de bono de tarifa plana aprobada por el ayuntamiento fracasa en ambos objetivos.

En cuanto al objetivo de facilitar el acceso a las personas de rentas más bajas, de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad -realizada por la Generalitat en 2018- se deduce que un alicantino medio, como máximo, solo obtendría un ahorro de 1,76 € al mes respecto al uso del bonobus ya existente, señalan desde la plataforma. "¿Realmente piensa el señor Barcala que eso ayudará a las familias más necesitadas?

En lo referido a la promoción del uso del bus o del tranvía, la misma encuesta revela que solo el 2% de las personas justifican no usar el autobús porque les resulta caro. Es decir, el precio no es un factor relevante a la hora de usar o no el bus puesto que los usuarios cautivos no disponen de otra alternativa y el resto valoran otros aspectos como más decisivos: inexistencia, incomodidad, lentitud, horarios, frecuencia, etc. Consideran que no es la medida acertada y que no favorece a las familias más necesitadas, señala su portavoz Iñaqui Malluguiza.

La oposición, contra anuncios electoralistas

La oposición municipal ha coincidido hoy a la hora de criticar al alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, por realizar anuncios con fines electorales sin tener cerrada la consignación presupuestaria necesaria para los proyectos. Así responden a la decisión del interventor municipal de bloquear el bono de 30 días, con tarifa plana para viajar sin límite durante un mes por 40 euros en el transporte público de Alicante ante la falta de presupuesto, ya que todavía no se han aprobado las cuentas municipales para 2019.

Desde el PSOE, el concejal Fernando Marcos ha asegurado que "lo que ha sucedido con el abono transporte es lo mismo que sucede con todas las iniciativas de Barcala, una chapuza tras otra". "En lugar de ponerse a trabajar, o al menos comprobar el proceso para sacar adelante proyectos, se limitan a realizar anuncios. Una vez realizado el anuncio viene la realidad, o en este caso el interventor, a demostrarles que no pueden actuar de esa forma", ha señalado Marcos, quien ha defendido la postura de Intervención: "Suponemos que si el interventor ha parado el bono no será por capricho, será porque como es habitual habrán hecho mal el procedimiento. Ya es hora de que pongan fin a la parálisis que han provocado y comiencen a trabajar".

En la misma línea se ha mostrado el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, también crítico con el alcalde: "Es una consecuencia de las prisas electoralistas del PP, vendiendo supuestos logros que no se pueden materializar al no existir consignación presupuestaria. Hasta que no se apruebe definitivamente el Presupuesto de 2019, en marzo, una aprobación que depende del voto de los grupos de la oposición, la tarifa plana no podrá aplicarse. Barcala ha creado en la ciudadanía falsas expectativas respecto a la inmediata aplicacion de la tarifa plana y el interventor le ha hecho bajar a la realidad".

Desde Ciudadanos, la portavoz Yaneth Giraldo se ha unido a la crítica por la política electoralista de Barcala: "El PP es muy rápido en anunciar medidas de impacto entre la ciudadanía sin tener previamente bien atado la viabilidad técnica de las mismas. Lo que queda claro es que persiguen réditos electoralistas, y que estos temas hay que abordarlos de forma rigurosa para no generar falsas expectativas".

Por último, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha subrayado que la palabra del Gobierno del PP "no vale nada" y ha criticado el ritmo de los populares en la aprobación del Presupuesto. "La paralización del PP afecta a proyectos fundamentales. La palabra del PP no vale nada. Cada compromiso que dan, la realidad se lo desmiente. Al ritmo que vamos con los Presupuestos, el Ayuntamiento los va a aprobar, si se aprueban, en las mismas fechas que si hubiera Plan de Ajuste. Por tanto, no es razonable que echen ahora la culpa al interventor".