Cuatro concejales y cuatro funcionarios municipales serán llamados a declarar en la comisión de investigación sobre los polémicos contratos del Patronato de Vivienda que se ha constituido hoy. Éste es el acuerdo al que han llegado los cinco grupos municipales en la primera reunión de un órgano creado por el Pleno tras destaparse las posibles irregularidades sobre las que alertó el interventor municipal respecto a unas obras en un local municipal impulsadas por el Patronato de la Vivienda.

En el ámbito político, la comisión ha acordado citar a los responsables de Vivienda durante este mandato, además de Marisol Moreno (Guanyar), que era concejala de Juventud en el inicio de las obras. Así, por el órgano pasarán (si aceptan la comparecencia) la concejala Julia Angulo (Guanyar), la socialista Sofía Morales (que renunció a su acta como miembro de la corporación el pasado verano) y el popular Israel Cortés. Además, también serán citados los funcionarios que han tenido alguna relación con los polémicos contratos. El primero que pasará por la comisión será el interventor municipal, Francisco Guardiola, que fue quien alertó de un fraccionamiento de contratos; el gerente del Patronato, Gaspar Mayor, además de la arquitecta del Patronato y el secretario municipal. A la reunión de hoy no han asistido el concejal de Hacienda, el popular Carlos Castillo, ni la edil de Guanyar Shaila Villar.

Las comparecencias empezarán el próximo 18 de febrero y puede que se prolonguen hasta un día después, el martes 19. Además, los grupos han dado un mes de plazo para que esté listo el informe jurídico que el alcalde, el popular Luis Barcala, aseguró que iba a pedir a los Servicios Jurídicos a mediados del pasado mes de diciembre. Así que los abogados del Ayuntamiento dispondrán, en total, de dos meses para elaborar el informe jurídico que también se aportará a la comisión. Los grupos, por su parte, recibirán en un plazo máximo de una semana toda la documentación relativa al expediente de las obras de rehabilitación de un local municipal en la calle Cisneros, valoradas en 59.240 euros tras los retoques en el proyecto para evitar que superase el límite legal para un contrato menor, situado en los 50.000 euros (sin IVA). Las obras en el local se produjeron para acoger a los trabajadores del Centro 14, que fueron desalojados tras un informe de Bomberos en el que se alertaba de deficiencias en el edificio de la calle Labradores.

El interventor del Ayuntamiento bloqueó en un primer momento el intento del Patronato de la Vivienda, con Gaspar Mayor como gerente, de fraccionar el proyecto en tres contratos menores, relativos a las propias obras, a una plataforma elevadora y a unos honorarios profesionales. La suma de esos tres contratos menores alcanzó los 56.758 (sin IVA). El alto funcionario municipal exigió que se tramitara una contratación por procedimiento negociado sin publicidad, pero el Patronato de la Vivienda decidió modificar el proyecto inicial para que el importe no rebasase el límite para contratos menores de obras que recoge la ley. El cambio del proyecto se acometió a mitad de las obras.

Reacciones políticas

Tras la comisión de hoy, el presidente del órgano y concejal popular, José Ramón González, ha explicado lo acordado y ha recordado que, salvo Ciudadanos, todos los grupos municipales han gobernado este mandado: "Hemos acordado el calendario de actuaciones. Además, ya está pedido el informe jurídico, para saber si hay responsabilidades y si las hay de quién son. Hemos puesto además fecha para la comparecencia de funcionarios y políticos. No olvidemos que en este proceso han estado gobernando el triparitto, el PSOE en solitario y en los últimos meses el PP".

Por su parte, la portavoz socialista, Eva Montesinos, ha ironizado sobre el informe jurídico supuestamente pedido por Barcala: "Estamos seguros que el informe ya está solicitado. No va mentir el alcalde...". En la misma línea se ha mostrado el portavoz de Compromís, Natxo Bellido: "La gran sorpresa es la de siempre: un alcalde que dice unas cosas y no sabemos si las hace. El presidente de la comisión ha propuesto pedir un informe, y nos hemos extrañado porque el alcalde ya lo anunció hace un mes. Vemos una vez más que la palabra del alcalde vale muy poco. Es raro que un compañero del equipo de gobierno no sepa nada del informe". Fuentes municipales han asegurado que el alcalde pidió verbalmente el informe a los Servicios Jurídicos hace un mes.

Desde Guanyar, el portavoz Miguel Ángel Pavón ha defendido la gestión de su grupo en el Patronato de la Vivienda: "La comisión debe aclarar las presuntas irregularidades que apunta el interventor. Nuestra actuación se limitó a gestionar el traslado del Centro 14 ante un informe del SPEIS que obligaba a ello y a que se dispusiera del dinero necesario para las obras precisas. Nada más".

Por último, la portavoz de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, ha reclamado "máxima seriedad" y que la comisión "no se convierta en un rifirrafe entre los distintos partidos que han tenido responsabilidad en Vivienda, es decir, Guanyar, PSOE y Partido Popular".