Adiós al intento del Ayuntamiento de Alicante de revertir la propiedad del Monasterio de Santa Faz. El PP de Luis Barcala ha logrado sacar adelante una moción que supondrá la disolución de la comisión creada el pasado mes de noviembre para estudiar la reversión de la propiedad del convento y de otros bienes de la Iglesia.
La propuesta ha contado con los esperados votos a favor del PP y de Ciudadanos, que ya se aliaron sin éxito cuando se creó la comisión, y la necesaria abstención de la tránsfuga Nerea Belmonte, que ha pasado en dos meses de votar con sus excompañeros del tripartito a abstenerse, dando la opción al alcalde de usar su voto de calidad en caso de empate.
La moción ha sido defendida por el concejal popular Carlos Castillo, quien ha sostenido que la comisión se ha quedado sin sustento tras el regreso de las monjas Clarisas al convento a principios de este mes. Además ha insistido que la izquierda solo busca una "causa general" contra los bienes de la Iglesia. "El regreso les ha dejado sin argumentos. La Santa Faz no se toca, no vamos a permitir que se utilice para hacer política sectaria", ha señalado Castillo. En una línea similar se ha posicionado Ciudadanos, a través de su portavoz Yaneth Giraldo: "No queremos usar la Santa Faz para emprender cruzadas ideológicas".
La tránsfuga Belmonte, por su parte, que hace dos meses se unió a los exsocios del tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) para propiciar la creación de una comisión que recientemente celebró su primera sesión, hoy ha apostado por la abstención, argumentando ahora que como concejala no adscrita no puede asistir a las comisiones no permanentes.
En la posición contraria se ha situado la izquierda, que en este caso ha permanecido unida. El concejal socialista Carlos Giménez ha defendido que la normalidad no ha vuelto a Santa Faz, ya que las "monjas están de forma interina, como usted en el gobierno, señor Barcala".
Desde Guanyar, el portavoz Miguel Ángel Pavón ha afeado al alcalde y también a Ciudadanos que "renieguen" ahora de lo que defendieron al principio de la polémica, cuando apostaron por defender el patrimonio alicantino. "No sabemos qué miedo tienen a esta comisión. Si tienen tan claro que no se puede revertir, déjenos trabajar y que nos estrellemos", ha apuntado Pavón, quien ha añadido que Barcala "lleva muy mal los acuerdos plenarios que no apoya".
Por último, el portavoz Natxo Bellido(Compromís) ha subrayado que no es "democrático votar cada mes sobre algo que ya se ha debatido", ademas de recordar que las reglas del juego de la comisión se aprobaron por unanimidad en la sesión celebrada este mes de enero.
Con todo, la propuesta del PP ha salido adelante, al sumar al esperado apoyo de Ciudadanos la abstención de la tránsfuga Belmonte. Así, la comisión, creada para estudiar la reversión de la propiedad del Monasterio de Santa Faz y de otros bienes de la Diócesis, ha quedado disuelta. Por ahora, el convento seguirá en manos de la Iglesia.
Sin cambios en Pino y Ruaya
Tras conseguir disolver la Comisión de Santa Faz, el Gobierno municipal del PP también ha ganado el pulso a Guanyar, que había presentado una moción para obligar al alcalde Luis Barcala y a la concejala de Urbanismo, Mari Carmen de España, a dar marcha atrás del acuerdo plenario sobre las condiciones urbanísticas de las fincas Pino y Ruaya. La Conselleria de Vertebracion del Territorio dio un plazo de un mes, ya cumplido, para modificar la ordenación urbanística llevada a cabo en cumplimiento de una sentencia judicial de hace mas de 25 años.
La propuesta en el Pleno de hoy ha contado con los votos a favor de Guanyar y Compromís (8) y el voto en contra de PP y Ciudadanos, junto al de la tránsfuga Nerea Belmonte (14). El otro tránsfuga, Fernando Sepulcre, se ha abstenido, al igual que el PSOE (7).
Guanyar, a través de su portavoz Miguel Ángel Pavón, pretendía que el Gobierno municipal del PP rectificara el acuerdo por el que se estableció las condiciones urbanísticas de las fincas Pino y Ruaya, reconociendo una superficie de 47 hectáreas, con una calificación de suelo urbanizable, un uso predominantemente residencial y una edificación máxima de 50 viviendas por hectárea. Es decir, permitiéndose la construcción de unas 2.350 viviendas en un terreno anexo a la avenida de Dénia.
El Ejecutivo de Barcala se negó desde el primer momento a acceder a la petición del departamento que dirige María José Salvador, que mantiene que el Ayuntamiento se extralimitó de la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de 1992. La Conselleria tiene dos meses para impugnar el acuerdo plenario de Alicante que seguirá en vigor después de que el Pleno haya rechazado hoy rectificarlo.
Rechazo a los Presupuestos de Sánchez
El Ayuntamiento de Alicante ha rechazado hoy los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno del socialista Pedro Sánchez por considerarlos “injustos y contrarios a los intereses de los alicantinos”, además de instar a la Generalitat Valenciana, encabezada por el socialista Ximo Puig, a “impulsar los cambios necesarios en los Presupuestos autonómicos, ya aprobados, para “cohesionar a los valencianos y para conseguir unas inversiones justas para la ciudad de Alicante”.
La propuesta de rechazo a las cuentas que tramita el Ejecutivo de Sánchez, impulsada por el PP de Luis Barcala, ha sido aprobada con los votos a favor de los populares, de Cs y de los dos concejales tránsfugas (15), pese al rechazo de PSOE y Compromís (9) y la abstención de Guanyar (5)
