La Fiscalía Anticorrupción ha pedido cuatro años de prisión para cada uno de los cuatro acusados de amañar obras del Plan E para repartirse la adjudicación de los proyectos, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario. Los acusados son el exvicealcalde y exconcejal de Atención Urbana del Ayuntamiento de Alicante, Andrés Llorens, el funcionario José Lidón, así como los responsables de CCMS y Becsa, las dos mercantiles que ejecutaron los proyectos bajo sospecha, Javier Álvarez y Juan Manuel Valdivieso, respectivamente. Los dos primeros serían autores materiales del delito, mientras que los dos empresarios serían cooperadores necesarios.
Entre las dos mercantiles se adjudicaron trabajos cuyo presupuesto sumaba 7,3 millones de euros. El fiscal estima un perjuicio para el Ayuntamiento de Alicante de 1,6 millones de euros por las adjudicaciones irregulares. El juzgado de Instrucción número dos de Alicante ha terminado la investigación y ahora las distintas partes presentan sus escritos de conclusiones. Cuando la magistrada Patricia Romero abra juicio oral será el momento de enviar la causa a la Audiencia para su enjuiciamiento.
El fiscal considera que hubo connivencia entre el técnico municipal y los dos empresarios para repartirse las contratas, que formaron parte del llamado Plan E y que consistió en un programa de inversiones del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ejecutado desde 2009 a través de los ayuntamientos para intentar estimular la economía durante el inicio de la crisis.
Según el escrito de acusación, desde la mercantil Becsa se confeccionó el pliego de condiciones de diversos proyectos que se iban a financiar con fondos del Plan E. El técnico municipal acusado firmaba después esos proyectos como propios, «resultando Becsa la adjudicataria final y CCMS (...) la mercantil subcontrada». El fiscal sostiene que esta acción irregular se produjo «en el marco de un acuerdo con miembros del Ayuntamiento de Alicante», entre los que se encontrarían Llorens y el funcionario.
1,6 millones | El fiscal estima en 1,6 millones de euros el perjuicio a las arcas municipales por la contratación irregular.
El fiscal Felipe Briones señala que Llorens era quien firmaba todas las licitaciones bajo sospecha y su concejalía era la que gestionaba todas las obras. En el escrito de acusación relata también los vínculos del hermano del concejal con la empresa que ejecutó uno de los proyectos más caros, la instalación de 140 contenedores soterrados en el casco antiguo, plazas y otras calles de Alicante y que sumaban poco más de tres millones de euros. El hermano de Llorens trabajó tanto para la mercantil que fabricó los contenedores, como para CCMS.
En su escrito de conclusiones, Briones asevera que el funcionario José Lidón era la persona que verdaderamente estaba detrás de la mercantil CCMS y que interpuso como administrador a Javier Álvarez al frente de la misma para poder así contratar con el Ayuntamiento de Alicante. Esta empresa comenzó sus operaciones el 7 de marzo de 2006 y, según el escrito de acusación, su principal fuente de ingresos fue el Ayuntamiento de Alicante, con quien obtuvo un importe total de negocio de 3,4 millones de euros entre los años 2006-2010, un importe muy superior que la que tenía con sus restantes clientes.
La Fiscalía sostiene que algunos de los trabajos investigados fueron adjudicados directamente a CCMS en procedimiento en los que Llores era el concejal y Lidón el técnico. Estos trabajos fueron las obras de adecuación de la mediana de la avenida de Villajoyosa en la Albufereta por 246.269 euros; el acondicionamiento del parque de Canalejas por 359.728,57 euros; la renovación de la plaza de Altozano, por 369.732,63 euros; el servicio de mantenimiento parcial de vías públicas por 1,7 millones, trabajo que se adjudicó a una Unión Temporal de Empresas, formada por Enrique Ortiz e Hijos y CCMS; y finalmente las obras para la evacuación de aguas pluviales en la avenida del Pintor Pérez Gil, por 115.000 euros.
Subcontrataciones
El otro grupo de trabajos bajo sospecha se adjudicaron a la mercantil Becsa que a su vez se subcontrataron a CCMS. Estos proyectos fueron la renovación parcial del pavimento de la Explanada, por 597.269,07 euros; la reforma de la plaza de la Montañeta, por 1.038.497, 41 euros; y la instalación de 140 contenedores soterrados en distintas calles de la ciudad y cuyo importe superó los tres millones de euros. Este proyecto se ejecutó en dos partes, la primera en el año 2009 y se centró en 40 recipientes en el casco antiguo y algunas plazas de la ciudad. Mientras que la segunda, consistió en otros 100 contenedores en otras calles de Alicante.
El fiscal estima que el perjuicio para el Ayuntamiento de Alicante por estas adjudicaciones irregulares fue de 1,6 millones de euros, «al quedar viciada la igualdad en las contrataciones». Cantidad que el fiscal determina por el cálculo del beneficio industrial (6%) y los gastos generales (13%) del dinero recibido por ambas mercantiles por el Ayuntamiento.
Además de los cuatro años de prisión, el fiscal pide once años de inhabilitación para empleo o cargo público del exedil y del técnico. Para los empresarios se pide que se les inhabilite durante seis años para poder recibir subvenciones o poder contratar con la Administración Pública.
