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Archivan el caso del dispositivo de grabación hallado en Urbanismo porque «ni funcionaba»

La investigación de la Policía tampoco puede determinar quién colocó el dispositivo en el despacho al haber pasado por numerosas manos

La edil Eva Montesinos con el dispositivo en la mano cuando se hicieron públicos los hechos. Álex domínguez

La Fiscalía ha archivado la investigación por el dispositivo de grabación hallado el año pasado en la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, según confirmaron a este diario fuentes del Ministerio Público. Las pesquisas estaban a expensas de recibir un informe de la Policía sobre el estudio del dispositivo, una investigación en la que no se ha podido encontrar nada concreto. Ni huellas de la persona que pudo ponerlo allí, ni otros elementos identificativos del dispositivo, porque este ni siquiera funcionaba.

El aparato fue encontrado el 15 de enero del año pasado en los bajos de un mueble situado junto a la mesa de la entonces edil del área la socialista Eva Montesinos. La concejal acababa de ocupar el despacho de su predecesor en el cargo, el edil de Guanyar Miguel Ángel Pavón, después de la ruptura del tripartito. El equipo de gobierno rehusó entonces denunciar los hechos en su día, pero el hallazgo se hizo público dos meses más tarde y fue Compromís quien acudió a la Fiscalía para que se abriera una investigación por si se pudieran derivar de los hechos responsabilidades penales. Por su parte, Pavón acudió a la Comisaría para presentar la denuncia. La Fiscalía quedó a la espera de las actuaciones policiales para determinar si había un delito de revelación de secretos y si enviaba las diligencias al juzgado.

El informe policial concluye que el dispositivo encontrado no tenía capacidad alguna para grabar, ni funcionaba. Esta pieza formaba parte de un sistema de autograbación para circuito cerrado que debe ir conectado a un ordenador y a un micrófono. En el citado despacho no se ha podido encontrar ni un aparato emisor ni un receptor.

Contaminación

También concluye la Policía que el dispositivo ha pasado por tantas manos que es imposible establecer a través de las huellas quién pudo colocar el dispositivo. Desde el momento de su hallazgo, este dispositivo ha pasado por un número indeterminado de personas, por lo que no hay garantías de que las huellas puedan contribuir a identificar a la persona que lo colocó allí. Por todo ello, y a la vista del informe policial, la Fiscalía ha archivado la investigación al no poder dirigir las actuaciones contra ninguna persona.

La decisión se adopta cuando ya había terminado el plazo para la investigación. Hace seis meses la Fiscalía ya tuvo que pedir una prórroga a la espera de recibir el informe de la Policía. Vencida la prórroga, el Ministerio Público ha recibido las conclusiones de las pesquisas policiales, en las que no se puede concluir nada sobre quién pudo colocar el aparato en el despacho.

La edil Montesinos explicó en su día que «se hizo un barrido a petición mía porque empecé a notar que en un punto del despacho el móvil dejaba de tener cobertura muy puntual. Pedí al jefe de seguridad de Alcaldía que se hiciera un barrido y se encontró un dispositivo debajo de un mueble del despacho. Al día siguiente fuimos a la Policía Nacional, donde un alto cargo y un responsable de la Unidad Tecnológica estuvieron analizando el dispositivo y llegaron a la conclusión de que era una parte de otro dispositivo. Éste no tenía capacidad de grabación, sino que formaba parte de otro que iría conectado a un ordenador. El que lo manipulaba, era quien lo utilizaba para grabar». Unas conclusiones similares a las que ha llegado la Policía a la hora de dictar el informe que ha abocado a dar carpetazo a las actuaciones.

Asignado el fiscal para la denuncia del espionaje de correos

La Fiscalía ha designado al fiscal Enrique Manchón, que se ocupa de delitos informáticos, para estudiar la denuncia de Ciudadanos sobre el supuesto espionaje de correos a concejales en el Ayuntamiento de Alicante. El escrito de Cs, sin embargo, apunta a la posible existencia de un delito de descubrimiento y revelaciones de secretos cometido por personas indeterminadas, a partir de la creación de una «contraseña maestra» que permitía acceder al correo de los ediles.

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