Los cambios introducidos por la Conselleria de Educación sobre el régimen de los conciertos educativos a la hora de regular el pago delegado, es decir, la nómina de los profesores que contrata el Obispado, han indignado al sindicato mayoritario de sector, Fsie, que está estudiando «todas las vías posibles» para llevar la normativa a los tribunales.
«Las novedades perjudican significativamente las sustituciones de profesorado, porque no se permiten cinco días antes de empezar un periodo vacacional, ni tampoco en los cinco días previos a una jornada no lectiva», critica el delegado provincial del citado sindicato mayoritario, José Gabriel Alfonso.
Tampoco comparten que en la nueva resolución se limite el ejercicio de la docencia a las 25 horas semanales, lo que se tipifica como una dedicación completa, «porque se dan casos en centros pequeños en los que el número de horas se comparte con otros colegios y en ocasiones se hace necesario llegar a las 27 o 28 horas», precisa Alfonso. En el sector de la concertada perciben que de esta otra forma se quedarán sin cubrir necesidades de alumnado porque «para dos horas sueltas será muy difícil encontrar un especialista. En lugar de facilitar las cosas las entorpecen», puntualizan.
Por otra parte, la dirección del centro no podrá asumir a un tiempo otro cargo como la jefatura de estudios o la dirección de un departamento. «En centros grandes nos parece muy adecuado pero en los que son más pequeños no lo es tanto, porque en ocasiones no hay otra persona preparada para asumir ese otro cargo, abunda el delegado provincial.
El sindicato apunta que se trata de garantizar los «derechos de los trabajadores y de los centros», y que por eso valora recurrir los cambios porque «parte de la norma vulnera abiertamente las resoluciones jurídicas existentes», afirman.
Antigüedad
Los derechos reconocidos por antigüedad laboral son uno de los escollos más importantes para el sindicato de la concertada. «Solo se reconocen los periodos trabajados como docente, lo que perjudica a quienes trabajando en la administración de un centro son asignados para dar clase. Tienen una antigüedad laboral mucho mayor pero no se le reconoce», puntualiza Alfonso.
Los cambios introducidos por la Conselleria de Educación tratan de dar una vuelta de tuerca para evitar situaciones irregulares que se han podido producir e otros momentos. «Aunque obedezca a malas experiencias no se puede mirar a todos con ese rasero», lamentan en el Fsie.
De los 38 centros concertados de una línea que hay en toda la Comunidad, los más pequeños que son los que se pueden ver más perjudicados con estas medidas, 9 se encuentran en la provincia de Alicante.
El sindicato también reclama que Educación pague a los profesionales de apoyo en aulas con alumnos de Educación Especial igual que se hace cargo del sueldo de los profesores.
