La Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó -50.000 hectáreas de regadío y una población abastecida de 1,5 millones de usuarios- ha vuelto a insistir, tras la elección del nuevo presidente, José Antonio Berenguer, a su vez responsable de la comunidad de regantes de Aspe, en que los agricultores no pueden hacerse cargo de la amortización de las obras del trasvase tras el cambio de la toma, ni del pago de la desaladora de Mutxamel, diseñada en principio para abastrecer las viviendas del fallido Plan Rabasa, e incorporada después de manera unilateral por el Gobierno al proyecto para abastecer de agua ante la falta de calidad del agua que debe llegar de la desembocadura del Júcar.
Además, los regantes reclaman al Ministerio para la Transición Ecológica un riego de socorro para poder garantizar las cosechas del verano, ya que no han vuelto a recibir una sola gota de agua desde septiembre de 2018. Los agricultores aceptan pagar agua de la planta pero no asumir el pago de su construcción.
En la asamblea general, celebrada anteayer para renovar la Junta Central tras la dimisión de Andrés Martínez, fueron elegidos José Antonio Berenguer (presidente), y Pedro Menor y Francisco Santiago vicepresidentes.
La Junta Central ha hecho pública una nota de prensa en al que subraya que "resulta inasumible para los usuarios soportar los gastos de amortización de tales obras, resultando incluso muy superiores a los costes que actualmente están soportando, asumir los gastos de la explotación de ambas infraestructuras. Reiteramos que debe dictarse una resolución expresa decretando la aplicación del principio de exención de la recuperación de los costes de inversión de ambas infraestructuras, tal como se recoge en el Anejo 9 de la Memoria del vigente plan hidrológico del Júcar".
Los usuarios reclaman que se concrete un marco estable, técnico y jurídico para la puesta en marcha de forma progresiva pero inmediata de ambas infraestructuras (trasvase y desaladora) para cumplir los objetivos medioambientales y mantener la estructura socioeconómico de las comarcas del Vinalopó y l`Alacantí vinculadas al uso de los recursos, para evitar conflictos sociales y económicos, especialmente en la agricultura de regadío y la infrautilización de las infraestructuras con unas costosísimas inversiones públicas.
"Que de forma inmediata se concrete transferencia de recursos desde el Júcar al sistema Vinalopó-Alacantí, para la presente campaña agrícola para evitar la pérdida de cosechas a un precio asumible para los usuarios, que excluya los costes de la inversión de la infraestructura, por ser inasumibles, tal como se ha indicado, justificando adecuadamente los costes de la explotación", reclaman.
En cuanto a la gestión del embalse del Toscar, cuya tirularidad asumió la Generalitat la semana pasada, la Junta Central exigir "hasta la resolución judicial definitiva sobre la naturaleza jurídica del embalse, entregado a la Junta Central, que la juntal continúe con el uso, mantenimiento y explotación de dicha infraestructura, para cumplir con su finalidad, como viene haciendo desde hace más de cinco años, coordinadamente con la Consellería de Agricultura".
