La Audiencia de Alicante tampoco se ha creído que dirigentes socialistas intentaran comprar el voto de la edil tránsfuga en el Ayuntamiento de Alicante, Nerea Belmonte, para que apoyara a su candidata a la Alcaldía, Eva Montesinos, según un auto notificado ayer contra el que no cabe recurso. En línea con la postura del juez instructor, el tribunal de la sección Primera ha resuelto dar carpetazo definitivo al caso y, con ello, archivar las actuaciones para el dirigente socialista Ángel Franco, único investigado en esta causa después de que tanto Belmonte como su amiga Elsa Martínez le señalaran en sede judicial como el portavoz de la oferta: un sueldo de 3.500 euros al mes y un puesto de salida para las elecciones que ahora van a celebrarse.
La sala rechaza el recurso contra el sobreseimiento presentado por el fiscal anticorrupción, Felipe Briones, a quien afea que enviara al juzgado las actuaciones que inició sobre este tema sin concretar el delito. Y le recuerda que la Audiencia no puede acordar diligencias (como la geolocalización de los móviles de Franco y Martínez) que el instructor ya había rechazado por inútiles. «La parte acusadora no tiene derecho a que el órgano judicial lleve a cabo una actividad investigadora exhaustiva o ilimitada una vez constatado que los hechos que se investigan no son constitutivos de delito», argumenta.
Briones abrió la investigación después del que el exdirigente vecinal José Luis Valdés llevara a la Fiscalía la intervención de la exedil trásfuga en el primer pleno como alcalde el popular Luis Barcala donde dijo que «la izquierda» le había ofrecido un sueldo y un puesto de salida en las elecciones a cambio de que apoyara a Montesinos, lo que no hizo.
En paralelo, la oposición en pleno presentó otra denuncia también en la Fiscalía para que se indagara si fue realmente el PP (que consiguió la Alcaldía tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri precisamente por el voto en blanco de Belmonte) quien le estaba pagando su apoyo con un asesor. Unas actuaciones que el Ministerio Público acabó archivando.
En el auto notificado ayer, del que ha sido ponente la magistrada Virtudes López, se afirma que «tanto la falta de denuncia de los hechos como la posible existencia de intereses políticos y personales en las manifestaciones finalmente vertidas por Nerea Belmonte en el pleno de investidura, y ulteriormente por Elsa Martínez, significado miembro del PP que ha desempeñado cargos públicos relevantes como tal, hacen dudar de la objetividad de los testimonios emitidos. Finalmente, tampoco existe colaboración periférica alguna de dichos testimonios, pues resultaría ingenuo considerar tal el mensaje de WhatsApp que la señora Martínez a José Muñoz (secretario de Organización del PSPV) el 19 de abril de 2018. Todo ello impide afirmar de forma mínimamente sólida la existencia de los indicios de criminalidad que el fiscal reclama».
«Justicia a tiempo»
Para Franco, «la Justicia esta vez sí que ha llegado a tiempo y ha desmontado una acusación falsa que se ha utilizado como una cortina de humo para ocultar verdadero beneficiario de esta operación, que no es otro que el PP y el señor Luis Barcala». Quien ha movido los hilos del PSOE en Alicante durante las última décadas comparó lo ocurrido con Belmonte «con el tamallazo de Madrid y el marujazo de Zaplana en Benidorm, unos contubernios han conducido a que los ciudadanos tengan por alcaldes a personas a las que no han votado».
