En la recta final del curso en el que se ha estrenado el programa estrella de la Conselleria de Educación, el plurilingüismo por el fomento de la enseñanza del valenciano y la incorporación de auxiliares nativos para impulsar el inglés oral, ambas iniciativas chocan con la falta de los profesores necesarios para el éxito de este aprendizaje.
El déficit de docentes de Valenciano se arrastra desde los primeros compases del curso porque ante el anuncio de la convocatoria de oposiciones masivas de Secundaria -cerca de 300 plazas para Valenciano y las mayores de la última década con más de 4.500 plazas totales en liza-, buena parte de los aspirantes interinos se han desactivado de las bolsas de empleo para estudiar, y Educación se las ve y se las desea para sustituir las bajas. El secretario autonómico y número dos de la conselleria, Miguel Soler, admite que sigue «pendiente».
Las federaciones de padres de alumnos, viendo que acaba el curso con casos de institutos sin profesor de Valenciano durante meses, han decidido exigir a la conselleria la responsabilidad patrimonial por la pérdida de horas de clase para sus hijos, al tiempo que reclaman el pago de academias privadas, a 10 euros la hora, para que tengan la opción de recuperar las clases perdidas.
Así lo acordó la última asamblea de AMPAs celebrada por la Fapa Gabriel Miró de Alicante este mismo mes, como recalca el presidente, Julián Navarro. «No se puede pregonar un proyecto plurilingüe en la Comunidad cuando no es cierto. Al final se queda en bilingüismo pero como tampoco hay suficientes nativos de inglés ni maestros con el nivel B2 que se exige, se queda en una sola lengua para la que faltan profesores en Secundaria», lamenta Navarro.
Por la Fapa Enric Valor su presidente, Txomin Angós, se lleva igualmente las manos a la cabeza ante la «falta de recursos para el producto estrella de esta conselleria, el valenciano, y que pague con tanto retraso a los nativos de inglés. No es un aliciente para que vengan más», critica. Este curso se han contratado 600 para el millar de colegios en la Comunidad y Educación sigue sin poder asegurar que para el próximo curso todos los colegios tengan uno porque «depende de que los envíe el Ministerio de Educación», concreta Miguel Soler. Destaca por otra parte que las estancias de docentes en Irlanda y Reino Unido este curso serán 2.000, el doble que el pasado.
Pero a Julia María Llopis, que preside la federación provincial de centros concertados, tanto los nativos, exclusivos para centros públicos, como las estancias en el extranjero, que prácticamente se circunscriben a la pública, le parece «muy discriminatorio».
Sustituciones
Las miradas por la falta de docentes para sustituciones, incluidos los educadores para la inclusión real de alumnos con discapacidades, que este curso han visto recortado este apoyo -como añade el vicepresidente de la asociación de directores de colegios en la provincia, Miguel Andreu-, se dirigen hacia la Conselleria.
Miguel Soler admite que sigue pendiente la adecuada cobertura de educadores para niños con necesidades especiales, y que especialidades como el Valenciano cuesta cubrirlas «en determinadas zonas», pero contrarresta el dato con «la cifra más alta de profesorado de toda la historia con respecto al curso 2014-15: 5.104 más en la pública y 947 más en la concertada», concreta.
Sus datos no convencen. «La Conselleria no ha sabido prever y gestionar estas situaciones, es su responsabilidad», abunda el secretario general de enseñanza de UGT, Pepe Gil. Añade que pese a la adjudicación semanal de plazas urgentes, no se ha resuelto el problema por la falta de docentes disponibles, y le cuesta creer que no haya solución. Sopesa que debería replantearse lo de exigir la «capacitació», y Xelo Valls, delegada de CC OO, incluso apuesta por suprimirla y que «el requisito docente exigido en Valenciano sea el nivel C1, como pasa en Cataluña y Baleares».
El portavoz de los directores de Secundaria, Toni González Picornell, sugiere la vuelta puntual al sistema que obligaba a coger plaza y confía en que tras las oposiciones «aumente la gente en bolsa sin desactivar y se resuelva el problema. La regeneración de las bolsas desde septiembre debe dar respuestas que garanticen las plantillas», suscribe. No obstante, al igual que el representante de los directores en el Consejo Escolar de Alicante, José Antonio Perelló, destaca que las sustituciones semanales se han agilizado significativamente a excepción de lo sucedido en especialidades como el Valenciano.
El profesorado culpa también a la Conselleria de no actualizar las plantillas que recortó el PP durante la crisis económica, recuerda Marc Candela del STEPV. Tutores de apoyo en Primaria y permisos y excedencias del profesorado, junto a la reducción de las horas lectivas a 23 en Primaria y a 18 en Secundaria, así como la bajada generalizada de la ratio en todas las etapas, son promesas incumplidas que reclaman todas las formaciones. Soler afirma que ya se ha reducido el horario al 47% del profesorado de la ESO, que hay tutor en el 62% de la aulas de Primaria y que se ha bajado la ratio en los institutos a excepción de cuarto de la ESO, previsto para el curso próximo.
Picornell insiste en que lo idóneo para una enseñanza más individualizada son grupos de 20 alumnos, y que se superan los 30 por la matrícula sobrevenida en gran parte de la provincia. Además, los directores siguen sin aceptar la responsabilidad de socorrer a los alumnos crónicos en el aula, porque excede sus conocimientos, y ANPE exige cambios en el protocolo sanitario que ha llevado a los tribunales.
A los padres, por contra, les preocupa mucho más que sus hijos sigan otro curso bajo techados de fibrocemento o en barracones, y que no se estabilicen las plantillas, porque hay centros de la Vega Baja donde cada año cambia el 80% del profesorado, como lamenta Angós, frente a lo que Miguel Soler anuncia la «adopción de medidas en centros de determinadas comarcas».
20.000 alumnos, con la matrícula en vilo en los colegios concertados
Llueve sobre mojado. El curso pasado tocó renovar los conciertos de las aulas de Infantil, Secundaria y Bachillerato, y la Conselleria de Educación no informó a los centros sobre su decisión hasta el mes de junio, cuando ya los padres habían escogido colegio para sus hijos sin saber a ciencia cierta si las aulas mantendrían la subvención. De hecho, algunas de Bachillerato no fueron admitidas, aunque posteriormente el TSJ ha ido fallando a favor de los colegios.
Este curso llega el turno de renovar la subvención de las aulas de Primaria, con más de 20.000 alumnos escolarizados en los 82 centros concertados de la provincia. Y el sindicato mayoritario del sector, FSIE, lanza una alerta para reclamar «diligencia y garantías» a la Conselleria. «La desinformación y falta de cooperación provocan incertidumbre entre las familias y el profesorado», apunta el delegado provincial del citado sindicato, José Gabriel Alfonso. La formación lamenta que esta situación se haya generado en «plena matriculación y a las puertas de una cita electoral».
Preocupación
La referida orden de renovación de los conciertos, con los requisitos e instrucciones que deben cumplir los colegios para mantener dicha subvención, se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat en los primeros compases de este año, y representantes del sindicato mayoritario de la enseñanza concertada arrancaron a Educación el compromiso verbal de informar tanto a la patronal del sector, como a los representantes docentes, sobre la resolución de los citados conciertos en todas las aulas de Primaria «para tener margen de ación, asesorar a los centros afectados y valorar posibles acciones».
Ahora, a un mes escaso de que arranque el proceso de escolarización y de admisión de alumnos, tras fijar Educación el día 9 de mayo para empezar a pedir plaza escolar de cara al curso próximo, el sector apunta su «preocupación» por el retraso en decidir sobre esta renovación, y reclama «diligencia, que hagan los deberes para que los colegios no tengan que verse afectados».
Desde Educación responden de forma rotunda que la resolución solicitada se dará a conocer «antes del periodo de admisión» que arranca el 9 de mayo, mientras la representante del sector de padres, Julia Llopis, achaca al conseller «incompetencia derivada de sus imposiciones», al tiempo que considera «una barbaridad que para temas como la inclusión se hagan decretos de urgencia».
