Cuatro años más perdidos en la ciudad de Alicante. Otro mandato municipal que se agota sin ningún progreso real encaminado a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que lleva vigente desde 1987. Muchos son los gobiernos que han pasado, incluido el reciente tripartito (dos años y medio), junto a los ejecutivos en solitario de los socialistas (unos seis meses) y de los populares (el último año), pero nada cambia. El PGOU sigue invariable, salvo contadas puntualizaciones, pese a que es un clamor entre los políticos la necesidad de revisarlo, de redactar un documento que se ajuste a la actualidad. Al año 2019.
Una promesa más incumplida. La modificación del Plan General era uno de los compromisos de los miembros del tripartito de Alicante en el acuerdo que suscribieron PSOE, Guanyar y Compromís a mediados de 2015. «Elaborar un PGOU desde la participación, la sostenibilidad, la protección del paisaje, del patrimonio natural y cultural y un modelo de ciudad compacto que mejore y rehabilite el tejido urbano existente, con especial énfasis en la disponibilidad de suelo industrial de calidad», decía el punto 18 del programa conjunto del gobierno de izquierdas que estuvo al mando de la ciudad entre junio de 2015 y hasta noviembre de 2017, cuando el pacto a tres bandas saltó por los aires por los problemas judiciales del alcalde, el socialista Gabriel Echávarri.
En esos dos años y medio, la Concejalía de Urbanismo estuvo dirigida por Miguel Ángel Pavón, líder de Guanyar Alacant. En ese periodo hubo ruido, como en la mayoría de las áreas durante la etapa del tripartito. Y también acusaciones cruzadas: Pavón apuntaba contra los socialistas por no dotar a la concejalía del personal necesario (aún recuerda que tuvo que pasar un año y medio hasta que se creó la oficina del Plan General); mientras desde Alcaldía le invitaban a trabajar y a no ser sectario en la gestión, tampoco del personal. Y así, entre dimes y diretes, con un continuo cruce de palabras pero sin hechos, avanzó el tripartito, con las licencias atascadas y con un Catálogo de Protecciones, un documento del Plan Estructural, que se redactó, que fue superando todas las fases... hasta llegar al pleno, donde encalló. Para siempre.
Barrera infranqueable
Ahí, en el último obstáculo, el proyecto abanderado por Pavón para proteger el patrimonio cultural y natural de la ciudad chocó de frente con la negativa rotunda de la derecha, que se apoyó en la tránsfuga Nerea Belmonte (ex de Guanyar) para tumbar el proyecto, lo que dejó a merced de la iniciativa privada el futuro de edificaciones con historia. En junio de 2017, rechazado el Catálogo de Protecciones por una oposición que se escudó en las posibles indemnizaciones millonarias de haberse aprobado, venció la suspensión de licencias acordada por el anterior gobierno del PP, dando luz verde a la petición de permisos para derribar edificios incluidos infructuosamente en el documento.
La primera «víctima» fue un inmueble situado en la esquina entre Benito Pérez Galdós y la calle José María Py. Sobre él, una promotora proyecta un nuevo inmueble aún pendiente de construcción. Hoy, en la recta final del mandato, no son pocos los edificios que han sido demolidos o están pendientes de serlo en la ciudad al no contar con la protección de un catálogo que está guardado en algún cajón a la espera de que un gobierno (el PSOE lo desempolvó, pero sin llevarlo a pleno, y el PP, lo mismo) promueva su aprobación.
Los socialistas y los populares cuando llegaron, por separado, a la Concejalía de Urbanismo centraron sus esfuerzos en intentar agilizar la concesión de licencias, atascadas según los promotores en los primeros años del tripartito (donde se llegaron a eternizar unos trámites que en la actualidad aún rondan los diez meses, aunque por ley no deberían superar los dos meses). Ninguno de los partidos miró, ni de reojo, al Plan General, aunque el alcalde Barcala y la edil De España discreparon en público al llegar al ejecutivo local sobre las intenciones de los populares respecto a la revisión. Al final, nada.
Camino a las urnas
Ahora, en esta campaña electoral hacia el 26-M, todos los partidos coinciden en lo de habitual, en la necesidad de redactar un nuevo documento actualizado, aunque discrepan en los tiempos. El PP promete un nuevo PGOU en solo cuatro años, mientras en Compromís se conforman con elaborar el Plan General Estructural. Y es que entre los expertos del urbanismo existe el debate de si, en estos tiempos, es necesario un texto completo o basta con la parte inicial.
Pero no solo de licencias de obra se ha hablado este mandato en Alicante, sino que la polémica también ha rodeado la apertura de nuevos locales en el Centro Tradicional y al Casco Antiguo. Tras dos años suspendidas, el pleno, en sesión extraordinaria en pleno agosto, se vio obligado el pasado año a aprobar dos planes específicos para regular la actividad sobre la bocina. La polémica también se instaló este mandato en torno a las licencias de veladores, sobre todo con la ordenación de Gabriel Miró, que fue una de las últimas medidas restrictivas que firmó Pavón poco antes de dejar el gobierno. El decreto duró lo que tardó el PSOE en instalarse al frente del gobierno. Hoy, eso sí, ese problema ya tiene solución. Otros, no. Ahí siguen pendiente otras ordenaciones de veladores, el PGOU, el Catálogo...
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