En menos de tres semanas, Guanyar pasará a ser historia en el Ayuntamiento de Alicante. Y la marca blanca de EU e instrumental de Podemos en el mandato que finaliza se marcha como entró, con líos en los juzgados. En este caso, en los tribunales de Ecuador, donde la Fiscalía ha presentado cargos contra la edil Julia Angulo, ecuatoriana de nacimiento y que no repetirá en la próxima Corporación, por un asunto que ya le estalló en la campaña electoral de hace cuatro años.
El Ministerio Fiscal del país latinoamericano acusa a la concejala de Guanyar, que tuvo responsabilidades de gobierno en la etapa del tripartito en el Ayuntamiento (entre junio de 2015 y noviembre de 2017), de un presunto delito económico. En concreto, por peculado, que según la Real Academia Española se trata, en países hispanoamericanos, del «hurto de caudales del erario, cometido por aquel a quien está confiada su administración».
La información publicada por el Consejo de la Judicatura de Ecuador explica que la Fiscalía cuenta con «los elementos suficientes» para formular cargos contra cinco personas, entre ellas, la edil Angulo, un familiar y su pareja. El delito de peculado, tal y como se explica en el acta de la audiencia que tuvo lugar hace una semana, está tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal de Ecuador y puede ser sancionado con penas privativas de libertad de entre cinco y trece años, además de incapacitar de por vida a los sentenciados a «todo cargo en entidad financiera o en entidades de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera».
Por ahora, los implicados están obligados a cumplir unas «medidas alternativas» solicitadas por Fiscalía, que en este momento procesal ha decidido no pedir prisión preventiva. Según el Consejo de la Judicatura, la concejala Julia Angulo, al residir en España, está obligada a presentarse en el Consultado de Ecuador en Murcia cada 15 días. En el caso de no cumplir con lo dispuesto, prosigue el escrito, se «puede hacer una revisión y, de ser necesario, se ordenará la prisión preventiva».
La vista para la formulación de cargos se celebró el pasado 21 de mayo. Aunque estuvo convocada en fechas previas, finalmente se fue aplazando por distintos motivos. Uno de ellos, según se refleja en la información del Consejo de la Judicatura de Ecuador, por la «inasistencia» de un abogado de Julia Angulo a una de las citas (en concreto, el 11 de abril) por «encontrarse privado de su libertad».
Preguntada por la acusación formulada por la Fiscalía de Ecuador, la edil de Guanyar, que en menos de tres semanas dejará el Ayuntamiento de Alicante, mantuvo el discurso de los últimos años, asegurando que existe una «persecución» contra ella y dando por hecho que el asunto se archivará en breve, como afirmó en anteriores momentos procesales.
El caso investigado está vinculado a una subvención de fondos europeos recibida por una fundación de Ecuador, aunque la edil no concretó la cantidad de la que se trata. Eso sí, afirmó que los acusados han denunciado al fiscal por «acoso» y que la investigación no irá a más porque no se cumple ninguno de los extremos necesarios para hablar de peculado, según su versión: que «los acusados sean funcionarios públicos» o que «se trate de dinero del Estado».
Angulo calcula ahora que el caso se cerrará en un mes, después de que acuda a una declaración que previsiblemente se celebre en el Consultado de Murcia.
Más problemas
Así, Guanyar Alacant cierra su periplo de cuatro años en el Ayuntamiento con otro lío en los juzgados, que se suma al que abrió este mandato. Entonces, la Audiencia Nacional condenó a la concejala Marisol Moreno a pagar 6.000 euros de multa por un delito de injurias al Rey, en unos comentarios que se remontaban a 2012. Apenas un mes después de ser condenada, Moreno se vio obligada a renunciar a ser la portavoz adjunta de Guanyar en el Ayuntamiento tras la polémica surgida por unas declaraciones en una comisión municipal en las que acusaba al PP de «celebrar las juntas de gobierno en el D'Angelo», un conocido club de alterne de Alicante.
Con todo, y aunque nunca llegó a los tribunales por no ser considerado delito, la principal polémica que envolvió a Guanyar en este mandato fue el principio del fin de la izquierda al frente del Ayuntamiento. A principios de 2016, la concejala fue expulsada del grupo municipal por adjudicar contratos menores a una empresa de su entorno. Una práctica que en la coalición no se consideró ética. Su salida de Guanyar dejó en minoría a la izquierda en el Pleno municipal antes de que se cumpliera el primer año de mandato.
