La «burbuja de alquiler» sigue imparable en la ciudad de Alicante con precios medios máximos de hasta 1.200 euros al mes por las mejores viviendas del centro urbano. El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante, entidad que hasta hace unos meses sostenía que existía un cierto equilibro entre la oferta y la demanda de pisos de alquiler en Alicante, admitió ayer que las tarifas difícilmente bajan de los 500 euros en los barrios (dos dormitorios) y pueden llegar a los 1.200 euros en pisos grandes y bien ubicados.
El Colegio de Api reclama a las administraciones que pongan en marcha de forma urgente medidas para aumentar la oferta de vivienda en alquiler con el fin de frenar la escalada de precios. La escasa disponibilidad de viviendas para alquilar y el incremento de la demanda han llevado a que, en muchas zonas, el precio del alquiler esté en máximos históricos, especialmente en la capital y en las zonas de costa, según el Colegio. Los agentes solicitan a los ayuntamientos, Generalitat y al Gobierno de España que implementen beneficios fiscales que animen a los propietarios a arrendar sus inmuebles.
«Nosotros no creemos que los índices de referencia, las sanciones o las prohibiciones de superar ciertos límites sean efectivos, pues lo único que van a conseguir es asustar a los propietarios y encoger aún más la oferta», apuntó ayer Marifé Esteso, presidenta del Colegio API de Alicante.
Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria también reclaman una mayor seguridad jurídica para los propietarios, de forma que puedan recuperar su vivienda de manera rápida cuando se produzcan los impagos. «Este es un tema complicado, pues hay que salvaguardar a la vez los derechos de los inquilinos y los propietarios, aunque el mayor problema que se encuentran los propietarios es la lentitud del proceso judicial», subrayó Esteso.
Además, proponen que se aumente la oferta mediante una apuesta firme y decidida de todas las administraciones por la construcción de viviendas dedicadas exclusivamente a alquiler o por la adquisición y rehabilitación de viviendas de segunda mano. «La mejor forma que tienen las administraciones de intervenir en el mercado del alquiler es aumentando la oferta con un parque de viviendas públicas amplio, y destinando una parte a alquiler social», aseveró Esteso.
El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria recordó que aunque los precios no han llegado a los niveles de València o Barcelona, sí están rondando los máximos históricos desde el año pasado. «En muchos municipios de Alicante se está viviendo una situación insostenible por el alza continua de las rentas de alquiler, algo a lo que ha contribuido en parte el nuevo Decreto de Vivienda aprobado por el Gobierno en marzo. Las nuevas medidas no han servido para conseguir un mercado de alquiler más accesible para el arrendatario y más seguro para el propietario», aseveró la presidenta de los Api.
De hecho, muchos de los pisos que llegan a las inmobiliarias se alquilan en pocas horas y hay muchas personas que vienen a vivir a Alicante por motivos laborales o de estudios que encuentran serias dificultades para poder encontrar una vivienda en alquiler. «No olvidemos que muchas de las personas que alquilan lo hacen porque no pueden comprar debido al alza de los precios y las dificultades para acceder a una hipoteca. Esto ha motivado un incremento de la demanda de vivienda de alquiler y, por tanto del precio de las rentas», señaló.
Recordar, en este sentido, que el Ministerio de Fomento ha excluido a la provincia del plan para construir en España veinte mil viviendas de VPO destinadas al mercado de alquiler barato, por el que se van a edificar a medio plazo 5.723 pisos en Madrid, València, Ibiza, Ceuta, Melilla, Sevilla y Málaga con un presupuesto de 21,5 millones de euros. Fomento considera que el problema no es tan alarmante como en las ciudades elegidas en primer lugar, pese a que el precio medio del alquiler roza los 750 euros al mes tras haber subido un 17% desde 2017.
