Son extranjeros, son menores de edad, están solos y carecen de documentación. Pero no son delincuentes. En la Comunidad Valenciana solo el 18,2% de los adolescentes a los que se les ha aplicado medidas por cometer algún delito son de origen extranjero. «Los menores migrantes sin referentes familiares son posiblemente la infancia más vulnerable porque llegan totalmente solos después de haber viajado en condiciones terribles, a veces durante años, niños que escapan de la pobreza, de la violencia, que están expuestos a las mafias y a la desprotección».
Así se expresa el director de Save the Children en la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández, tras presentar el análisis «Contando los pasos», un informe donde la entidad ofrece datos sobre las migraciones tanto en la Comunidad Valenciana como en España y plantea una serie de recomendaciones para que las administraciones públicas lleven a cabo políticas migratorias «responsables».
Y es que la organización insiste en la importancia de tener una perspectiva de infancia en las políticas migratorias ya que los niños, niñas y adolescentes representaron el 12% del total de personas que llegaron de forma irregular a España por el estrecho de Gibraltar en 2018. «Tal y como nos muestran las cifras, la inmensa mayoría de estos jóvenes no han mantenido nunca conductas delictivas en su vida, de hecho, en la mayoría de los casos, son ellos las víctimas, y por tanto es nuestra obligación ofrecerles la mejor protección posibles y las mejores condiciones que seamos capaces», lamenta Hernández.
Es más, la ONG defiende que las aportaciones de la población migrante al sistema de bienestar permiten la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales para toda la sociedad como son la salud, la educación, el sistema de pensiones o las prestaciones económicas. Y recuerda que, como estima el Fondo Monetario Internacional (FMI), España necesitará más de cinco millones de extranjeros para la sostenibilidad de su sistema de bienestar hasta 2050, casi 170.000 personas cada año.
Paralelamente, la organización también alerta de que el sistema de protección en España ha perdido el rastro de más de 5.000 niños y niñas desde 2015 «cuya responsabilidad tenía encargada».
Save the Children recoge datos, pero también propone soluciones y en materia de infancia migrante insta a las Administraciones a acatar medidas, tanto a nivel autonómico como estatal, entre las que destaca «el desarrollo de la Estrategia de la Ley de Derechos y Garantías de la Infancia y la Adolescencia; un protocolo de llegadas marítimas con enfoque de infancia y plan de contingencia para los meses de mayor presión migratoria; mejorar la identificación de los perfiles más vulnerables (como son niños y niñas sin referente familiar, víctimas de trata y solicitantes de protección humanitaria o internacional) con mecanismos trans-fronterizos para su protección y entrada segura en el país; un procedimiento de determinación de la edad con garantías, respetuoso con los derechos de los niños y las niñas; la creación de un registro unificado de coordinación entre los sistemas de protección autonómicos; la consolidación efectiva del sistema autonómico de acogimiento fomentando el acogimiento familiar o la adecuación de recursos residenciales a pequeña escala generadores de entornos lo más similares posibles a un entorno familiar».
Además, la entidad insta a la «formación y capacitación de todos los profesionales que trabajan en el ámbito de la infancia y adolescencia; a garantizar la corresponsabilidad entre comunidades autónomas con unos estándares mínimos de calidad, facilitando los traslados de los niños entre comunidades autónomas por su cercanía a redes familiares y personales, por necesidades específicas o mayores posibilidades de integración; y a realizar políticas de integración a nivel estatal, autonómico y local y campañas de sensibilización de los fenómenos migratorios y derechos de infancia, contra la discriminación y la xenofobia, así como una estrategia integral para la protección e inclusión de menores sin referente familiar».
Abismo al cumplir los 18 años
Desde Save The Children recalcan que alcanzar la mayoría de edad aumenta su desprotección. Por ello, exigen un «acompañamiento efectivo para una emancipación y transición a la vida adulta, cumpliendo todos sus derechos».
Hernández asegura que «los menores deben estar en familia, es fundamental para garantizar su pleno desarrollo y su inclusión en la sociedad de acogida. Un niño es un niño, independientemente de dónde venga, y es nuestra obligación como sociedad ofrecerle las mejores condiciones para garantizar que su vida sea digna y plena».
Marlaska comparecerá por el suicidio en el CIE de València
El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, comparecerá tras el verano en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para informar sobre la muerte, el pasado 15 de julio, de un interno en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores en València. El joven marroquí Marouane Abouobaida, de 23 años, murió ahorcado en su celda de aislamiento.
Mientras, varios centenares de personas se concentraron ayer ante el cuartel de Zapadores. Los asistentes iban vestidos de blanco en señal de duelo, leyeron un manifiesto reclamando justicia para el joven fallecido en «extrañas circunstancias» y exigieron la dimisión del responsable del CIE. Acudieron autoridades políticas como el secretario autonómico de Inclusión, Alberto Ibáñez o la concejala de Igualdad, Isabel Lozano. Se registraron algunos momentos de tensión cuando el dispositivo policial impidió la concentración ante la puerta del CIE, pese a que los organizadores tenían permiso.
Ellas emigran menos pero están más expuestas
Save the Children también hace una valoración sobre cómo afecta esta realidad a las niñas y las adolescentes. Ellas emigran en menor medida, pero se ven mucho más expuestas a convertirse en víctimas de explotación y de trata de seres humanos en los países de origen, tránsito y destino. «Dicha exposición a los riesgos condena a muchas de las jóvenes que viajan solas a quedarse atrapadas, víctimas de redes criminales que las mantienen en condiciones de clandestinidad e invisibilidad para evitar que huyan. En estas mismas condiciones se encuentran también muchas de las pocas niñas y adolescentes que logran llegar a España», explican.
