Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

El PP plantea una ordenanza antimendigos como la que derogó el tripartito

El gobierno municipal, integrado por el PP y Cs, iniciará en breve reuniones con las concejalías involucradas para redactar un nuevo documento

El PP plantea una ordenanza antimendigos como la que derogó el tripartito

El PP plantea una ordenanza antimendigos como la que derogó el tripartito

El alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, quiere atajar al proliferación de mendigos en las calles de Alicante, en respuesta a las recientes críticas de vecinos y comerciantes, a las que también se suman ahora las de la Asociación Provincial de Hoteles, donde existe preocupación por el aumento de redes que hacen negocio en verano con los indigentes, y así se lo han expuesto al dirigente popular. «Atenta contra la imagen de Alicante como destino turístico y afecta al futuro de la actividad porque estamos hablando de trata de personas», señaló la gerente del colectivo, Cristina Seguí.

Desde la entidad hotelera sostienen que furgonetas llegan cada mañana desde Benidorm con personas a las que van «depositando» en distintas zonas del centro de la ciudad para que pidan dinero a los turistas. Uno de los puntos donde se sitúan, según su versión, es el semáforo entre la Explanada y el Puerto, en la zona de la Plaza del Mar, por donde cruzan cada día miles de turistas, «ya hay que ir zigzagueando para evitar a las personas que están en el suelo». Los hoteleros alicantinos reclaman que se agilice «alguna solución de corte social» para atender a las personas indigentes y que no haya nadie pidiendo «tirado en el suelo».

Ante esta situación, el gobierno municipal, ahora integrado por el PP y Ciudadanos, tiene previsto recuperar la ordenanza de mendicidad, que no la relativa a la prostitución, que fue derogada por el tripartito de izquierdas pocos meses de llegar al poder. Entonces, en el arranque de 2016, el Pleno del Ayuntamiento aprobó la anulación de un documento que también luchaba contra la prostitución, aprobado por el gobierno del PP en la etapa de Sonia Castedo. El ejecutivo de izquierdas, liderado por el socialista Gabriel Echávarri, consideró que la ordenanza, que estuvo apenas cinco años en vigor, «criminalizaba y discriminaba a las víctimas». La propuesta salió adelante con los votos a favor del tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís), la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP.

El entonces portavoz de Ciudadanos, José Luis Cifuentes, argumentó la abstención de su grupo en que, aunque estaban de acuerdo en su derogación, no compartían «la manera» en que se llevó a cabo, ya que creían que «es una solución a medias» ante a falta de «otras opciones». Ahora, tres años y medio después, Cs forma parte de un equipo de gobierno que, dirigido por el popular Luis Barcala, pretende recuperar una ordenanza para atajar la mendicidad.

Cuando se derogó el documento, el entonces portavoz del PP y ahora alcalde de Alicante, Luis Barcala, negó que la ordenanza criminalizara la mendicidad, defendiendo que prohibía «conductas que, bajo la apariencia de mendicidad, representan actitudes de acoso», como por ejemplo «los gorrillas» o las personas que limpian los parabrisas en los semáforos.

Barcala, según fuentes municipales, tiene previsto que las reuniones de las concejalías involucradas (como Seguridad o Acción Social) arranquen en breve para dar forma a un documento que se prevé que esté listo en un año, dados los plazos administrativos.

En el documento que se aprobó en la etapa de Castedo, que salió definitivamente adelante pese a los votos en contra del PSOE, buscaba erradicar la mendicidad en las calles, sobre todo la infantil. La ordenanza, según el ejecutivo del PP en 2011, estaba basada en criterios preventivos y asistenciales, con sanciones solo para los reincidentes. Entre las medidas más polémicas que se pusieron en marcha estuvo la colocación de barreras en los bancos para evitar que lo mendigos se acostaran en ellos. En la versión inicial del texto municipal, que después sufrió modificaciones en la fase de alegaciones, se instaba a los policías locales de Alicante a requisar a los indigentes las limosnas logradas en las calles. La entonces alcaldesa, Sonia Castedo, decidió al final retirar ese polémico punto antes de la aprobación definitiva en Pleno, dando marcha atrás al igual que se hizo en el año 1996, con el popular Luis Díaz Alperi al mando.

Compartir el artículo

stats