«Es el momento de la política con mayúsculas: el de la unidad y la suma de todos». Así reivindicaba ayer el portavoz socialista en la Diputación, Toni Francés, la importancia de la declaración de emergencia de los municipios afectados por el temporal para permitir a las administraciones dar cobertura a la aplicación de ayudas y tratar de conseguir que las consecuencias se atenúen. Todos los grupos políticos de la Diputación de Alicante (PP, PSOE, Ciudadanos y Compromís) hicieron ayer un frente común para solicitar la declaración de zona catastrófica de la comarca de la Vega Baja y zonas limítrofes como Crevillent o Santa Pola.

Ante la presencia de alcaldes y concejales de la provincia, la Diputación celebró ayer un pleno extraordinario en el que aprobó instar al Gobierno de España soluciones urgentes para cubrir los destrozos registrados en propiedades privadas, empresas o zonas agrícolas. Tras la sesión plenaria, los alcaldes y diputados mantuvieron una primera reunión de trabajo para hablar sobre las medidas a adoptar y las ayudas que van a solicitar. La Diputación facilitará a los consistorios, a través de SUMA, anticipos de tesorería «por si tienen problemas de liquidez a la hora de abordar las obras de urgencia». Los ayuntamientos pueden solicitar un anticipo extraordinario de hasta el 85% de la estimación de la primera voluntaria de 2020 con un tipo de interés del 0,17%. Asimismo, el organismo tributario ampliará hasta el 5 de noviembre el plazo para el pago del impuesto del IBI en aquellos municipios afectados.

De los 27 vehículos movilizados por la Diputación, se han perdido 15 camiones afectados por el agua. Además, el presidente Carlos Mazón explicó ayer que los servicios de emergencias provinciales han practicado 1.697 desalojos, con 792 salvamentos de personas, «23 de alto riesgo para la vida, casi todos por vía aérea». A ello sumó los 717 rescates ejecutados por la UME y las 2.400 intervenciones directas de Cruz Roja.