Las comunidades de regantes de la Vega Baja han sido una de las grandes damnificadas por el temporal de gota fría y los desbordamientos del río Segura y de los canales de riego. Las pérdidas son millonarias y los agricultores se muestran escépticos sobre si recibirán ayudas por la pérdida de cosechas. Ahora bien, lo que parecen tener claro es que quieren que se depuren responsabilidades y que se investigue en sede judicial el papel que la Confederación Hidrográfica del Segura ha jugado antes y durante el desastre. Aseguran estar dispuestos a presentar una denuncia por vía penal contra sus dirigentes «por responsabilidad dolosa por omisión».

«Hemos tenido reuniones en la CHS para pedir que se limpiara el río porque estaba en malas condiciones y se nos dijo que no había dinero. Pedimos que se arreglaran las motas del río afectadas en la anterior gota fría pero no se hizo nada y finalmente se ha desbordado. Tampoco se ha invertido nada en obras antirriadas. Si ellos son los que tienen los poderes, son los que tienen la responsabilidad. No queremos dinero, solo que se mantenga el río en condiciones». Así se expresó ayer el juez del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, Pedro Mompeán, quien presidió una reunión a la que asistieron representantes de las 17 comunidades de riego de la Vega Baja así como el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, quien dijo alto y claro que dispondrán de los servicios jurídicos de la institución provincial para ser asesorados en la denuncia referida contra el organismo de cuenca.

Ni Mazón ni los regantes ocultaron su desafección con la CHS y coincidieron al criticar que ningún cargo relevante de dicha institución haya visitado la comarca durante uno de los episodios más duros para los productores agrarios de la zona. Mazón prometió respaldo en sus reivindicaciones, alentó al colectivo de agricultores a hacer fuerza para que se declare «zona catastrófica» a la Vega Baja y prometió que la Diputación trabajará sobre el terreno para reparar todas infraestructuras que pueda con los 5 millones aprobados para obras de emergencia por la institución. «Obras exprés con resultados reales y sin excesivo papeleo ni burocracia», enfatizó.