La «Vega Baja» comienza a recibir las primeras ayudas económicas destinadas a la reconstrucción de un territorio devastado por una gota fría de consecuencias catastróficas. La Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante han consignado créditos que suman 28 millones de euros que servirán para respaldar a los afectados por el temporal y para la reposición de infraestructuras dañadas. El balance del tejido empresarial es del todo crítico y se estima que el 70% de las mercantiles han resultado afectadas. El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, valoró ayer que son tan necesarias las ayudas de la administración como de los bancos y pidió que se apliquen moratorias en los plazos de pago de los créditos que mantienen las empresas para salir adelante.

Mientras los vecinos del sur alicantino empiezan a asimilar la pesadilla vivida el fantasma de un posible aumento de la tasa de desempleo se cierne sobre la Vega. Prácticamente todos los polígonos industriales han registrado daños y la actividad agraria se encuentra paralizada. Los canales de riego están bloqueados o han colapsado y las cosechas han quedado arrasadas. Ayer, representantes de la patronal, empresarios de la comarca y portavoces de los regantes se reunieron con el presidente de la Diputación, Ximo Puig, y con el de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, entre otros cargos, en una de las áreas industriales más afectadas de la zona, el polígono Puente Alto de Orihuela. El objetivo no era otro que abordar una situación de emergencia que se podría agravar todavía más si las empresas no encuentran otra alternativa que bajar la persiana por falta de medios para sostener la producción.

Navarro subrayó que para recuperar el pulso es necesaria la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil (popularmente conocido como zona catastrófica), la reposición de infraestructuras y la dilatación de los pagos pendientes por los empresarios. «Las entidades financieras tienen que ayudar a los empresarios para que puedan salir adelante. Tenemos que pedir a los bancos que den un paso adelante para ayudar a las empresas que estan tremendamente afectadas y para que no se pierda el empleo», destacó el presidente de la patronal, que dijo que solo en el polígono industrial oriolano se podrían perder hasta 600 puestos de trabajo.

Para empezar a hacer frente a la situación, Puig anunció ayer que el Peno del Consell, que se celebra hoy en el Ayuntamiento de Orihuela, aprobará dos decretos de ayudas de emergencia para personas y ayuntamientos, por valor de 23 millones de euros, que estarán disponibles de forma inmediata para los beneficiarios. Dijo además que el Instituto Valenciano de Finanzas concederá créditos a interés cero a las empresas que quieran llevar a cabo trabajos de reparación de los daños causados. Adelantó asimismo que se enviará crédito a los ayuntamientos con tal de que «puedan desarrollar una serie de labores que reparen todo el equipamiento público, las calles, los polígonos industriales, todo lo que es el espacio urbano».

«Es simplemente una primera medida, y posteriormente se analizarán más posibles ayudas», aseveró el jefe del Consell.

Por su parte, la Diputación de Alicante ha consignado cinco millones de euros más, que se suman a los 600.000 dispuestos inicialmente, que servirán a ayuntamientos y comunidades de regantes para reparar daños en infraestructuras. Mazón aseguró que ya se ha empezado a ejecutar trabajos y anunció que en breve se pondrá en marcha una línea telefónica para que vecinos y agricultores puedan pedir ayuda directa en la reposición de caminos o tuberías afectadas, entre otros daños. «Ya hay 20 máquinas trabajando en la Vega que actúan con un procedimiento rápido y sin excesivos trámites burocráticos. También doblaremos el presupuesto de inversión en infraestructuras», subrayó.