El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, acordaron ayer crear una comisión mixta, formada por técnicos de ambas administraciones, para revisar a fondo la tramitación administrativa que ha seguido el proyecto para construir en el Puerto de Alicante una planta con seis macrodepósitos en los que mover 111.000 millones de litros de combustible al año. El objetivo es doble: en primer lugar encontrar una ranura administrativa que permita parar la iniciativa de la promotora XC Business 90, y, en segundo lugar, sentar bases jurídicas y legales para que en el Puerto no se pueda mover carburante nunca. «Lo conseguimos en 1995 con la retirada de los depósitos de Campsa y debemos lograrlo ahora», subrayaron Barcala y Mollà.

El paso adelante dado por alcalde y consellera no frena, no obstante, que desde el departamento de Emergencias de la Generalitat se redacte un informe sobre si la actividad planteada se considera peligrosa, tal como ha pedido el concejal de Urbanismo, Adrián Santos, que participó también en la reunión junto al edil de Medio Ambiente, Manuel Villar. Precisamente, Santos ha sido el primero en oponerse al proyecto al denegar la licencia reclamada por la promotora de los depósitos, que ha reclamado el permiso de obras por un supuesto silencio administrativo que rechaza Urbanismo.

Barcala señaló que «vamos a trabajar, además, para conseguir un cambio normativo que impida que la situación vuelva a producirse en un futuro, después de que en 1995, con el convenio con Campsa, se consiguiera eliminar los antiguos depósitos, pero sin que se produjese la modificación del Plan Especial del Puerto y de los usos portuarios, al igual que el PGOU para cerrar esta brecha de forma definitiva». El alcalde explicó que esta comisión mixta será la encargada de revisar el procedimiento para cumplir con el objetivo manifestado por todos los grupos políticos en contra de que vuelvan a levantarse depósitos de combustible en el puerto. «Esa batalla la vamos a dar desde las administraciones competentes porque sencillamente no se contempla en nuestro modelo de ciudad». Mireia Mollà resaltó, por su parte, que «nos vamos a preocupar en esta comisión técnica de que se cuente con todas las garantías para que este proyecto no confronte con los intereses de las alicantinas y alicantinos».