El exalcalde socialista de Alicante Gabriel Echávarri se ha acogido a su derecho a no declarar durante el juicio por el fraccionamiento de contratos en la concejala de Comercio y sólo ha respondido a su abogado para negar los hechos. Echávarri ha asegurado que era "rotundamente falso" que eligiera o contratara a las empresas a las que se abonaron las 25 facturas investigadas, ni tuvo intervención en ninguna de ellas. Según ha declarado, la primera vez que tuvo conocimiento de los hechos fue en febrero de 2017 cuando el jefe de gabinete de Alcaldía le dijo que el jefe de Servicio le comentó que había unos problemas con unas facturas. "Yo me puse en manos de los servicios jurídicos e hice todo lo que me dijeron", ha asegurado. El exalcalde ha dicho que ni sabía cuáles eran las empresas. En una declaración de apenas cinco minutos se ha desvinculado de irregularidad alguna.
Puedes ver en el siguiente vídeo la declaración de Echávarri
El exjefe de gabinete de Alcaldía Lalo Díez ha asegurado que de las 25 facturas sólo intervino en cuatro y se trataba de trabajos diferentes entre sí.
Por su parte, el exasesor del área de Comercio Pedro De Gea ha hecho lo mismo que los otros dos acusados y se ha acogido a su derecho a no declarar al fiscal y sólo ha respondido a preguntas de su abogado para negar irregularidad alguna. De Gea ha negado haberse atribuido labores de concejal y ha dicho que sólo actuaba como asesor, puesto para el que fue nombrado para acercar a los comerciantes a la Administración Local. El exasesor fue interrogado por las facturas bajo sospecha y ha asegurado que se trataba de servicios diferentes sin relación entre sí. "Lo único mc sentido ha explicado que los cuatro bloques en los que se dividieron los gastos de la Gala del Comercio eran diferentes entre sí, al igual que los distintos trabajos acometidos en distintos mercados municipales de la ciudad".
En el juicio se han reproducido algunas de las declaraciones que prestaron en su día tanto Echávarri como De Gea a petición del fiscal al estimar que existían contradicciones con lo que han dicho esta mañana.
El juicio seguirá mañana con la declaración del actual alcalde Luis Barcala que presentó en su día la denuncia que inició este proceso.
El juicio del "caso Comercio", por el que están acusados de supuesto fraccionamiento de contratos el exalcalde Gabriel Echávarri y dos de sus asesores durante su mandato, Lalo Díez y Pedro de Gea ha comenzado a las 10.40 horas.
El socialista ha llegado a la Audiencia Provincial apenas cinco minutos antes de las 10 de la mañana, la hora prevista para el inicio de la vista oral, cuyo arranque se ha retrasado por otro asunto judicial. A las puertas del edificio, el exalcalde ha tomado la palabra para anunciar a los medios que no hará declaraciones durante los días del juicio. Poco antes, pasadas las 9.30 horas, han hecho acto de presencia los asesores Lalo Díez y Pedro de Gea, junto a una decena de personas que les han aplaudido y vitoreado, sobre todo a De Gea.
El exalcalde socialista de Alicante Gabriel Echávarri se sienta desde hoy en el banquillo, junto a dos de sus asesores, acusado de haber fraccionado contratos en la Concejalía de Comercio. Un total de 25 testigos desfilarán durante toda esta semana por la Audiencia de Alicante, entre los que se encuentran desde el actual alcalde, Luis Barcala, representantes de los grupos municipales, así como técnicos y proveedores del Ayuntamiento.
Ante la esperada expectación mediática, el Tribunal Superior de Justicia ha habilitado una sala especial para que la prensa pueda seguir la marcha del juicio.
Este proceso fue la génesis judicial de la ruptura del tripartito, formado por PSOE, Guanyar y Compromís en noviembre de 2017 y, de él derivó una segunda causa judicial a raíz del despido del Ayuntamiento a la cuñada de Barcala cuando era portavoz del PP. Echávarri tuvo que dimitir en abril de 2018 tras su doble imputación y en la actualidad está retirado de la política y centrado en su trabajo como abogado.
El juicio por el presunto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio arranca hoy con la declaración de Echávarri, así como de sus dos asesores, el que fuera jefe de Gabinete de Alcaldía, Lalo Díez y el asesor de Comercio, Pedro de Gea. La Fiscalía reclama para cada uno de ellos la pena de diez años y un día de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.
Para mañana, 1 de octubre, está prevista la declaración del actual alcalde de la ciudad, Luis Barcala, en calidad de testigo. Barcala fue quien puso la denuncia en la Fiscalía, en un primer momento, y posteriormente presentó otra ante el juzgado cuando Anticorrupción aún no había cerrado las pesquisas. Hasta hace pocos días el PP estaba personado como acusación particular, pero la semana pasada se retiró. Otros testigos citados para el mismo día son Diego Agulló, el técnico que alertó de las presuntas irregularidades, así como el interventor municipal, Francisco Guardiola. El resto de los testigos se repartirá entre las sesiones del 2 y el 3 de octubre, entre los que se encuentran otros técnicos municipales y los proveedores que cobraron por las facturas bajo sospecha.
Para este miércoles, día 2, también está prevista la declaración como testigos de la entonces la portavoz de Ciudadanos, la diputada Yaneth Giraldo, así como el de Compromís, Natxo Bellido. La jornada del viernes, 4 de octubre, estará reservada para que las partes presenten sus informes de conclusiones finales.Las facturas
Las 25 facturas bajo sospecha, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2016, sumaban cerca de 180.000 euros, y que se destinaron a pagar los gastos de la Gala del Comercio, la campaña de Navidad y la renovación de la imagen de los mercados municipales. La Fiscalía Anticorrupción considera que hubo "un fraccionamiento deliberado y reiterado" por parte de los tres acusados en las facturas investigadas para eludir la normativa vigente en materia de contratación administrativa. Según el Ministerio Público, estas contrataciones debieron haber sido tramitadas legalmente mediante concurso público en lugar de contratos menores.
En este sentido, el fiscal señalaba que por la cuantía de los contratos los importes fueron fraccionados "indebidamente" para ajustarlas al límite cuantitativo del contrato menor.
Echávarri siempre ha declarado que no intervino en la tramitación de estas facturas, desconociendo cuál era su contenido. Todo lo tenía delegado es sus dos asesores en los que tenía confianza plena, según ha señalado durante el proceso judicial. Además negaban la existencia de fraccionamiento alguno, ya que a su juicio se trataba de contratos para servicios diferentes y no había unidad funcional de dichos servicios.
La Sección Tercera de la Audiencia es la encargada de sacar adelante este juicio, la misma que en enero también volverá a sentar en el banquillo a Echávarri por el despido de la cuñada de Barcala.
