Arranca la segunda sesión del juicio por las facturas de Comercio con el alcalde, Luis Barcala, como testigo. Tanto los acusados como los testigos ya se encuentran en la Audiencia Provincial:

En la sesión de ayer ni el exalcalde socialista de Alicante Gabriel Echávarri, ni el que fuera su jefe de gabinete de Alcaldía, Lalo Díez, ni el exasesor de Comercio Pedro de Gea quisieron responder a las preguntas de la Fiscalía durante el juicio que les ha llevado al banquillo por un presunto fraccionamiento de contratos en la concejalía de Comercio. La vista oral arrancó ayer y durante toda esta semana seguirá en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante. Los tres únicamente respondieron a las preguntas de sus respectivos abogados para defender su gestión y negar que se hubieran troceado contratos.

La declaración del que fuera la primera autoridad municipal durante el periodo investigado apenas llegó a los cinco minutos en los que negó tener vinculación alguna en la tramitación de los pagos investigados. Una brevedad que contrastó con la más de una hora de declaración que prestó en su día el exprimer edil en el juzgado de Instrucción en octubre de 2017, por lo que su salida de ayer dejó descolocados a los dos fiscales Anticorrupción, Felipe Briones y Pablo Romero, presentes en el juicio.

La Fiscalía Anticorrupción pide 10 años de inhabilitación para cada uno de ellos por un delito continuado de prevaricación. Les acusa de haber tramitado 25 facturas por importe de más de 180.000 euros como contratos menores, fraccionando su pago para eludir la obligación de sacar esos servicios a concurso público en lugar de contratos menores, que se adjudican a dedo. Las facturas se correspondían con gastos relacionados con la Gala del Comercio, la campaña de Navidad y la renovación de los mercados municipales. En el proceso estaba personado el PP como acusación particular, pero dos semanas antes del juicio se retiraron.

Aunque las defensas comparten despacho, el exalcalde y los exasesores tenían abogados diferentes, al igual que ya ocurrió durante la instrucción judicial. Mientras que a Echávarri le representa el letrado José Díaz, a los dos excargos de confianza les asiste Fernando Cazorla. Los exasesores coincidieron en señalar que se trataba de facturas por servicios diferentes y que no formaban parte de la misma «unidad funcional», mientras que el exalcalde aseguró que ni conoció los hechos hasta que algunos técnicos empezaron a poner reparos. Echávarri aseguró a preguntas de su abogado que «era rotundamente falso» que eligiera o contratara a las empresas que prestaron esos servicios.

«No tuve ninguna intervención hasta que en febrero de 2017, el jefe de gabinete me dijo que el jefe de servicio de Comercio le comentó que había unos problemas en esas facturas. Les dije que me las mandara, porque ni las tenía, y me puse a disposición de los técnicos y los servicios jurídicos, haciendo lo que me dijeron», aseguró. Según su versión, no tenía ninguna relación previa con las empresas contratadas para esos servicios, «ni sabía cuáles eran».

Ante la brevedad del interrogatorio, el fiscal pidió que se reprodujeran las declaraciones que Echávarri prestó en el juzgado de Instrucción subrayando que existían contradicciones entre lo que dijo en su día y lo que declaró ayer. Tras escuchar la grabación, mientras que desde el entorno del exalcalde se incidía que no había contradicción alguna; desde el Ministerio Público se subrayaba que en ellas sí se traslucía que aunque el político no conocía los pormenores de las operaciones, sí tenía un conocimiento general sobre las partidas y sobre el método en el que se iban a pagar los trabajos.

Firma delegada

El exjefe de gabinete de Alcaldía Lalo Díez declaró que solo intervino en cuatro de las 25 facturas investigadas y que se trataba de campañas de publicidad institucional contratadas en diferentes medios de comunicación de la ciudad. «Si estas facturas se hubieran pagado a través de Alcaldía y no de la concejalía de Comercio, seguramente no estaríamos aquí», aseveró. Díez dijo que contaba con firma digital propia para poder firmar las facturas y que él no tenía capacidad para introducirlas en el ordenador sin que antes hayan pasado por el filtro de los técnicos. En este sentido aseguró que todos los pagos eran por servicios reales y que se prestaron. Durante su declaración explicó que cada año pueden firmarse del orden de 11.000 a 12.000 contratos menores en el Ayuntamiento de Alicante, de los cuales 1.800 podrían corresponder al área de Comercio. Según Díez, no tuvo conocimiento de que hubiera problemas con esas facturas hasta que se lo puso en conocimiento el jefe de servicio.

Aunque la Fiscalía no encontró contradicciones entre las dos declaraciones del jefe de Gabinete de Alcaldía (en el juzgado y en el juicio), desde el Ministerio Público se pretendió evidenciar que Echávarri reconoció en su día en el juzgado que asumía lo que su jefe de gabinete firmaba.

Más larga fue la declaración del exasesor de Comercio Pedro de Gea, en cuya área se detectaron las presuntas irregularidades. De Gea se apresuró a rechazar que hubiera actuado como si fuera el concejal de facto y señaló que siempre fue consciente de que era un asesor y conocía sus atribuciones. «Mi papel era acercar al mundo del comercio a la Administración Local», aseguró, recalcando que el alcalde que le nombró, Echávarri, nunca entró a decirle cómo debía gestionar ese área.

Gala de Comercio

De Gea entró a desgranar el resto de las facturas cuestionadas por las acusaciones, subrayando que las obras en los mercados municipales fueron actuaciones independientes y sin ninguna relación entre sí. Del mismo modo que también ocurría, según su criterio, en la Gala de Comercio de 2016, que se dividió en cuatro bloques diferentes: la organización del acto, la actualización de la página web, la publicidad y la edición de trípticos. «No entiendo la susceptibilidad del técnico a la hora de cuestionar estas facturas, salvo por su situación personal», aseguró, en alusión a la imputación de Diego Agulló en otros procesos judiciales por sus informes técnicos y de los que ha salido absuelto. El tercero está pediente de juicio. De Gea subrayó que la Gala de Comercio se había organizado tal y como se había hecho otros años, aunque en este punto el fiscal advirtió al tribunal que en 2015 se hizo de un modo distinto.

Para hoy está prevista la declaración del actual alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, que fue quien interpuso la denuncia por la que se abrió este procedimiento. También han sido citados, el interventor municipal y el técnico municipal, que fueron los que pusieron los reparos a estas facturas y alertaron del posible fraccionamiento de contratos.