Las cuatro sesiones de la vista oral por el «caso Comercio», con las declaraciones de los tres acusados (Gabriel Echávarri, Lalo Díez y Pedro de Gea) y los interrogatorios a una veintena de testigos, no cambiaron la postura de la Fiscalía Anticorrupción, que ayer anunció que mantiene la acusación por supuesta prevaricación administrativa por el fraccionamiento de 25 contratos en el área de Comercio. El fiscal Felipe Briones lo hizo público en la recta final de la jornada de ayer, tras la intervención de una decena de testigos, todos ellos proveedores de los servicios. Así, los tres acusados -el exalcalde socialista y dos de sus exasesores- se exponen a penas de diez años de inhabilitación para cargo público. Las defensas piden la absolución.
La Fiscalía sigue adelante con su petición pese a que, durante los interrogatorios, los dos técnicos que destaparon el caso (el interventor del Ayuntamiento, Francisco Guardiola, y el jefe de servicio de Comercio, Diego Agulló) no lograron concretar el troceo de los 25 contratos. Los dos funcionarios empezaron la declaración de manera contundente, asegurando que cuando se encontraron con las facturas les generaron muchas dudas y que, a su juicio, no se deberían haber tramitado como contratos menores. Sin embargo, a la hora de descender a los detalles del interrogatorio, a preguntas de las defensas, reconocieron que no había más que «dudas» y que aún hoy siguen sin saber cuál debería haber sido la tramitación correcta. Además, el interventor, que alertó del supuesto fraccionamiento, reconoció que no estudió en profundidad las 25 polémicas facturas.
Además, un día después, el jefe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Alicante, Manuel Cordón, y el letrado asesor Pablo Núñez de Cela aseguraron que, según su criterio personal y profesional, no existió ningún fraccionamiento de contratos en la tramitación de los contratos de Comercio.
Cordón, que aludió a una posible «irregularidad administrativa», también reprochó al interventor municipal que no pusiera «reparos» oficiales a las contrataciones en la concejalía. «Hubiera sido el procedimiento adecuado si entendía que había fraccionamiento. No hizo reparos, hizo un informe y no un dictamen», apuntó el abogado.
En la jornada en la que declararon el jefe de los Servicios Jurídicos y el letrado asesor también fue el turno para técnicos de Comercio. Entre los interrogatorios, Rosa de la Iglesia aseguró que compartía «la finalidad» de los contratos, aunque cuestionó las «formas». Al mismo tiempo, señaló que el dinero (más de 200.000 euros) que llegó a la concejalía a finales de 2016 con motivo de una modificación de créditos que rondaba los dos millones de euros fue un «dinero envenenado» por la premura de tiempo, ya que los contratos deberían tramitarse antes del 1 de enero de 2017. «Alertamos a De Gea que no había tiempo de hacer las cosas bien», apuntó la funcionaria.
El juicio arrancó el lunes con las declaraciones de los acusados, que decidieron no responder a las preguntas de la Fiscalía, la única parte que sustenta la acusación después de que Luis Barcala, ahora alcalde de Alicante, renunciase a seguir como acusación particular. El dirigente popular fue quien inició el proceso en los tribunales, tras denunciar el caso en Fiscalía y después ante el juzgado en su etapa como portavoz municipal del PP.
Los últimos nueve testigos
La cuarta sesión del juicio sirvió para que la Fiscalía y las defensas interrogaran ayer a los proveedores. En total, nueve testigos que explicaron la forma de contactar con el Ayuntamiento para realizar los trabajos que se tramitaron como contratos menores. Algunos señalaron que su interlocutor fue Pedro de Gea, al ser trabajos relativos a Comercio, mientras que otros explicaron que negociaron los contratos con Lalo Díez, en su condición de jefe de Gabinete, al tratarse de cuestiones de publicidad en medios. También hubo proveedores que sólo trabajaron con técnicos de la Concejalía de Comercio, en alusión a los también testigos Rosa de la Iglesia y Diego Agulló. Ningún proveedor reconoció tener relación personal con los acusados, al margen de la cuestión profesional por el cargo que ocupaban en el Ayuntamiento. También mantuvieron que la tramitación de los contratos fue el habitual con la administración, rechazando que se fraccionasen las facturas.
Hoy, conclusiones y última palabra para los tres acusados
La Audiencia acoge este viernes la última jornada del juicio por el «caso Comercio». En la sesión de hoy será el turno para los informes de conclusiones, tanto de la Fiscalía como de las dos defensas (Díez y De Gea comparten abogado). Además, los acusados tendrán una última palabra. Así finalizará un juicio que se ha prolongado cinco días, pese a que Briones pidió ayer acortar la vista un día, ya que los interrogatorios de los últimos testigos finalizaron antes de media mañana. El tribunal ratificó para hoy las conclusiones, debido a que el propio fiscal pidió el miércoles mantener el calendario. Se espera que la sentencia se conozca en un plazo aproximado de un mes.