El juicio a Miguel López por el asesinato de María del Carmen Martínez, su suegra y la viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala, se encuentra ya en manos del jurado popular que le está juzgando desde el pasado 14. Después de una maratoniana sesión en la que las acusaciones y la defensa expusieron sus informes finales a lo largo de más de siete horas, la suerte del acusado pende ahora de la conclusión a la que lleguen las seis mujeres y los tres hombres a los que hoy la presidenta del tribunal, la magistrada Francisca Bru, entrega el objeto del veredicto. O, lo que es lo mismo, las preguntas a las que tienen que responder para argumentar si el sospechoso de acabar con la vida de su suegra de dos disparos en la cabeza debe pasar los próximos 24 años y medio en prisión por este crimen o si, por contra, nada hay que le incrimine y ha de ser absuelto.
Ninguna duda tienen ni el teniente fiscal José Llor y ni la acusación particular que en nombre del hijo mayor de víctima ejerce el abogado Francisco Ruiz Marco de que Miguel López debe pagar por lo que el primero calificó como «un crimen horrendo en un lavadero oscuro» por parte de quien «había vivido a la sombra de la víctima y de su marido». Una «ejecución mediante dos balazos por poder y dinero cuando ya tenía mucho más de lo que tienen muchos españoles».
«Sin contraindicios»
Sabedor del escollo que para una condena supone la falta de pruebas directas de las que adolece este caso, el representante del Ministerio Público no dejó pasar mucho en su intervención de cerca de dos horas para explicar al jurado que esta carencia no es óbice para que alcancen un veredicto de culpabilidad porque «la fuerza que tiene la conjunción de todos los indicios» que incriminan al acusado y la «inexistencia de contraindicios» que los anulen es más que suficiente para condenarle.
Volviendo a apelar al sentido común de los miembros del jurado al que ya aludiera el primer día del juicio, el fiscal llamó la atención sobre le hecho de que Miguel López se haya negado a declarar. «De acuerdo que es un derecho constitucional, pero quien calla otorga o tiene algo que ocultar. Y les pido, como representantes de una realidad media social que son, que apliquen la lógica de la calle, que no puede estar muy alejada de la lógica de los tribunales», dijo dirigiéndose al jurado. «Si la defensa ha optado por el silencio cuando sabe que puede acarrear consecuencias incriminatorias a su cliente es porque es peor el remedio que la enfermedad», apostilló.
Llegados a ese punto, el fiscal comenzó a enumerar las preguntas a las que tendría que haber respondido el acusado de no haber optado por callar. Como que por qué aquella tarde del 9 de diciembre de 2016 le dio las llaves del coche a su suegra cuando no se hablaba con ella. O por qué se lo entregó en el lavadero con la luz apagada cuando era la dueña del negocio y además dijo que tenía miedo de su carácter. O por qué no les dijo nada a las tres hijas de María del Carmen cuando le comunicaron que habían disparado a su madre. O por qué obvió que tras ser informado del suceso entró en su casa y que permaneció allí unos tres minutos antes de salir hacia Novocar, donde se perpetró el crimen.
Cuestiones que Llor fue lanzando sin que el acusado, sentado junto a su letrado, moviera un músculo. Ni en ese momento ni cuando el fiscal aseguró que «aunque todos los crímenes tienen sus riesgos, en este caso eran mínimos porque el sospechoso estaba en su ambiente, nadie le iba a preguntar qué hacía allí y sabía donde se encontraba cada uno de sus trabajadores. Algo que hubiera tenido más difícil de haberse perpetrado en Mercadona», apuntó en alusión a una conversación, intervenida al sospechoso tras el crimen, en la que se quejaba de que se hubiera cometido precisamente en su negocio cuando había otros lugares susceptibles de que su suegra hubiera sido abordada.
Sobre el móvil tampoco expresó dudas el acusador: el conflicto familiar por el control la empresa del plástico, Samar Internacional, «un clima de odio y animadversión que aún era peor en casa del acusado». Punto en el que enmarcó los mensajes de sus hijos como el «jaque mate» el mismo día del crimen por parte del mayor o los insultos a su abuela en el perfil del mediano de otra red social
El teniente fiscal, para quien la hipótesis del robo o del sicario por problemas que la empresa pudiera tener en Sudamérica, cuestiones ambas descartadas por la investigación, se caen por su propio peso, pidió al jurado que no deje impune «un crimen horrendo».
«El único en el mundo»
La misma firme convicción en la autoría del crimen por parte de Miguel López impregnó el informe que durante más de dos y media expuso con maestría Ruiz Marco en nombre de Vicente Sala, acusador particular en un proceso del que las otras tres hijas de la víctima se retiraron «porque no había caso», según coincidieron en afirmar las dos que testificaron.
Una visión radicalmente opuesta a la del letrado de su hermano, quien aseveró que «el acusado era la única persona de los 7.000 millones que hay el mundo que sabía que María del Carmen iba a ir esa tarde a recoger su coche. No lo sabía ni un posible ladrón ni un hipotético sicario. Lo sabía él, que fue además el último que la vio sana antes de ser encontrada tiroteada», expuso al jurado al que, en un caso de la complejidad del presente, instó a «diferenciar los hechos de las hipótesis».
Hechos que gráficamente resumió en un frase: «Quien metió el coche en el lavadero, apretó el gatillo». No sin antes recordar que ninguno de los trabajadores de Novocar movió el vehículo y llamar la atención sobre la total ausencia de huellas en el mismo. «Alguien que va a cometer un asesinato intenta no dejar rastro», concretó. Y fue más allá al hablar de «una coartada que está en la propia génesis del crimen. El sospechoso eligió Novocar porque, al ser su lugar del trabajo, no tenía que explicar qué hacía a 30 centímetros de la víctima. En cualquier otro sitio hubiera tenido hacerlo», concretó apuntalando lo expuesto por el fiscal.
El acusador calificó de falsedad el intento de la defensa de hacer creer que María del Carmen estaba usado el WhatsApp cuando ya había recibido los dos disparos, lo que el propio perito contratado por López acabó matizando, y desacreditó el estudio forense realizado sobre fotografías donde se afirmaba que la víctima murió casi el acto, contraviniendo la autopsia judicial, para situar al acusado lejos de Novocar cuando se efectuaron los disparos.
