Los directores de los colegios de toda la Comunidad, a través de su asociación ADIP-PV, así como el sindicato mayoritario del profesorado, STEPV, se han posicionado de forma rotunda en contra de la campaña denominada «pin parental», por la que la asociación HazteOír, con el respaldo de Vox, empieza a hacer llegar a los centros un modelo de solicitud destinado a los padres que exige autorización expresa de los mismos en el caso de que el centro realice cualquier tipo de formación al alumnado si tiene que ver con la sexualidad.

Este modelo de autorización, enviada de forma masiva a los centros, exige a los directores que informen a cada padre antes de llevar a cabo cualquier actividad, taller o charla «que afecte a cuestiones sociales moralmente controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad de mi hijo», tal y como recoge el citado modelo al que ha tenido acceso este diario.

«No vamos a permitir que ninguna entidad utilice la escuela para introducir la homofobia ni la vulneración del derecho a la educación integral del alumno», advierten los directores de colegios en un comunicado conjunto para hacer frente a la citada campaña.

«La escuela es garante de la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva del alumno. No tiene cabida, por tanto, ningún adoctrinamiento», sostienen los responsables de los centros de Infantil y Primaria.

Tachan por último de «inadmisibles» lo que califican como «ataques infundados contra los docentes», porque en el ejercicio de su labor con el alumnado «promueven el espíritu crítico y la igualdad de oportunidades, es decir, fomentan valores como el respeto y la tolerancia».

Los directores sostienen que la citada «campaña de odio», solo busca «promover falsamente una campaña de desprestigio de la educación pública», por lo que han decidido salir al paso.

«Acoso»

En parecidos términos se pronuncian desde el sindicato mayoritariamente del profesorado, STEPV, que respalda y suscribe a su vez un comunicado emitido a nivel nacional por la Plataforma por la Escuela Pública, integrada además por la confederación estatal de padres de alumnos de centros públicos y otras formaciones.

Se oponen al intento de «fiscalizar los proyectos educativos», consideran la campaña del «pin parental» una «intromisión y forma de censura» hacia la autonomía de los centros educativos, y advierten de que puede ir «contra la Constitución y los derechos de la infancia promoviendo un discurso de odio». El STEPV ha pedido reuniones tanto con los responsables educativos como con los grupos políticos, para tratar de poner freno a un «nuevo episodio de acoso al profesorado».

El conseller, Vicent Marzà, anuncia por su parte un « congreso internacional de educación y cultura contra el odio y la intolerancia, para superar los discursos del miedo y la confrontación que estamos escuchando, especialmente, desde hace unos meses», como ha declarado en clara referencia a los mensajes y argumentos que desde la última campaña electoral se difunden desde la extrema derecha.