Los temporales de lluvias que han caído sobre la cabecera del Tajo este otoño han posibilitado que la reserva de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía, punto de arranque del trasvase Tajo-Segura, hayan aumentado en 20 hm3 en los dos últimos meses -cuatro hectómetros cúbicos esta semana- y, en estos momentos, ambos pantanos almacenan 474 hm³, lo que permite un colchón de caudal trasvasable de 74 hm³. Y todo cuando la cabecera entra en el periodo del año en el que se ve beneficiada por lluvias y nieves, como lo demuestra el hecho de que en solo seis días hayan entrado cuatro hm³. Datos que refuerzan la petición de los regantes de la provincia para que el Gobierno reconsidere el cierre del trasvase para la agricultura.
La situación en estos momentos no es alarmante tras el nuevo episodio de lluvias, pero el alto grado de tecnificación de las explotaciones regadas con agua del Tajo en la provincia obliga a que el caudal llegue a presión, y esto solo es posible a través de la infraestructura del acueducto. De momento, sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica la única ficha que ha movido es la de cerrar el trasvase para la agricultura este mes de diciembre, teniendo pendiente de enviar 19,2 hm³ para regadío del pasado noviembre, cuando todavía mantenía abierto el acueducto.
Mientras, el Ministerio para la Transición Ecológica ultima la licitación del proyecto para interconectar las desaladoras de Torrevieja, Valdelentisco y Águilas entre ellas y con el canal del postrasvase Tajo-Segura en Ojós en 2021 y garantizar, según el Gobierno, el riego agrícola los 365 días del año. Regadío que, no obstante, será más caro al mezclar agua desalada a 0,60 euros/m3 con la del trasvase, a 0,12 euros/m3.
Una actuación que se anuncia como la gran obra del Gobierno en materia hídrica en esta legislatura en la que se invertirán 150 millones de euros y lograr, así, una mayor equidad en el reparto del agua desalada, que no tendrá que se utilizada exclusivamente por los regantes del trasvase. Eso sí, el agua desalada debe mezclarse con la de los ríos Tajo y Segura para no afectar a la calidad global del recurso pero sí al precio, según alerta Antonio Rico, director del Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante.
Para el Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, está claro que el futuro es el agua mezclada pero para mezclar el agua desalada debe haber también agua superficial del trasvase.
Mario Urrea, presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, será quien coordine la ejecución del proyecto. La previsión es que en seis meses esté aprobado y arranquen las obras con un plazo de ejecución hasta 2021. La desalación es un complemento y el objetivo es que los regantes tengan acceso a una combinación de aguas desaladas, del trasvase, residual depurada y del Segura.
Alicante se juega más de mil millones de euros al año que factura la producción hortofrutícola que depende del trasvase. El agua del Tajo es irrenunciable y, por lo tanto, no se puede sustituir, sin más, por la desalada, seis veces más cara, algo que tiene con la mosca tras la oreja a un sector importante de los regantes alicantinos. Ángel Urbina, presidente de la SAT San Enrique y portavoz de la comisión técnica del agua de la Diputación denuncia que «la hoja de ruta está clara. Siguen el guion de la ministra Narbona: agua desalada por la del trasvase. Ni tiene la calidad de la del Tajo ni la podemos pagar». La provincia exporta todos los meses a Europa, norte de África toneladas de frutas y verduras, cereales, azúcar, café, cacao, carne, lácteos, huevos, carne, semillas y frutos oleaginosos, piensos y hasta tabaco, imposibles de producir sin el agua del Tajo. La facturación mensual de la exportaciones oscila entre los 85 y los 90 millones de euros.
La falta de caudal de calidad, el gran lastre para el sector agrícola
La falta de La falta de agua de calidad, los bajos precios en el mercado y la ausencia de relevo generacional en muchas explotaciones agrícolas -el 70% de la agricultura alicantina se cimenta todavía en pequeños productores- ha provocado que la provincia de Alicante haya perdido 30.000 hectáreas en producción en los últimos 15 años, según los datos que manejan las organizaciones agrarias y el Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante. En una provincia con 200.000 hectáreas en producción, la cifra es significativa y la falta de agua en cantidad y calidad puede acabar con muchos cultivos, sobre todo los de menor rentabilidad en el mercado. El maíz y los cereales prácticamente han desaparecido desde que comenzó la crisis del agua y ahora mismo, la subida del precio del agua desalada amenaza cultivos como el brócoli, muy sensible a los precios.
En el campo de Elche, recuerda Ángel Urbina, presidente de la SAT San Enrique, la falta de agua por la sequía del periodo 1998/2002 se llevó por delante ciento y cientos de almendros y también se arrancaron cítricos, que finalmente fueron sustituidos por granados, más resistentes a la falta de agua.
