La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), uno de los tres colectivos en los que están agrupados estos profesionales, mostró ayer a través de un comunicado su «estupor» ante «las injustas noticias» publicadas sobre la actuación de Manuel Cerdán, su compañero en el tribunal del Jurado de Alicante en el caso Sala, publicó Europa Press. Los asociados a la UPSJ consideran que la actuación de los fiscales de Alicante al pedirle a su colega que aclarara qué había ocurrido con el primer veredicto de este proceso (de culpabilidad por siete votos a dos al que después sustituyó uno absolutorio por seis votos a tres) «no tiene precedentes». Según la nota, la Fiscalía ha «distorsionado» lo ocurrido con ese primer veredicto destruido y le ha reclamado «respeto institucional».

La asociación se ha pronunciado así acerca de la destrucción del primer dictamen emitido por el tribunal popular en el juicio a Miguel López por el asesinato de su suegra, María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala.

Los secretarios judiciales consideran que la decisión de destruir el dictamen que fue devuelto por la presidenta del tribunal, la magistrada Francisca Bru, al considerar que no estaba suficientemente motivado, se ajustó a lo que dicta la Ley: «Todo lo que no es veredicto es borrador, y la ley obliga a su destrucción para salvaguardar el secreto de las deliberaciones», aseguran.

Para los letrados de la Administración de Justicia agrupados en esta asociación, con la actuación de la Fiscalía «distorsionando lo que ha ocurrido en el juicio del caso Sala, se ha dañado la imagen de un compañero y de todo el colectivo, pero también la de la propia Justicia y con ello se daña a todos los ciudadanos».

Lamentan el «ataque mendaz» a un compañero «lesionando su credibilidad profesional y poniendo en duda públicamente la objetividad e imparcialidad de su actuación en este caso». Ante ello, defienden que la actuación de Cerdán ha seguido «escrupulosamente» lo establecido en la Ley del Jurado, que «sólo contempla la posibilidad de que exista un veredicto y que considera secretas las deliberaciones del jurado».

La UPSJ señala que el fiscal pudo pedir la unión de ese borrador y la presidenta «hubiera resuelto esta petición conforme a Derecho, en la vista de devolución del veredicto, pero no se pidió (...) Por esto mostramos nuestro más firme apoyo al compañero afectado que ha sido cuestionado de esta forma tan injusta», sostienen.

La asociación ha tachado la actuación de los fiscales de «gravísimo ataque a todo el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia» y al papel que desarrollan. «Hemos visto cómo la Fiscalía, lejos de ejercer las vías de recursos procesales que le corresponden, ha decidido «nada menos que requerir explicaciones» advirtiendo públicamente que en función de éstas se podrían incoar diligencias preliminares en la propia Fiscalía».

Los secretarios de Alicante tienen previsto celebrar mañana una junta extraordinaria para abordar este tema. El colectivo de Benidorm ha pedido otra.