El teniente fiscal José Llor, acusador publico en el proceso por el asesinato de María del Carmen Martínez, ha presentado un escrito en el que insta a la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia, donde ha sido recurrida la sentencia que absuelve del crimen al yerno de la víctima Miguel López, a que constate que el primer veredicto del jurado era condenatorio.
Llor ha incorporado esta adenda a la apelación ante el máximo órgano judicial de la Comunidad que consignó la pasada semana y en la que pide que se anule el juicio. Entre otros motivos, el fiscal esgrime la «parcialidad» de la presidenta del tribunal popular, la magistrada Francisca Bru, en las indicaciones que dio a los jurados cuando devolvió el primer veredicto alegando que no estaba lo suficientemente motivado.
Un dictamen de culpabilidad por siete votos a dos que tras treinta horas más de deliberaciones se tornó absolutorio por seis votos a tres y al que las partes no han tenido acceso. Tras ser reclamado por las acusaciones nada más concluir la vista oral, el letrado de la Administración de Justicia Manuel Cerdán respondió en un primer momento que no constaba unido a las actuaciones para agregar, tras pedirle más explicaciones la junta de coordinación de la Fiscalía, que se destruyó y que nadie solicitó incorporarlo al procedimiento.
El letrado judicial no aclaraba en su contestación, aunque así se lo reclamaba el Ministerio Público, si el primer veredicto era condenatorio. Ni eso ni certificaba el resultado de la votación alegando que se refería a algo «que no figura en las actuaciones» ni «existe resolución emitida por la autoridad competente que lo ordene».
«La autoridad competente»
En la adenda presentada ayer ante el Tribunal del jurado para que se remita a la Sala de lo Civil y de lo Penal (a quien corresponde resolver los recursos presentados tanto por la acusación pública como por la particular que en nombre del hijo mayor de la víctima ejerce el letrado Francisco Ruiz Marco), el fiscal precisa que aunque «desconoce a qué autoridad competente» se refiere el secretario judicial en su respuesta, «lo que no cabe duda es que sería, sin duda», esta sala del TSJ. Tribunal al que insta que «si considera necesario tener constancia del contenido del acta de votación del primer veredicto que fue devuelto al jurado, que a tenor de las informaciones de prensa publicadas y no desmentidas, era condenatorio, pida dicha certificación al letrado de la Administración de Justicia».
Cerdán aseguraba en su respuesta a los fiscales que dar publicidad al acta devuelta podría «vulnerar el derecho del acusado a un juicio justo con todas las garantías» así como «generar una responsabilidad penal por un delito de revelación de secretos» dato el carácter reservado de las deliberaciones. Por ello, aseguró que se procedió a su destrucción «conforme al protocolo habitual».
La junta de secretarios, hoy
El escrito del fiscal se notificó a las partes ayer, horas antes de que los secretarios judiciales celebren hoy una junta convocada la pasada semana para abordar los incidentes que han rodeado el proceso por el asesinato de la viuda de expresidente de la CAM Vicente Sala. La reunión está prevista para las 13.30 horas. Los letrados judiciales han mostrado su indignación por lo que ellos consideran «una amenaza» y «un ataque institucional a un compañero» por la decisión, ya ejecutada, de la junta de coordinación de la Fiscalía de pedir explicaciones a su colega y la advertencia de que, si éstas no eran convincentes, abrir unas diligencias de investigación, lo que no ha ocurrido. Estos profesionales, quienes entre otras funciones tienen la de dar fe pública, dirigir la oficina judicial y ordenar el proceso, quieren además que se concrete hasta dónde llega su responsabilidad en la custodia de documentos públicos.
Los fiscales El Estatuto faculta a pedir explicaciones
Los fiscales El Estatuto faculta a pedir explicaciones Frente al comunicado del la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), en el que acusan a la Fiscalía de «distorsionar» el caso Sala por «nada menos que pedir explicaciones» a su colega Manuel Cerdán sobre el primer veredicto que fue rechazado por la magistrada por falta de motivación, fuentes del Ministerio Fiscal señalan que su Estatuto faculta expresamente la petición de aclaraciones criticada por los integrantes de la UPSJ.
El artículo 4.1 recoge expresasamente que para el desarrollo de sus funciones los acusadores públicos podrán «interesar la notificación de cualquier resolución judicial y la información sobre el estado de los procedimientos, pudiendo pedir que se le dé vista de los mismos cualquiera que sea su estado, para velar por el exacto cumplimiento de las leyes, plazos y términos promoviendo, en su caso, las correcciones oportunas. Asimismo, podrá pedir información de los hechos que hubieran dado lugar a un procedimiento, de cualquier clase que sea, cuando existan motivos racionales para estimar que su conocimiento pueda ser competencia de un órgano distinto del que está actuando».
