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Los letrados judiciales respaldan a su colega del caso Sala sin entrar a analizar el proceso

La junta general del colectivo acuerda apoyar a Manuel Cerdán en su actuación «como fedatario público»

Secretarios judiciales ayer al término de la junta. A la derecha, en segundo plano, el marido de la magistrada Bru. Pilar Cortés

Una balsa de aceite tras la amenaza de fuerte marejada. Es lo que fue ayer la junta general de letrados de la Administración de Justicia de Alicante convocada la semana pasada en un clima de crispación por la petición de explicaciones a su colega del caso Sala, Manuel Cerdán, por parte de la Fiscalía. Una solicitud de aclaraciones motivada por la desaparición del primer veredicto del jurado y la advertencia de la Fiscalía de que, si sus argumentos no eran convincentes, se abrirían unas diligencias informativas, lo que no ha ocurrido.

El primer dictamen del tribunal popular condenaba por siete votos a dos a Miguel López por el asesinato de su suegra, María del Carmen Martínez. El veredicto fue rechazado por la magistrada Francisca Bru, presidenta del jurado, al considerar que no estaba debidamente motivado, en especial los contraindicios. Tras treinta horas de deliberaciones y la sustitución de una de los miembros del jurado por el primer suplente debido a un ataque de ansiedad, la voluntad de tribunal fue declarar no culpable a López por seis votos a tres.

Las partes nunca tuvieron acceso a ese primer veredicto, que fue reclamado por las acusaciones para verificar si realmente adolecía de motivación antes incluso de que la magistrada Bru llegara dictar la sentencia absolutoria. La única respuesta que obtuvieron del letrado judicial es que no constaba unido a las actuaciones. Una contestación que, tras pedirle explicaciones la junta de coordinación de la Fiscalía, Cerdán amplió señalando que se había destruido «conforme al protocolo habitual», que era «un simple borrador» y que nadie había pedido que se uniera al procedimiento. Afirmaciones que ayer ni se comentaron.

Los secretarios consideraron la petición de explicaciones como un «ataque institucional» a un compañero y de inmediato comenzaron a recoger firmas para que se convocara la junta que se celebró ayer con la asistencia de una nutrida representación del colectivo, donde no se encontraba Cerdán pero sí el marido de Bru, letrado judicial del departamento que instruyó el caso Sala.

Sin entrar a analizar los vaivenes judiciales que están sacudiendo el proceso por el crimen de la viuda de expresidente de la CAM Vicente Sala, lo que tienen prohibido al tratarse de un asunto que aún está activo, los letrados de la Administración de Justicia resumieron todo su malestar en una nota en la que el aludido «ataque institucional» ni se menciona.

«Autonomía e independencia»

Los asistentes acordaron «por unanimidad respaldar la actuación» de Cerdán «en el ejercicio de su función como fedatario público que legalmente tiene encomendada». El comunicado recoge que los letrados judiciales «actúan en plena autonomía e independencia y sin que puedan estar sujetos a instrucciones o injerencias de autoridad alguna».

Y añade, en relación a los fiscales aunque sin citarles, que «cualquier desacuerdo o discrepancia con las resoluciones dictadas (...) deben canalizarse a través de los recursos u otras formas de impugnación que prevean las leyes procesales en los plazos y con los requisitos que las mismas establezcan».

La sentencia que absuelve a Miguel López ha sido recurrida ante el Tribunal Superior por la acusación pública y la particular que en nombre del hijo de la víctima ejerce el abogado Francisco Ruiz Marco. Ambas reclaman que se anule el juicio y vuelva a juzgarse con un juez, un jurado y, concreta el fiscal, un secretario diferentes.

Aunque no lo recoge la nota oficial, la junta acordó crear un grupo de trabajo para analizar si tiene que modificarse el modo en que se relacionan profesionalmente los secretarios judiciales con los fiscales, especialmente en lo que compete al traslado de las actuaciones. Y, en un plano más amplio, abordar todo lo relativo a la custodia de documentos.

Entre los asistentes, no todos se mostraron de acuerdo con el comunicado emitido el lunes por uno de los colectivos en los que están asociados estos profesionales, la UPSJ, que acusa a la Fiscalía de «distorsionar el caso Sala» por «nada menos que pedir explicaciones» a Cerdán sobre la desaparición del veredicto rechazado.

Ausente: El letrado judicial del caso Sala prefiere no asistir a la reunión

El letrado de la Administración de Justicia del tribunal del caso Sala, Manuel Cerdán, (en una imagen tomada ayer en las inmediaciones de la Audiencia) prefirió no asistir a la junta general de su colectivo, pese a que fue convocada precisamente por las explicaciones que le había pedido la Fiscalía sobre la desaparición de primer veredicto del jurado y la advertencia de abrir unas diligencias informativas si no le convencían los argumentos, lo que no ha sucedido.

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