No fue necesario esperar a las doce campanadas. Dos horas y media antes de la media noche, la AP-7 dejó de cobrar por su uso a los conductores, que comprobaron como el único impedimento para surcar los peajes era la baliza luminosa habilitada por los operarios de Fomento con las que se indicaba a los ocupantes de los vehículos que debían reducir la velocidad a 30 kilómetros por hora para atravesar sin sobresaltos el área donde hasta hace uno minutos estaban las barreras bajadas. Con ello se pone fin a 48 años de cobro a los usuarios de la conocida como autopista del Mediterráneo.
Después de este casi medio siglo de pago para poder circular por ella, es el Ministerio de Fomento quien asume su mantenimiento. «En conservación vamos a invertir cerca de 21 millones de euros al año en la Comunidad Valenciana, y si incluimos Tarragona llegamos a los 30. El presupuesto para este fin crece un 30%, por lo que se eleva la dotación para conservar esta vía. Esto no ha ocurrido nunca en España, liberalizar una autopista, es la primera vez que esto ocurre y marca un hito importante y abre un nuevo futuro para las infraestructuras y para las vías de alta capacidad de España», destacó el ministro responsable José Luis Ábalos.
El ministro también aseguró que se ha recuperado a 177 trabajadores de la empresa concesionaria Abertis para la conservación de la autopista una vez liberalizada, de los 272 que tenía la compañía vinculados a estas tareas. Mientras se saca este nuevo concurso, las empresas adjudicatarias del contrato de emergencia se encargarán de la conservación, señalética y del desmontaje gradual de los peajes.
Adicionalmente, se ha licitado también la conservación y explotación de las 9 áreas de servicio existentes entre Tarragona y Alicante en la AP-7 a través de un contrato de concesión de servicios dividido en 9 lotes. La liberalización de la AP-7 dará como resultado la casi total eliminación de los peajes de una comunidad que hasta la fecha era la tercera en número de kilómetros de carreteras de pago.
El compromiso del Gobierno es que las concesiones cuyo plazo acabe en esta legislatura no se van a prorrogar ni a volver a licitar. La gestión de las infraestructuras pasará a corresponder directamente a la Administración General del Estado y no a concesionarias privadas.
La liberalización definitiva de los 374 kilómetros de la AP-7 entre Tarragona y Alicante significará que circular por la red de carreteras del Estado de la Comunidad será un 93 % más barato y supondrá un ahorro anual de 300 millones de euros para los usuarios.
Ábalos estuvo acompañado del president de la Generalitat, Ximo Puig, quien aseguró que la liberalización de la AP-7 supondrá un impulso de la movilidad y de la calidad de vida para toda la Comunitat Valenciana, y del conseller de Política Territorial, Arcadi España.
Puig señaló que el fin del peaje de la autopista del Mediterráneo «liberará recursos para las personas y, sobre todo, facilitará una movilidad, que debe ser la más razonable y cómoda para el conjunto de la ciudadanía».
«Muchas veces no se le presta la suficiente atención a la pérdida de tiempo y de calidad de vida que supone una mala movilidad», ha señalado el presidente del Consell, quien ha valorado que muchas personas que «no podían utilizar esta vía por razones económicas, podrán tener una movilidad mucho más acorde a la de la calidad de vida que deseamos».
