Prácticamente el 100% de la población alicantina respiró a lo largo de 2019 aire perjudicial para la salud, en mayor o menor medida, como consecuencia del ozono troposférico, un contaminante muy complejo, que se forma en la baja atmósfera en presencia de radiación solar por la combinación de otros contaminantes emitidos por el transporte, en especial los vehículos diésel, las grandes centrales termoeléctricas y determinadas actividades industriales, que se agrava por el alto grado de urbanización de la costa y el elevado tránsito marítimo y aeroportuario. Así lo revela el informe «La contaminación por ozono en el Estado español durante 2019», elaborado por Ecologistas en Acción en base a los datos recogidos en las once estaciones medidoras repartidas por la provincia.
Los principales municipios de la provincia diseñan medidas para intentar reducir la polución, entre las que destacan el cierre del centro de las ciudades al tráfico con una mayor peatonalización, aparcamientos disuasorios en el entorno para reducir las emisiones, fomento de los autobuses y taxis ecológicos, reducción de la velocidad en cada vez más calles y sensores de contaminación. Según Ecologistas en Acción, una de las zonas donde se registran superaciones más elevadas de los niveles que marca la Organización Mundial de la Salud es el entorno de la cementera de Alicante, a lo que se suman los elevados niveles de partículas PM10 (polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen) en el Puerto. Los ecologistas, que relacionan la repercusión del movimiento de graneles con aire nocivo en las áreas residenciales cercanas, reclamarán al Consell ante los tribunales la elaboración de planes de calidad del aire.
Bonificación
El Ayuntamiento de Alicante maneja una batería de medidas anticontaminación, que el alcalde, Luis Barcala, presentó en la Cumbre del Clima en Madrid. Entre ellas la incorporación de vehículos híbridos y eléctricos al transporte público; bonificaciones fiscales para fomentarlos también entre los vehículos privados con más áreas de recarga; sistemas fotovoltaicos para abastecer los colegios; y una red de cámaras para analizar los flujos de tráfico y reducir las emisiones de CO2.
El Ayuntamiento ha proyectado un eje peatonal para conectar Alfonso El Sabio con la Explanada retirando el tráfico de la avenida de la Constitución, la calle Bailén, el Portal de Elche y la calle Bilbao. El objetivo, abrir aún más la ciudad al mar, pasando de los actuales 14.100 metros cuadrados de vías sin tráfico en el centro a una superficie de casi 23.000 metros cuadrados libre de vehículos. Se trata de un proyecto de legislatura, es decir, a cuatro años, que ha superado el periodo de alegaciones, y que se presentará este mes de enero a los vecinos.
La decisión de peatonalizar vías que en total suman unos 8.600 metros cuadrados es una apuesta por los peatones en detrimento de los coches. «Es un proyecto que va a cambiar el modelo de ciudad, peatonalizando el centro y creando nuevas plataformas compartidas para conseguir que sea más sostenible», señala el concejal de Movilidad, el popular José Ramón González. El objetivo es «dar prioridad al peatón, con más zonas verdes, calmando el tráfico, mejorando la vida de los residentes, reactivando la actividad comercial y el espacio urbano, y potenciando el atractivo turístico». Otra medida anticontaminación es transformar Alicante en Ciudad 30 para calmar el tráfico y convertir los barrios en lugares más amables.
Esto supondrá limitar a 30 kilómetros por hora la velocidad en las calles con sentido único de circulación, que son el 80% del total, manteniendo los 50 kilómetros por hora en las de doble sentido, avenidas y grandes viarios.
Según el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Alicante, en la ciudad se producen 715.111 desplazamientos diarios, de ellos el 45% en transporte privado, el 41% a pie, el 12% en transporte público y solo un 2% en bicicleta. La creación de aparcamientos disuasorios en lugares estratégicos próximos al centro para dejar el coche privado y de dos grandes plataformas de recarga de coches eléctricos, una de ellas en la zona de playas, son otras medidas que se barajan.
Los planes para reducir la contaminación en Elche se iniciarán a mitad de año con la peatonalización de la Corredora, que eliminará el paso de unos 5.000 vehículos al día. El centro quedará cerrado al tráfico, a excepción de los vecinos, los vehículos de emergencia, servicios públicos y carga y descarga en los horarios que se definan.
Según el estudio de calidad del aire encargado por el Ayuntamiento, el entorno de la avenida Vicente Blasco Ibáñez y su cruce con la avenida de la Libertad son los lugares de mayor contaminación. Las causas, la alta afluencia de tráfico, la «disposición de las calles con edificios altos, lo que dificulta la limpieza del aire» y la acumulación de partículas nocivas, explica la edil de Movilidad, Esther Díez (Compromís). El Ayuntamiento está renovando la flota de autobuses urbanos. Tras los dos vehículos híbridos que dan servicio a la línea J (une el centro con el barrio de El Raval), «se prevé que para 2023 haya 20 vehículos de este tipo», es decir, más de la mitad de los autobuses del servicio de transporte público en la ciudad. Lo mismo ocurrirá con el servicio de taxis, donde la mitad de las 18 nuevas licencias que se otorgarán en los próximos meses se hará sobre vehículos de cero emisiones o etiqueta Eco. Dentro de dos años, todos los taxis que quieran renovar su licencia habrán de hacerlo con vehículos de cero emisiones o Eco.
Supermanzanas
En los próximo meses se pondrán en marcha las «supermanzanas», un concepto que supone «agrupar varias calles, dividirlas en una gran manzana y dejar las calles interiores para la circulación de peatones, mientras que los vehículos solo podrán circular por los perímetros de esta gran manzana», señala Díez. La primera «supermanzana» agrupará la calle Olegario Domarco Selle y adyacentes, en Carrús. Un barrio que, «por sus características y disposición, es ideal para aplicar este nuevo concepto, que surgió en Barcelona y se está extendiendo también por València».
El Plan de Movilidad intenta fomentar el abandono del coche, que se camine, los desplazamientos en bici en los nuevos carriles que pondrán en marcha y el uso del transporte público.
Benidorm ha aprobado varios planes de movilidad sostenible y urbana. Entre ellos, uno de transporte para intentar fomentar el uso de los medios públicos e incluso ha incluido vehículos eléctricos entre su flota y la de algunas contratas. El Ayuntamiento acaba de aprobar solicitar una ayuda a Europa (FEDER 2014-2020, Programa Operativo Plurirregional destinado a desarrollar propuestas que favorezcan una economía baja en carbono) para desarrollar un proyecto de control de accesos y regulación sostenible de aparcamientos. La medida cuenta con un presupuesto de cuatro millones en 4 años.
Las principales acciones son la implantación de sensores de contaminación, la generación de nuevas áreas de prioridad residencial con el control de accesos, establecer zonas de estacionamiento regulado, controlar los aparcamientos disuasorios e incluir una aplicación móvil de guiado a las plazas que estén libres para evitar que los conductores den vueltas y emitan más sustancias contaminantes a la atmósfera.
Benidorm prevé instalar más de 200 nuevos puntos de recarga eléctrica en los aparcamientos distribuidos por la ciudad que se sumarán a los que ya existen en las calles. El proyecto busca reducir los kilómetros recorridos en búsqueda de aparcamiento en la ciudad. «La intención es que los conductores no den tantas vueltas con el coche por Benidorm», señala el concejal de Tráfico, José Ramón González de Zárate (PP). La intención es «guiar el tráfico» para que los usuarios vayan directos a los aparcamientos y «utilicen menos el vehículo». Con estas actuaciones concretas se podrá lograr una reducción de un 6,6% en 2023 de las emisiones globales calculadas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).
El Ayuntamiento de Alcoy (PSOE) ha diseñado la peatonalización progresiva de tres zonas del centro y casco antiguo para reducir el tránsito de vehículos y reducir la contaminación, en un proyecto dentro los presupuestos participativos, con un coste de 18.000 euros. La primera fase se iniciará este año. Un estudio en profundidad sobre la contaminación en la ciudad establecerá otras medidas, que se unen a una mayor promoción del uso del transporte público entre los ciudadanos.
