Se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo se completan los procesos de adjudicación de los nuevos contratos en las administraciones públicas. Los precios ajustados en la fase de licitación, que se unen a contratos poco prolongados en el tiempo, junto a pliegos con errores en la redacción que son denunciados por empresas interesadas retrasan sistemáticamente la adjudicación de contratos que, en ocasiones, son clave para el funcionamiento de ayuntamientos. Este problema también se produce en contratos simbólicos, como el del primer tramo del paseo litoral de Alicante o el relativo a la explotación del restaurante del Parque Municipal, en el corazón del Palmeral de Elche.
En el caso de la capital alicantina, el contrato del paseo litoral encalló a finales de 2019, debido a que la oferta solo atrajo a una empresa, que además fue excluida del proceso al no acreditar la solvencia técnica por su falta de experiencia. El contrato tiene un presupuesto de licitación que supera el medio millón de euros y un plazo de ejecución de las obras de cuatro meses. Todavía no se sabe qué va a hacer el bipartito con esta «patata caliente», aunque las dos salidas más factibles son sacar de nuevo el contrato a licitación (con el mismo pliego o con otro más atractivo para las empresas) o convocar a un procedimiento negociado, invitando a tres empresas que, a priori, sí cumplan con las exigencias. Este proyecto, en su fase previa de redacción de los tramos que componen un paseo litoral de 21 kilómetros que prevé conectar los términos municipales de Alicante y Elche, ya sumó retrasos previos, uno derivado de un recurso de un colegio profesional contra el pliego y después por el presentado por una empresa licitadora por haber sido excluida del proceso. A esos dos traspiés, se suma que el primer tramo que se ha sacado a licitación se encuentra ahora en «stand by», esperando la solución que proponga el gobierno municipal de Luis Barcala.
Desde Contratación, el concejal Manuel Villar (PP) admite que uno de los motivos que propicia que procesos queden desiertos es «la cuantía económica poco atractiva», que se suma a otras cuestiones como «la especialización del contrato y la falta de empresas interesadas». También destaca la «imposibilidad de las empresas que licitan a acreditar la solvencia técnica, como ha ocurrido con la del primer tramo del paseo litoral, que no había desarrollado nunca obras en zonas de dominio marítimo terrestre ni relacionadas con Costas». Respecto a las posibles soluciones para no dilatar excesivamente el proceso de contratación, Villar apunta a «revisar las cuantías económicas y ampliar cuando se pueda los años de concesión, que es lo que se prevé hacer con el contrato de las luces de las celebraciones festivas, para que resulten más atractivos».
Y es que los contratos de las luces de Navidad han sido también objeto de continuos problemas en los últimos años en la ciudad de Alicante. De hecho, el proceso se quedó desierto en dos años durante el gobierno del tripartito (2016 y 2017), mientras que en 2019 solo se presentó una oferta.
También quedó desierto el pasado año la organización del Carnaval adulto, al excluirse a las tres empresas licitadoras por no cumplir con las bases. Finalmente, la fiesta ya tiene empresa tras activarse un proceso negociado desde el Ayuntamiento, que a su vez se vio obligado el pasado 2019 a volver a sacar a licitación el servicio de mantenimiento de las zonas verdes (que partía con un precio de unos 22 millones de euros y una duración de tres ejercicios), que lleva año y medio prestándose fuera de contrato. Lo hizo después de paralizar el primer intento por errores en el pliego de condiciones denunciados por una asociación que agrupa a empresas del sector.
En el aire se encuentra otro contrato clave para el ejecutivo local: el contrato para la redacción del Plan Local de Residuos de Alicante, que cuenta con un presupuesto inicial de unos 157.000 euros. Y todo por un recurso presentado por otro colegio profesional, que está a la espera definitiva del Tribunal Central de Recursos Contractuales (TACRC), que depende del Ministerio de Hacienda.
Situaciones varias
La situación de retrasos en la adjudicación de contratos se da por toda la geografía. También en Elche, donde el pasado año quedó desierto un importante contrato: la explotación del restaurante del Parque Municipal, en pleno Palmeral. Ninguna empresa presentó su oferta para hacerse con la concesión por más de 1,2 millones de euros para los próximos 25 años.
El emblemático establecimiento lleva dos años cerrado y se ha convertido en un quebradero de cabeza para el gobierno liderado por el socialista Carlos González, que ha intentado encontrar solución a este problema con el envío de más de un centenar de cartas a empresarios y asociaciones hosteleras, sin éxito. El área de Contratación está elaborando un nuevo pliego para intentar hacerlo más «atractivo», ajustando más el canon al precio del mercado y planteando nuevas formas de explotación. La reconstrucción de la Casa de las Palomas en el Parque Empresarial de Elche también se quedó desierta hasta en dos ocasiones en 2019 por unos 300.000 euros.
Otro importante servicio de Elche que se está prestando fuera de contrato es relativo a la limpieza y recogida de basura por el retraso en la licitación, cuya tramitación se paralizó por un recurso ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales. El pasado 31 de diciembre venció el actual y el gobierno decidió hacer una prórroga del máximo legal de nueve meses, el límite que le permite la ley de contratos. El ejecutivo municipal ha decidido, de este modo, curarse en salud, hasta que adjudique el nuevo contrato, que se encuentra en plena licitación, el más caro del Ayuntamiento hasta ahora: 327,4 millones para la próxima década.
De igual forma, paralizado ha quedado el contrato de limpieza de edificios municipales y colegios de San Vicente. De nuevo, porque dos empresas han denunciado el pliego de condiciones elaborado por el Ayuntamiento, que ha firmado la tercera prórroga después de haber agotado los tiempos de contrato habituales.
En El Campello, la piscina cubierta que se empezó a construir ya hace diez años permanece cerrada porque el pasado verano quedó desierto el concurso para licitar su gestión. Y no ha sido por falta de ofertas, ya que concurrieron cuatro empresas, sino por el recurso de dos de estas mercantiles, que llevaron el caso ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, que dictaminó que la firma que el Ayuntamiento proponía como adjudicataria incumplía el pliego de condiciones. Así, esta infraestructura que ha costado cinco millones de euros sigue sin inaugurarse pese a estar terminada desde hace más de tres años. El tripartito formado por PP, Cs y Vox tramita un nuevo concurso tras el fracaso del impulsado por el anterior ejecutivo de izquierdas.
En Benidorm, también quedaron dos contratos desiertos el pasado año. Uno patrimonial para la compra de un local para la zona Edusi y otro de suministro para dar apoyo a la plataforma de contratación electrónica.
En Alcoy, el proyecto para la rehabilitación de los antiguos chalés de la Font Roja quedó desierto el año pasado al renunciar tanto la empresa adjudicataria como el resto de firmas que se habían presentado. El concurso fue convocado por el Ayuntamiento, que ha aprovechado la circunstancia para replantearse la iniciativa y apostar ahora por la creación de un albergue. La actuación, de momento, no ha vuelto a ser licitada.
