La segunda jornada de la comisión de limpieza de centros escolares y dependencias municipales del Ayuntamiento de Alicante ha permitido conocer el testimonio del responsable del contrato durante su primer año, en concreto estuvo en el cargo entre abril de 2018 y abril de 2019, cuando fue cesado sin previo aviso y cuando, según su relato, se estaba ejerciendo la máxima presión sobre la empresa para que se cumpliera el contrato. Ha sido la única comparecencia del día (que se ha prolongado unas dos horas y media), ya que los dos siguiente responsables del contrato no han intervenido esta mañana (uno por encontrarse de baja y otro por tenerse que marchar por cuestiones personales). Tampoco ha asistido el jefe de servicio, que ha alegado una reunión de la Mancomunidad de l'Alacantí para no asistir. Los tres técnicos, junto a los inspectores, serán citados en las próximas sesiones, a las que también se prevé convocar a los concejales que han intervenido en el contrato, como los socialistas Fernando Marcos y Gloria Vara (que deberá explicar el cese verbal de este mismo funcionario que no se llevó a oficializar a principios de 2018 en una reunión a la que le citó en el despacho del entonces alcalde, Gabriel Echávarri) y el popular Israel Cortés, entre otros.

En su intervención, el primer responsable del contrato ha admitido que durante su año se detectaron irregularidades en la prestación de un contrato que está en manos de la UTE formada por Clece y Fissa. Y no sólo eso, sino que ha señalado a la adjudicataria: "La UTE ha entorpecido la labor de control. Mi labor fue intentar darle legalidad a una situación irregular. Las empresas hacen lo que quieren y si se les permite, pues más. El primer incumplimiento de la UTE, y el más grave para mí, es que no proporcionan mecanismos para controlar las horas trabajadas, y eso lo contempla el pleno y la propia oferta de la UTE". Entre las principales irregularidades detectadas, el técnico ha señalado a la horas que no se prestaron durante el primer año, que ha cifrado en unas 62.000 horas. De hecho, ha admitido que llegó a realizar un informe, que no pudo tramitar al ser previamente cesado, para que la empresa compensara ese trabajo pendiente. El técnico pretendía que la empresa contratase a 62 peones, con contratos de 25 horas durante 40 semanas.

El técnico también ha puesto el foco en la redacción del pliego, que considera deficiente. "No contemplaba fórmulas para cuantificar los descuentos. Así, no tenía armas para poder realizar descuentos mensuales a la empresa", ha señalado el funcionario, quien ha explicado que informó de sus informes a sus superiores: "Yo hablaba con mi concejal [Israel Cortés] y con el jefe de servicio y les llegué a presentar un escrito para ver qué descuentos aplicar. El pliego no tiene fórmulas claras para aplicar descuentos [por irregularidades en la prestación del servicio], pero sí existe otra fórmula que compete a la junta de gobierno local". En su comparecencia, el técnico ha subrayado que las quejas por el deficiente servicio le llegaban de los inspectores municipales, pero también de conserjes de los colegios, de directores de los centros y del propio consejo escolar.

El técnico ha subrayado que el Ayuntamiento aún está a tiempo de aplicar descuentos en las certificaciones mensuales y también de imponer sanciones a la adjudicataria de un contrato que expira en unos días. Además, ha subrayado que el pliego era insuficiente económicamente hablando,que él llegó a pesar a no se presentaría ninguna empresa. Sin embargo, hubo siete licitadoras y la adjudicataria, además, hizo una oferta un millón de euros inferior al precio de licitación, de 15,2 a 14,2 millones de euros por año.